Ahora el Gobierno embiste a los trabajadores del INTI, les descuentan 40% del salario de Febrero

Gobierno 06 de marzo de 2018 Por
El Gobierno depositó tarde los salarios de los trabajadores del INTI con un 40% de descuento por la medida de fuerza que tomaron, hayan hecho paro o no. En la industria hay preocupación por el conflicto.
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Gobierno vs INTI

11 días son los que descontó el Gobierno a los trabajadores del INTI que preside Javier Ibañez, hayan hecho paro o no. La medida cayó muy mal hacia adentro del colectivo que nuclea 3000 trabajadores en todo el país.

El descuento del 40% sobre el salario según informan desde los trabajadores no solo tensó la relación con la presidencia del Instituto sino que provocó escraches internos a los gerentes, que les dieron "asueto" ante esta situación y que describe el desmadre causado por Javier Ibañez desde hace mas de 30 días.

La "embestida" se dió en respuesta a la caravana que realizaron los trabajadores desde la sede del INTI en Av General Paz hasta la sede de Alem en el microcentro porteño. A posteriori el día sábado desde la Presidencia impidieron que se utilice las instalaciones para hacer una feria abierta a la sociedad en el marco del plan de lucha de los trabajadores.

Un ajuste que preocupa a la Industria

Según pudo saber este medio Javier Ibañez expuso esta semana ante el Comité ejecutivo de la UIA los objetivos que proponen para el INTI.

La entidad fabril que mantiene silencio sobre el conflicto con los trabajadores en el INTI y el intento de privatizacion a manos de TECNALIA estuvo ocupada los últimos días en una rencilla con el Ministro de la Producción Francisco Cabrera que los tildó de "llorones".

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El ajuste en el Estado empezó a generar problemas en el sector privado. Por la parálisis del INTI, que hoy cumple 40 días de conflicto y se profundizará con acampes en los 52 centros del país, empresas de los rubros más diversos ya registran demoras para obtener certificados necesarios para comercializar productos, importar insumos del exterior y garantizar la seguridad de los mismos.

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Según un relevamiento que hizo Clarín entre empresas y cámaras privadas, los problemas de funcionamiento del organismo que comenzaron con el despido de 258 empleados el 26 de enero pasado afectan la autorización de automóviles, piezas metalúrgicas y textiles, así como los controles de calidad de pilas, quesos y sachet de leche, entre otros casos.

En la industria automotriz, hace cinco semanas que está demorada la aprobación de al menos 35 expedientes de las Licencias de Configuración de Modelo (LCM), que deben obtener autos, motos y camiones para ser comercializados y circular en la vía pública. "Sin el trámite no podés homologarlos, son miles de vehículos por cada licencia y las demoras generan atrasos para presentar nuevos modelos", advirtieron fuentes de las terminales.

El lunes fue desplazado el gerente de LCM, Jorge Schneebeli, con 25 años de antigüedad, que será reemplazado por Leonardo César Abraham, uno de los 67 asesores designados sin concursopor el presidente del organismo, Javier Ibáñez, y que figura con un sueldo de $ 53.760 en la lista difundida hace una semana por el periodista Jorge Lanata. Ibañez fue consultado por este medio, pero aseguró que la información la canaliza el Ministerio de Producción.

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En tanto, el rubro textil también se ve afectado por los despidos y está a la espera de un contacto con las autoridades. En la industria láctea, algunas empresas importantes están molestas por la interrupción de la Red de Laboratorios Lácteos (Redelac) que asegura la calidad de los análisis que hace la industria, previo a liquidar el pago a tambos, y que estaría siendo certificado por INTI, el laboratorio de referencia.

Antecedentes

El conflicto, que escaló con el asueto dictado por las autoridades el 29 de enero y el paro gremial iniciado el 14 de febrero, se coló hace dos semanas en la última reunión del comité ejecutivo de la UIA. "Hay preocupación porque se nota menos capacidad de trabajo y esto lesiona la capacidad de controlar y ensayar productos importados con el criterio de cuidar de la soberanía nacional", dijo a Clarín un miembro del comité.


