A partir del 1 de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigirá a los emisores de tarjetas de crédito informar en tiempo real los consumos realizados fuera del país. La medida busca reforzar el control fiscal y mejorar la trazabilidad de los gastos internacionales, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas y la recaudación.
El organismo identificó 240 infracciones en materia impositiva y más de 1300 en materia laboral. Las inspecciones son en lugares de alto poder adquisitivo.
Argentina se encuentra solo por debajo de Guyana, Chad y Malta en niveles de evasión, según datos que proporciona el Instituto Patria en base a estadísticas de Naciones Unidas.
El país ocupa el tercer lugar en la tabla de los países que más esconden su dinero en el mundo. Los "beneficiarios" argentinos son 2.521, solo por detrás del Reino Unido y Rusia.
El organismo fiscalizador indagará la información sobre los entramados societarios que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.