La FESC, que agrupa a comerciantes de Santa Cruz, la presentó ante el decreto del Gobierno nacional que insta a pagar el bono de $5000 a fin de año. Guillermo Polke, presidente de la entidad, dijo que los socios de la FESC no están en condiciones de afrontarlo.
Nacional - Provincias05 de diciembre de 2018
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La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), presentó una acción de amparo para solicitar que se decrete la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°1043 /18 del Gobierno Nacional, que establece el bono de fin de año que deberá ser abonado en el sector privado.
El abogado Santiago Pinto en representación legal de la FESC, realizó este martes la presentación del recurso de amparo en el Juzgado Federal de Río Gallegos.
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El letrado consideró que el DNU “detenta legitimación sustantiva suficiente al impactar en modo particular y directo en la esfera jurídica de los comerciantes aglutinados en las cámaras de Comercio que integran la Federación Económica de Santa Cruz, con evidente perjuicio a sus derechos y garantías de raigambre constitucional y supraconstitucional”.
Pinto hizo hincapié en un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia en contra de resoluciones o disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional y otros organismos públicos.
El DNU fija el pago de una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que asciende a los 5 mil pesos a pagar un 50% en noviembre y restante 50% en enero, es decir a cobrar en diciembre y febrero próximos.
Ante la proximidad del vencimiento de la primera cuota, y el escaso tiempo hasta la segunda cuota, y teniendo en cuenta la feria judicial estival, se advierte que debe “tener configurado la lesión actual e inminente necesaria para la precedencia de la vía de amparo”.
El presidente de la FESC, Guillermo Polke, remarcó que la entidad en su estatuto se precisa la defensa legal de los asociados y por ello “estamos coordinando el resguardo legal ante las autoridades para que se fije la inconstitucionalidad de este DNU que estableció el Gobierno Nacional que profundizará aún más la crisis que atraviesan los comercios y pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia”.
Por otro lado, remarcó que “desde el Gobierno Nacional se resalta que el bono busca generar un esquema de paz social y armonía adecuada a la situación del proceso inflacionario que estamos viviendo, pero sólo se lo aplica al sector privado, que en medio de una coyuntura preocupante, debe afrontar las obligaciones conocidas de fin de año. Nuestros socios no están en condiciones de cumplir con esta exigencia y es por ello que recurrimos a la Justicia”.
Fuente: tiempo sur
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