El Gobierno remitió la iniciativa al Senado, junto con otras dos destinadas a crear una Agencia de Evaluación de Tecnología Médica (Agnet) y un programa de pasantías y capacitación laboral.
Nacional - Congreso28 de abril de 2018
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Pese a que la iniciativa ya había generado profundo malestar en sectores sindicales el año pasado y terminó haciendo naufragar la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno decidió volver a la carga con su apuesta para reducir la base de cálculo de las indemnizaciones por despidos sin causa y avanzar a la par en la creación de un Fondo de Cese Laboral sectorial que reemplace al actual régimen indemnizatorio.
Así lo establece el proyecto de ley de blanqueo laboral que el Ejecutivo remitió ayer al Senado, junto con otras dos iniciativas destinadas a crear una Agencia de Evaluación de Tecnología Médica (Agnet) y un programa de pasantías y capacitación laboral.
La propuesta del Gobierno, que ya anticipa un nuevo enfrentamiento con la dirigencia gremial, modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece que el aguinaldo, los premios y/o bonificaciones y toda compensación o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe al trabajador quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despidos sin causa.
La propuesta establece que el aguinaldo, los premios y/o bonificaciones y toda compensación o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe al trabajador quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despidos sin causa.
Como único límite, define que la base de cálculo que surja de aplicar esas exclusiones no podrá implicar una reducción superior al 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante su último año de trabajo.
En su artículo 37, el proyecto oficial, además, que esa base no podrá exceder en ningún caso “el equivalente a tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, por la jornada legal y excluida la antigüedad”.
En su apuesta por reducir la carga de las indemnizaciones, la iniciativa elaborada por el Ministerio de Trabajo incorpora en el artículo 21 la creación del denominado Fondo de Cese Laboral sectorial, un mecanismo destinado a que el resarcimiento por despido del trabajador se financie durante el período de inactividad a través de un fondo creado a tal efecto a partir de un aporte de los empleadores.
El proyecto estipula que la constitución de ese fondo se acordará sectorialmente entre las entidades representativas de los empleadores junto con las asociaciones sindicales en el marco de los respectivos convenios colectivos de actividad,sustituyendo las indemnizaciones por despido sin causa fijadas en los artículos 232 y 245 de la LCT.
Respecto al financiamiento del fondo, la propuesta del Gobierno indica que se nutrirá de un aporte obligatorio
exclusivamente a cargo del empleador que deberá realizarlo mensualmente desde el inicio de la relación laboral, informando periódicamente al trabajador sobre los aportes efectuados.
El esquema es similar a la denominada "libreta de desempleo" que rige en la industria de la construcción, donde el fondo de cese laboral se nutre de un aporte del empleador que alcanza el 12% del salario promedio básico durante el primer año de relación laboral y se reduce al 8% desde el segundo año, excluyendo del cálculo las horas extras, aguinaldo y otros suplementos salariales no remunerativos. En el proyecto remitido ayer al Senado se establece, en cambio, que si se tomarán en cuenta los pagos de carácter no remunerativo para el cálculo del aporte al fondo de cese laboral.
Los cambios que apuntan a reducir los costos de las indemnizaciones integran uno de los capítulos del proyecto de blanqueo laboral, un esquema que pretende incentivar la regularización de trabajadores informales concediendo a los empresarios un mecanismo de condonación de deudas y multas si blanquean a su personal.
Además, la iniciativa prevé que los trabajadores que sean regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil vigente. El plazo para la regularización de trabajadores que fija el proyecto de ley será de 360 días
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