justicia laboral

Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.

En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.

El Ejecutivo prorrogó por un año el programa que reduce el pago de contribuciones patronales para jóvenes contratados en cadenas de comidas rápidas. La medida beneficia a empresas como McDonald’s, Burger King y Mostaza.

En medio del colapso energético, el Ejecutivo avanza con la disolución del ENRE y su absorción por el ENARGAS, una medida que deja sin autonomía a los entes de control y desdibuja las funciones regulatorias en sectores estratégicos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la posibilidad de emitir comprobantes en moneda extranjera. La medida busca dinamizar operaciones vinculadas al comercio exterior y aportar mayor previsibilidad cambiaria a las firmas exportadoras.