En una carta reservada del 20 de febrero a la que accedió este medio, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) reclamó al ministro de Producción, Francisco Cabrera, por la "virtual paralización" del instituto que afecta a las empresas de la cámara "por no contar con las certificaciones necesarias par comercializar productos", y que impacta en la operatoria de comercio exterior, "hecho que de prolongarse podría generar faltantes de insumos y productos".

La entidad además pidió "extremar los esfuerzos para evitar la delegación y/o suspensión" de servicios, y pidió que se retomen las actividades, sin modificar las competencias del instituto. Algunos industriales ven con inquietud el avance en el organismo de la agencia vasca Tecnalia, a la que el INTI le pagó en enero 295.000 euros por un plan para colaborar con compañías extranjeras y otros países, en medio de la negociación del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea.

Reestructuración

El Gobierno inició el 26 de enero un ajuste en el INTI por considerar que estaba sobredimensionado y había ausentismo. El ente pasó de tener 1.500 empleados en 2005 a 3.100 hasta antes de los despidos, en paralelo a la expansión de sus actividades: hoy cuenta con un centro regional por provincia, donde trabajan 1.000 personas, y 28 centros por rubro productivo en el parque tecnológico de San Martín, que concentra el resto de la plantilla y atiende a miles de empresas.

Para reducir el impacto de las protestas, el INTI "buscó soluciones" en centros del interior y universidades públicas nacionales, que trabajan con la institución, según indicaron a Clarín fuentes del Ministerio de Producción. Ese es el caso de la calibración de desfibriladores que utilizan hospitales públicos, empresas y sanatorios privados; el control de surtidores de nafta, radares, alcoholímetros y pilas; y los ensayos de sustancias tóxicas en juguetes, mamaderas, chupetes y del agua.


Trabajadores del INTI nucleados en ATE realizan una caravana contra los despidos, el 2 de marzo. Foto Diego Diaz
Pero tanto técnicos del organismo como empresas son escépticos. Por empezar, el centro que atiende a los clientes en el 4724-6200 se encuentra de paro, tras ser despedidos siete de sus 14 empleados. Tampoco es fácil reemplazar de un día para el otro la experiencia y la credibilidad del organismo, cuyo personal desde hace años controla por ejemplo que los surtidores de nafta no mientan a los clientes, y garantizan la imparcialidad de los resultados.

En el caso de los desfibriladores, hay empresas que verifican que esos instrumentos destinados a tratar los paros cardiorespiratorios tengan la carga de energía adecuada. Pero el INTI es el único que posee por ley los patrones nacionales de mediciones y una cadena de trazabilidad. "Las empresas dan un servicio restringido porque no calibran todas las funciones. Si aseguran la trazabilidad, es de riesgo", dijo Luciano Domínguez Pose, uno de los ingenieros electrónicos despedidos del INTI, cuyo grupo es responsable del diseño del sistema de calibraciones y de su actualización.

En tanto, los importadores se quejan por los containers varados en aduana o que están por llegar sin poder iniciar los procesos previstos. Aunque no todos operan con el ente estatal, aseguran que hay demoras en los ensayos de calzado, juguetes, madera y pilas, que deben ser aprobados antes de su ingreso. "Hay socios afectados por el problema del INTI", admitieron en la Cámara de Importadores (CIRA). 


Micaela Rivero, con 10 años en el organismo, y otros dos empleados eran los encargados de certificar pilas, baterías y los productos que llevan esos artículos. Sin embargo, tras ser cesanteada su unidad, cientos de trámites quedaron trabados desde hace un mes, lo que provocó enojo en multinacionales y grandes empresas.

El INTI certifica los productos y las baterías que comercializan Sony, Walmart, Energizer y Fibro (la juguetera de Cebra), entre otras. La situación impactó en Garbarino, que tiene importaciones frenadas y trámites demorados por la falta de permisos para las pilas, según informaron a este medio fuentes de la empresa.

En cuanto a los plásticos, desde hace rato el INTI terceriza el control de su aptitud sanitaria en laboratorios privados capacitados por el ente, como Lenor. Entre los elementos que pueden afectar la salud, están los ftalatos, aditivos que se agregan a juguetes de PVC. La certificación de envases de alimentos (botellas, vasos, sachet), en cambio, es exclusiva por ahora del área Plástico del organismo, que está de paro.

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