La condena confirmada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un fuerte rechazo en el mundo pyme, que advierte sobre una avanzada judicial que amenaza el modelo productivo nacional. Mientras las grandes corporaciones optan por el silencio, las pequeñas y medianas empresas denuncian el impacto institucional y económico de un fallo que consideran parte de una estrategia para imponer un modelo de ajuste, concentración y exclusión. El contraste entre quienes gritan y quienes callan marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y economía en Argentina.
Economía - Empresas13 de junio de 2025
Tomas García
Pymes gritan, grandes callan: tensión tras el fallo judicial
La reciente confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia —en el marco del caso Vialidad— despertó una ola de repercusiones en el ámbito pyme. Mientras los grandes grupos económicos y las entidades tradicionales guardan silencio, el sector de las pequeñas y medianas empresas alzó la voz con un mensaje claro: el fallo no solo tiene implicancias judiciales, sino también consecuencias directas para el futuro del entramado productivo nacional.
Tal como lo destaca el artículo de Página/12 titulado “Pymes gritan, grandes callan”, el rechazo del empresariado pyme no se hizo esperar. En esa nota, se recogen declaraciones que alertan sobre un intento de disciplinar a la dirigencia política y consolidar un modelo económico basado en el ajuste, la apertura de importaciones y la concentración de la riqueza.
El silencio de los grandes y la voz de los que producen
A diferencia de las grandes cámaras empresariales, que se mantuvieron al margen del debate público, los referentes del sector pyme manifestaron preocupación por el clima de incertidumbre institucional y económica que genera el fallo. “Las grandes corporaciones no hablan porque no son las que están cerrando sus puertas. Las que sufren son las pymes, los comercios de barrio, la industria nacional”, señalaron desde el sector.
La queja no es nueva, pero se agudiza: mientras los actores más concentrados del mercado pueden resistir la crisis, miles de pymes enfrentan el cierre, la pérdida de clientes y el ahogo financiero. Solo en el primer semestre del año, más de 10.000 pymes habrían cerrado sus puertas, según estimaciones del sector.
Una justicia cuestionada y el impacto en la economía real
Cristina Fernández de Kirchner había denunciado ante la Corte Suprema varias irregularidades en el proceso judicial: la falta de imparcialidad del tribunal, la existencia de un esquema de lawfare, la ausencia de pruebas directas y la violación de sus garantías constitucionales. Para el mundo pyme, estos elementos no son solo parte de una disputa judicial, sino señales de un modelo de país en disputa.
“El mensaje es claro: si defendés un proyecto con industria nacional y mercado interno, te persiguen. Eso tiene un efecto directo en nuestras decisiones de inversión y crecimiento”, expresaron desde asociaciones que agrupan a empresarios nacionales.
Repercusiones en las calles y en los talleres
Tras conocerse la sentencia, se registraron movilizaciones espontáneas en distintos puntos del país. Además de las concentraciones frente a la sede del Partido Justicialista y en el domicilio de la expresidenta en el barrio porteño de Constitución, hubo protestas en ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco y La Plata. En muchas de ellas participaron empresarios pyme, junto a trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales.
En las redes sociales también se hizo sentir el rechazo, con mensajes que vinculaban el fallo con una agenda económica regresiva, impulsada por el FMI y ejecutada por una parte del Poder Judicial.
Conclusión: el futuro productivo, en disputa
La polarización política en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrar sus efectos en la economía real. Para el mundo pyme, lo que está en juego no es solo una sentencia, sino el modelo de país que define si producir en Argentina sigue siendo posible o no.
Frente al silencio de los grandes grupos económicos, las pymes vuelven a ocupar el lugar incómodo —pero necesario— de decir lo que otros callan: sin justicia independiente y sin política productiva, no hay futuro posible para quienes invierten, generan empleo y sostienen la economía real.
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