La diputada provincial de Mendoza y productora vitivinícola, Gabriela Lizana, expuso en la Legislatura los abusos en la cadena de valor del vino y el impacto de la falta de políticas sostenibles para el sector.
Economía - Empresas18 de junio de 2025
Equipo Mundo E
Durante una reunión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Mendoza, la legisladora y productora vitivinícola Gabriela Lizana denunció el abandono institucional al que están sometidos miles de productores de la provincia. En un clima de creciente malestar en las economías regionales, Lizana apuntó contra el modelo actual de distribución de la renta vitivinícola, la presión fiscal y la falta de reglas claras, y reclamó una respuesta política concreta desde la propia Legislatura.
“Mientras tenga una banca, no me voy a quedar callada”, afirmó con firmeza.
Una renta mal distribuida: el productor recibe apenas el 4%
Durante su exposición, Lizana explicó que el productor vitivinícola —eslabón primario y más vulnerable— recibe sólo el 4% del valor final del vino en góndola, mientras el resto de los actores de la cadena imponen condiciones y márgenes sin control.
“El cosechador pone su precio, el elaborador impone el suyo, el fraccionador también, el transporte cobra su tarifa, y el minorista o supermercado venden con sus márgenes. Y el productor, si quiere seguir existiendo, tiene que facturar sin cobrar y pagar aportes que ni siquiera puede afrontar.”
Además, advirtió que la presión tributaria asciende al 45% del precio del producto final, dejando al productor en una situación fiscal asfixiante.
La informalidad, una consecuencia del sistema
Lizana planteó que el actual marco económico fuerza al productor a operar en negro como única vía para sostener su finca:
“El productor no puede pagar lo formal. Entonces termina eligiendo trabajar en negro. No es un deseo, es una imposición del sistema.”
Este punto se conecta directamente con la corresponsabilidad gremial, un sistema que muchas empresas exigen regularizar para poder realizar pagos, a pesar de que —según Lizana— demoran hasta 240 días en pagar por la uva, y lo hacen a precios por debajo del año anterior.
Falta de reglas claras y abandono institucional
La diputada responsabilizó también al Gobierno provincial por haber impulsado la derogación de la ley que regulaba los contratos en la actividad, en lugar de perfeccionarla:
“Impulsaron la derogación de la ley que obligaba a realizar contratos, en vez de perfeccionarla y generar reglas de lealtad comercial.”
Propuesta concreta: actuar desde la Legislatura
A pesar del panorama crítico, Lizana presentó un proyecto de ley —aún sin tratamiento— y propuso analizar mecanismos legales que ya se usaron en la agricultura familiar, para facilitar el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
“Este es un tema nacional, sí. Pero desde las legislaturas provinciales también puede hacerse algo. Para eso está la Comisión de Economía.”
Una problemática que se extiende a otras regiones
Lizana advirtió que otras economías regionales atraviesan problemas similares: baja rentabilidad, inflación de costos, precios sin actualizar y trabas que impiden sostener el trabajo productivo.
“Mientras el productor no pueda pagar, no hay sostenibilidad posible. Y si el gobierno provincial impulsa la sostenibilidad para la minería, también debe impulsarla para la vitivinicultura, que es una industria madre de Mendoza.”
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