Diez años después de la 125

Opinión 23 de julio de 2018 Por
Nota de opinión de Sergio Woyecheszen economista del bloque de de Diputados de la Nación FPV-PJ
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Esta semana se cumplieron diez años del voto ¨no positivo¨ de Julio Cobos al proyecto de retenciones móviles. El aniversario coincide con un renovado interés en torno al tema que oculta en la cuestión fiscal el verdadero debate, que es de economía política, y está mal planteado. Mejor volvamos a empezar.

Por un lado, no hay un “campo”. La actividad se encuentra articulada en torno a una maraña de actores que incluye no solo a terratenientes, chacareros y productores –de distintos tamaños– sino también pools de siembra, contratistas, centros de servicios y empresas proveedoras de insumos y servicios. Muchas explotaciones agropecuarias tienen incorporadas etapas industriales de variada intensidad, que les permiten acelerar –junto a los servicios de base– los procesos de innovación e incorporación tecnológica.

Por otro hay otras aristas que considerar. La primera es la sostenibilidad misma de este proceso: la principal restricción al crecimiento económico en Argentina no es fiscal, sino externa. El empuje por demanda, necesario para el aumento de la inversión y la productividad, termina por chocar con una estructura productiva que no logra generar ni retener los dólares suficientes como para evitar en determinado momento las crisis de balance de pagos.

¿Qué hizo el oficialismo? Apostó por un modelo de apertura, desregulación y endeudamiento acelerado que más que duplicó la necesidad de divisas en la economía, poniendo en jaque no solo la sostenibilidad externa sino incluso la fiscal. En esta estrategia de política que limita notablemente las posibilidades de desarrollo, resalta el rol de la reducción progresiva de retenciones a la soja y la eliminación de cualquier tipo de plazo para liquidar exportaciones. Esta combinación absurda vació de dólares la plaza doméstica e incrementó al mismo tiempo el déficit fiscal.

En conjunto con las medidas de apertura y endeudamiento acelerado ya mencionadas, el nuevo esquema de retenciones/liquidación está en la raíz de la corrida cambiaria y la devaluación más intensa del  mundo en lo que va del 2018, la que perjudicó tanto a la población en su conjunto, a través de sus conocidas consecuencias inflacionarias, como a los pequeños productores agropecuarios con estructuras de costos dolarizadas, quienes afrontan deudas crecientes sin líneas de créditos razonables para su refinanciación.

La segunda es la cuestión productiva, que llegado este punto debiera quedar claro que conforma la madre de todas las batallas. Perduran enormes diferencias de productividad intra e inter sectores (y también otras de carácter geográfico), así como fuertes desbalances de poder hacia dentro de numerosas cadenas de valor. Nada de esto fue tenido  en cuenta como eje central de la nueva estrategia de retenciones a las exportaciones. Esta se concentró principalmente en recomponer los niveles de renta de ciertos grupos más concentrados, en desmedro de la rentabilidad de las economías regionales, a la vez afectadas negativamente por la eliminación de ciertas retenciones a sus principales insumos productivos, y los pequeños eslabones de la cadena productiva agropecuaria, por el descontrol cambiario que afecta directa y anticipadamente a sus costos y sólo luego a sus ingresos.  

El primer balance es que se generó una superficial, falsa y nociva antinomia entre retenciones sí o retenciones no, cuando la teoría económica, la evidencia empírica internacional (con más de 90 países aplicando retenciones) y los propios acontecimientos vividos en nuestro  país indican que el camino más apropiado consiste en consensuar un esquema superador dónde se tenga en cuenta la heterogeneidad existente en las estructuras de costos, nivel de competitividad internacional por tipos de productos, tamaño y ubicación geográfica del establecimiento productivo, etc. Este consenso, tiene que estar impulsado y gestionado por aquellos segmentos mayoritarios y habitualmente más postergados por la política agropecuaria y tener como eje central un objetivo más amplio que las tradicionales políticas de industrialización anteriormente implementadas.

El esquema de retenciones superador a consensuar debe también utilizarse para financiar directamente al propio desarrollo del sector, premiando la agregación de valor y un mayor equilibrio, regional y social. Ojalá se esté a la altura.

Fuente: Pagina 12

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