Nepotismo cambiemita: "Reducen los propios cargos que crearon" Ana Castellani

Opinión 29 de enero de 2018 Por
Ante los anuncios del Presidente Macri la socióloga Ana Castellani reflexiona sobre esta iniciativa. ¿Austeridad o legitimación de un nuevo modelo de Estado?
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Ana Castellani, Socióloga. Investigadora del CONICET/Profesora del IDAES-UNSAM y de la UBA

Por Ana Castellani

El Presidente Mauricio Macri anunció esta mañana un conjunto de medidas relacionadas con la configuración de la estructura jerárquica del Poder Ejecutivo Nacional en un supuesto gesto de austeridad que debería fungir como ejemplo para el resto de los poderes del Estado y de las administraciones públicas del país.

Macri busca recuperar la iniciativa de Gobierno: reducirá planta política, congelará salarios e impedirá el nepotismo

Básicamente, se trata de tres anuncios: a) la reducción cercana a un 25% de los cargos políticos (unos 1000 puestos aproximadamente), b) el congelamiento salarial para esos cargos durante 2018, y c) la promulgación de un decreto que prohíba ocupar cargos públicos en la Administración Pública Nacional y otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo, a los familiares de los ministros. Las dos primeras medidas apuntan a reducir unos 1500 millones de pesos el gasto público de este año, lo que equivale a un magro 0, 03% del gasto total presupuestado. La tercera, a poner límites al nepotismo dentro de la estructura estatal.

Vale la pena detenerse un minuto en el primero de estos anuncios para analizar mejor sus implicancias. Cuando llegó a la Presidencia, Macri elevó de 16 a 20 el número de ministerios (básicamente como resultado de la fragmentación del área de gestión económica del gabinete) y se incrementó el promedio de secretarías, de 4 a 6, y de subsecretarías, de 6 a 10. Sumando la Jefatura de Gabinete, se registran unos 351 cargos jerárquicos totales en la primera configuración del gabinete nacional de Cambiemos, con carteras llamativamente muy abultadas como la de Agroindustria (con 26 altos puestos designados por la gestión Buryaile), la de Producción (con 23 cargos) o la propia Jefatura de Gabinete (con 23 altos funcionarios) tal como se desprende del 1° Informe del Observatorio de las Elites Argentinas del IDAES-UNSAM que publicamos hace un año atrás (Canelo, P. y A Castellani, Perfil Sociológico del Gabinete Inicial de Mauricio Macri http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/observatorio-elites-argentinas/informeN1.pdf

Es decir, que lo que ahora se propone como un gesto de austeridad es en realidad la marcha atrás en el incremento generado por la propia decisión del gobierno nacional apenas asumió. Reducen los propios cargos que crearon. Y esta vez no se presenta como el reconocimiento de “un error” sino más bien como una “herencia recibida”, una “estructura enmarañada que obstaculiza la toma de decisiones” y que el gobierno se propone deshacer.

Entonces ¿qué hay detrás de estos anuncios? Parece que más que un ahorro fiscal, lo que se busca es la legitimación social de un proceso de reestructuración cuanti y cualitativa del Estado Nacional. Poder justificar el despido de empleados públicos dando primero la señal de ajuste en la “tropa propia”, engordada deliberadamente al inicio de la gestión. Precisamente es uno de los nuevos ministerios, el de Modernización, el encargado de llevarla adelante. El ministro Andrés Ibarra, un hombre que acompaña al Presidente desde sus tiempos como gerente en SOCMA y que ya se ocupó de hacer lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires cuando Macri era Jefe de Gobierno, está trabajando desde el día uno, codo a codo con la triada que comanda la Jefatura de Gabinete (Peña-Quintana-Lopetegui), en la definición de la dotación “óptima” de empleados para cada repartición pública nacional. Son famosas las anécdotas sobre la fórmula racionalizadora y las planillas de cálculo que bajan desde el Ministerio a cada repartición y ente nacional.

Pero la pregunta de fondo es ¿óptima para qué? Óptima para el Estado subsidiario con el que sueña el gobierno, con escasa capacidad de regular, controlar, producir bienes y servicios públicos de calidad. Un Estado que “marque la cancha” y “corte el césped” para que los grandes inversores puedan “jugar” sin grandes sobresaltos.

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