En una actividad con mucho potencial y en pleno crecimiento, buscan defender sus intereses y potenciar negocios. Hay proyectos adjudicados por 2470 MW. Se abren de CADER que históricamente se encargó del lobby del sector.
Política - Industria19 de febrero de 2018
Editor
Empresas del sector de energía eólica anunciaron la creación de su entidad, la Cámara Eólica Argentina (CEA), que será presidida por Alfredo Bernardi, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa Genneia. De este modo, apuntan a generar un espacio de diálogo entre sus integrantes y el Gobierno, para avanzar en el crecimiento de la actividad en la Argentina.
Según fuentes del sector, se estima que las empresas dedicadas a la generación de energía eólica invertirán unos u$s 4000 millones en los próximos años a desarrollar la actividad, tras los tres programas RenovAr lanzados por el gobierno.
"La capacidad instalada de generación eólica en el país es de 228 MW, según datos de diciembre del año pasado. Tras las licitaciones de los tres programas RenovAr, el gobierno adjudicó proyectos por 2470 MW en los próximos años. Es un impulso gigante para una industria nueva", destacó Bernardi, en diálogo con el El Cronista.
"Desde el año pasado venimos trabajando con toda la cadena que participa de la actividad para generar un espacio común que represente nuestros intereses. En diciembre firmamos el estatuto y hoy podemos anunciar la creación de la cámara", comentó.
En las tres rondas RenovAr, se presentaron 398 proyectos de energía renovable. El Gobierno adjudicó 147, 29 en la primera, 30 en la segunda y 88 en la tercera, con una potencia de 4467 MW, de los cuales 2470 MW son de energía eólica y 1730 MW, solar.
Por el momento, la cámara está integrada por 11 empresas, que representan cerca del 50% del sector, pero estiman que más firmas se sumarán en los próximos meses.
Como toda cámara, apunta a ser una plataforma para el desarrollo, promoción y difusión de la actividad en el país y representar y defender los intereses de las empresas asociadas relacionadas a la energía eólica, para "construir y resguardar las condiciones necesarias para su desarrollo y potenciación", destacaron desde la nueva entidad.
Entre sus objetivos, la CEA busca representar los intereses colectivos de los miembros; divulgar y asesorar sobre la actividad eólica; promover el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las personas y de las instalaciones relacionadas; la promoción e impulso de investigaciones y estudios vinculados a la generación eólica, y asegurar el cumplimiento de los contratos relativos a la actividad, entre otros.
La primera Comisión Directiva de la entidad tiene como presidente, a Alfredo Bernardi, de Genneia; su vicepresidente es Andrés Gismondi, de Vestas Argentina SA; y Marcos Cardaci, de Nordex Wind Power SA, su secretario. El tesorero es Gastón Guarino, de GRI Calviño Towers SA; y los vocales son Daniel Ciaffone, de Pan American Energy; Sebastián Lanusse, del Grupo Frali; Francisco López Anadón, de Siemens Gamesa Renewable Energy Latam; René Vaca Guzmán, de Petroquímica Comodoro Rivadavia SA; Martín Mandarano, de YPF Energía Eléctrica S.A. y Juan Fernando Carbel, de Parque Eólico Arauco SA PEM.
Fuente: Cronista
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
En una jornada convocada por la Cámara de Comercio de Resistencia, el dirigente de la UIA y titular de ADIMRA, Silvio Zurzolo, reclamó reducir la carga impositiva y flexibilizar normas laborales. Sus declaraciones coincidieron con la orientación económica del Gobierno nacional.
Con el aval de Techint, un industrial bonaerense asume y buscará un diálogo más fructífero con el Gobierno. Dólar, importaciones e impuestos en la agenda.
Son dos históricas marcas que tenían locales propios en los principales shopping del país. Los comunicados de las empresas y cuál es el efecto de la liberación de importaciones en el sector.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
Mientras la crisis golpea a los sectores populares, el poder económico, encabezado por las grandes corporaciones, el sector financiero y la agroexportación, se enriquece mientras el gobierno de Javier Milei reprime las protestas. Con una UIA pasiva, AEA empujando la desregulación y las pymes al borde del colapso, el país se encamina hacia un modelo de ajuste brutal que solo beneficia a los más poderosos.
El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro alertó sobre una crisis profunda en la industria del norte argentino. Denuncia fábricas paralizadas, caída del consumo y un futuro incierto para el empleo industrial. Pide definiciones urgentes del gobierno nacional para sostener la producción.
Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redujo los intereses resarcitorios, persisten las sanciones automáticas y se profundizan los cuestionamientos de contadores y pymes.
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
El estrés económico alcanzó su mayor nivel en cuatro años, según un informe de la UCA. Más de la mitad de los hogares argentinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar o sostener su consumo. La situación se agrava en los sectores medios y bajos, encendiendo alertas sobre el impacto social y económico del actual modelo.
A partir del 1 de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigirá a los emisores de tarjetas de crédito informar en tiempo real los consumos realizados fuera del país. La medida busca reforzar el control fiscal y mejorar la trazabilidad de los gastos internacionales, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas y la recaudación.