Tarifazo pyme: Un 96% de los empresarios nacionales consideran que las tarifas son abusivas o desproporcionadas

Informes y encuestas 01 de mayo de 2018 Por
9 de cada 10 pymes considera abusivas o desproporcionadas las tarifas de los servicios regulados. La información surge de la encuesta que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales - ENAC -
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La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), como resultado del informe del primer trimestre del 2018. En dicha oportunidad se relevaron 276 emprendimientos principalmente de la región AMBA (77,8% del total).

La Encuesta de Expectativas Económicas tiene como objetivo determinar variables cualitativas y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente del mercado interno (profesionales, cooperativas, empresas recuperadas, pequeñas, medianas y grandes empresas) además de conocer la expectativas de los empresarios nacionales al respecto de la marcha de la economía real de la Argentina.

Durante el primer trimestre del 2018 las empresas comenzaron a recibir el aumento tarifario regulado por el Ministerio de Energía tanto de los servicios de gas, luz y electricidad como el de combustible.

Consultados sobre la capacidad de pago de las tarifas un 52% de las empresas afirma que aún puede afrontar las mismas mientras que un 48% indica distintos niveles de dificultad al respecto.

Atentado a la competitividad

En cuanto al nivel vigente tarifario, indistintamente si tienen o no capacidad de afrontar las facturas, un 96% considera que las mismas son abusivas o desproporcionadas.

La política tarifaria del Ministerio de Energía claramente atenta deliberadamente contra la competitividad en particular, pero no exclusivamente, del sector industrial pyme.

Si a esto sumamos la política de apertura indiscriminada de las importaciones estamos frente a una presión hacia el sector empresarial para aumentar los precios de los bienes y servicios ó para reducir las nóminas de trabajadores.

Según comentó a InfoGEI un vocero de la entidad empresaria, la (ENAC) solicitó al Congreso de la Nación que declare la "Emergencia Tarifaria" a fin de retrotraer las tarifas a valores del 2017.

Por último, la fuente consultada reflexionó: “No consideramos que desfinanciar a los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial o municipal, quitando el IVA solucione la cuestión de fondo que es la fijación discrecional de la política tarifaria por parte del "ex" CEO de SHELL Juan José Aranguren”.

Tercer intento en el Congreso para frenar el tarifazo

La intransigencia del Poder Ejecutivo de no dar marcha atrás con el tarifazo en los servicios públicos esenciales complicó la estrategia legislativa de Cambiemos en el Congreso. La alianza oficialista ya no pudo evitar el debate en la Cámara de Diputados y se vio obligada a convocar a la Comisión de Presupuesto para tratar el dictamen que el grueso del arco opositor consiguió el martes y que busca retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, mantener su estabilidad por un año y atar los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para pymes, cooperativas y empresas recuperadas. La oposición intentará el miércoles próximo aprobar un dictamen de mayoría en Presupuesto, donde el oficialismo admite dificultades para frenarlo y menos aun en el recinto. Un proyecto similar fue presentado por el interbloque Argentina Federal en el Senado, por lo que la idea del veto presidencial a una ley que detenga el tarifazo comienza a delinearse en el horizonte.

Como parte de un incipiente acuerdo legislativo y político, el interbloque de diputados de Argentina Federal –alineado con un grupo de gobernadores peronistas– y el Frente Renovador redactaron el proyecto común contra el tarifazo que consiguió el dictamen en las comisiones que presiden sus propios legisladores.

El Frente para la Victoria (FpV-PJ), que tiene un proyecto propio y más duro contra la política tarifaria del Gobierno, decidió acompañar con disidencias la iniciativa del tándem AF-FR para no romper el frente opositor mientras negocia otras incorporaciones al texto. El mismo camino siguieron el Movimiento Evita, bancadas provinciales y monobloques.          

La estrategia que se había trazado el oficialismo fue no girar ninguna de las múltiples iniciativas opositoras sobre tarifas a la Comisión de Energía, que preside el kirchnerista Darío Martínez, para que no avanzaran. Y anclar el freno de cualquiera de ellas en la Comisión de Presupuesto, que encabeza el macrista Luciano Laspina.

La insistencia opositora contra el tarifazo –aun en la diversidad política– terminó por doblegar la resistencia de Cambiemos, que se comprometió a convocar a la Comisión de Presupuesto en la sesión de esta semana y que Laspina formalizó ayer: la cita será el miércoles próximo.

Cambiemos tiene en la numerosa comisión 32 diputados propios, pero la oposición en conjunto suma 36. Con nada para ofrecer como moneda de cambio, en el oficialismo reconocen la dificultad para evitar que el proyecto opositor llegue al recinto de la Cámara baja. La propuesta oficial de pagar el gas en cuotas y con intereses, más la decisión de proclamar que las provincias y municipios carguen con el costo fiscal de resignar recursos para morigerar el impacto en las boletas de luz, gas y agua, terminó por abroquelar al grueso del arco opositor.

La oposición está convencida de que puede alcanzar el miércoles el dictamen, con lo que convocaría rápidamente a una sesión especial para su tratamiento. Ya demostró que puede alcanzar el quórum (logró sentar 137 diputados propios el miércoles) e imponer el proyecto contra el tarifazo en una votación de mayoría simple (si logra el dictamen). Ya no precisaría los dos tercios con que el oficialismo bloqueaba el tratamiento.

Si la oposición logra la media sanción en Diputados, el Senado podría convertir en ley el proyecto contra el tarifazo. El bloque de senadores de AF que encabeza Miguel Pichetto presentó un proyecto similar al de sus pares de Diputados y al que también se sumarían otros senadores de la oposición. En Cambiemos coinciden en la apreciación de no dilatar más el debate sobre un tema que no pueden esquivar y que frena la agenda oficialista en el Congreso. Con la posibilidad de una derrota a la vista, la última jugada del Gobierno será el veto presidencial para frenar la embestida opositora. Una “solución” que ya se discute en el Gobierno, con los probables costos políticos sobre la mesa chica.

 Fuente: Infogei / pagina 12

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