Cristina Fernandez de Kirchner (41)

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Las pymes alzan la voz mientras el poder económico guarda silencio tras el fallo contra Cristina

Tomas García
Economía - Empresas13 de junio de 2025

La condena confirmada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un fuerte rechazo en el mundo pyme, que advierte sobre una avanzada judicial que amenaza el modelo productivo nacional. Mientras las grandes corporaciones optan por el silencio, las pequeñas y medianas empresas denuncian el impacto institucional y económico de un fallo que consideran parte de una estrategia para imponer un modelo de ajuste, concentración y exclusión. El contraste entre quienes gritan y quienes callan marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y economía en Argentina.

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Kicillof apuntó contra AmCham por “pedir la condena” de Cristina

Tomas García
Política - Comercio12 de junio de 2025

El gobernador Axel Kicillof acusó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) de haber “pedido la condena” de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La denuncia reaviva tensiones con el gobierno de EE.UU. y pone en el centro del debate el rol de las entidades extranjeras en la política y la justicia argentina.

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ENAC denuncia "golpe judicial" tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner

Editor
Política10 de junio de 2025

La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.

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    Equipo Mundo E
    Política06 de julio de 2025

    En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.