Roberto Guarnieri

La condena confirmada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un fuerte rechazo en el mundo pyme, que advierte sobre una avanzada judicial que amenaza el modelo productivo nacional. Mientras las grandes corporaciones optan por el silencio, las pequeñas y medianas empresas denuncian el impacto institucional y económico de un fallo que consideran parte de una estrategia para imponer un modelo de ajuste, concentración y exclusión. El contraste entre quienes gritan y quienes callan marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y economía en Argentina.

Globant, la compañía argentina de tecnología con cotización en Wall Street, enfrenta semanas turbulentas tras la difusión de rumores sobre despidos en varias de sus oficinas y una caída abrupta en el valor de sus acciones. La incertidumbre en torno a su estructura operativa y los resultados financieros por debajo de lo esperado generaron alarma entre inversores y analistas.

La diputada provincial de Mendoza y productora vitivinícola, Gabriela Lizana, expuso en la Legislatura los abusos en la cadena de valor del vino y el impacto de la falta de políticas sostenibles para el sector.

La medida estará vigente desde el 1° de julio y permitirá financiar deudas vencidas hasta abril en hasta 60 cuotas. Aunque ofrece alivios puntuales, no modifica el esquema tributario de fondo que continúa tensionando la actividad económica.

La Asociación de Empresarios Nacionales que preside Leo Bilanski convocó activamente a sus afiliados a movilizarse el 18 de junio en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. En contraste, la CGT no participó y Wado de Pedro no logró convocar ni al sindicalismo ni a las pymes desde el PJ.