El proyecto, que recibió media sanción con con 137 votos a favor, 3 negativos y 113 abstenciones, incluye todas las deudas previsionales, impositivas y aduaneras acumuladas hasta el 31 de julio y contempla premios para los contribuyentes cumplidores.
Nacional - Congreso02 de agosto de 2020
Editor
La Cámara de Diputados aprobó en general esta noche, con 137 votos a favor, 3 negativos y 113 abstenciones, el proyecto de moratoria impositiva y previsional, tras haber dado media sanción a la reforma de la ley de concursos y quiebras.
El Frente de Todos logró obtener la media sanción y girar el proyecto al Senado con el apoyo del Interbloque Federal para Unidad para el Desarrollo, el Interbloque Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general -para no ir en contra del concepto de la moratoria- y rechazó en particular dos artículos con los que no acordaba. Los tres votos en contra a la iniciativa fueron del legislador Luis Juez y los integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, amplía la moratoria aprobada en diciembre pasado, con el fin de normalizar deudas por más de $500.000 millones contraídas en el marco de la pandemia. En este sentido, incluye todas las deudas previsionales, impositivas y aduaneras acumuladas hasta el 31 de julio y contempla premios para los contribuyentes cumplidores.
Además, establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria, dispone que el primer pago vencerá en diciembre y fija que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.
Al exponer como miembro de la mayoría en el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialista Carlos Heller, detalló una serie de cambios incluidos en el dictamen, algunos de los cuales recogieron pedidos de la oposición.
En primer lugar, anunció que se tomarán las deudas acumuladas hasta el 31 de julio, la redacción original disponía hasta el 30 de junio e informó que se eliminaron los artículos que fijaban restricciones para que pudieran sumarse a la moratoria bancos y telefónicas.
"Estamos eliminando por completo las restricciones de los sujetos alcanzados por actividades reguladas por el Banco Central, la superintendencia de seguros y las telefónicas", explicó y agregó que sumarán además a las organizaciones comunitarias y asociaciones civiles sin fines de lucro.
También informó que en el tema de los cumplidores se estableció que el beneficio de poder deducir el 50% de ganancias "incluye solo un período fiscal".
Heller indicó que el proyecto de moratoria ampliada "no es un traje a medida sino un traje a medida de todos los que necesitan salir adelante, ante la grave disminución de la actividad productiva que existía a fines de año pasado y que se agravó con la pandemia".
"Esta moratoria ampliada -con menos tasas de interés- está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir y para que las que aún no pudieron retomar la actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, cerró su exposición.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Luis Pastori, subrayó que las moratorias de este tipo "suelen premiar a los vivos" que no pagan impuestos pero aclaró que, "sin embargo, esta es algo imperioso", debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Darío Martínez, sostuvo que "esta herramienta le va a servir a todos los argentinos". En tanto, el oficialista Pablo González informó que "hay cerca de 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar a esta ley".
El diputado nacional Jorge Sarghini (Consenso Federal) destacó que el dictamen del proyecto de moratoria haya contemplado la propuesta de su bloque de "darle un premio a los buenos contribuyentes", aunque cuestionó que "los quebrados estén adentro" del beneficio.
"Estamos de acuerdo con las razones generales que motivan esta moratoria, ya que nadie discute lo que ha venido al mundo y a la Argentina con esta pandemia", expresó el expresidente de la Cámara de Diputados bonaerense.
Tras aclarar que junto a sus compañeros de bloque, Graciela Camaño y Alejandro 'Topo' Rodríguez, votaría a favor de la iniciativa -en general-, expresó que "siempre que se elabora un régimen de este tipo es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes", y llamó a "no caer en la casuística y hacer una ley justa y equitativa".
En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, señaló que "esta es una moratoria para todos, porque el Estado Nacional le tiende las manos a todos los argentinos para que puedan regularizar" y pueden ingresar "960 mil contribuyentes por una deuda de $534 mil millones".
La novedad de esta moratoria es además de las pymes, como en versiones anteriores también están incluidas empresas de mayor envergadura y tamaño, pertenencientes por ejemplo a los sectores agropecuario, industrial, construcción, comercial, servicios y turismo podrán acogerse a los beneficios de la moratoria.
También quedan fuera de la posibilidad de acceder al régimen quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días.
Otro de los cambios fue la eliminación del artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a prorrogar esta moratoria sin pasar por el Congreso.
El proyecto prevé una tasa de interés fija del 2% mensual por seis meses y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos de acuerdo a la tasa de interés BADLAR. Durante el debate se anunció además que se eliminó la parte del artículo que establecía que era conforme al sistema de amortización francés.
El texto también fija que la caducidad de la moratoria será por falta de pago de tres cuotas para grandes empresas y de seis cuotas para MiPyMES.
Entre los motivos de caducidad, además del atraso en el cumplimiento del pago de las cuotas, se estableció que las empresas de mayor tamaño que adhieran a la moratoria no podrán podrán distribuir dividendos, ni realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario.
fuente: Ámbito
El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la industria nacional, calificando de "mentira proteccionista" las políticas que históricamente sostuvieron el desarrollo productivo argentino. Su discurso refuerza la postura de apertura indiscriminada de importaciones, que ya está provocando cierres de fábricas, despidos masivos y crisis en el sector pyme.
Se aguardan incentivos sobre dólar, créditos, FMI, aumento de exportaciones y reservas del Banco Central. Matías Tombolini estará en Comercio y De Mendiguren en Producción. Cecilia Moreau reemplaza a Sergio Massa en Diputados.
El oficialismo apuró el debate en comisión para convertir en ley el alivio fiscal antes de julio. La medida beneficiará a más de 4,5 millones de monotributistas y autónomos.
La iniciativa, que promete convertir al cannabis en otro "commodity" de los que exporta la Argentina, fue aprobada con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones
El Presidente hablará en Asamblea Legislativa. FMI, economía y la agenda postpandemia centrarán su discurso.
El Senado lo votó por unanimidad. Si el ejecutivo acelera los trámites podría aplicarse desde noviembre.
Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redujo los intereses resarcitorios, persisten las sanciones automáticas y se profundizan los cuestionamientos de contadores y pymes.
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
El Centro Universitario de Idiomas (CUI), con respaldo de la UBA, presentó una solución integral de aprendizaje asincrónico orientada a empresas que buscan desarrollar competencias lingüísticas en entornos de trabajo híbridos y globales.
La Unión Industrial Argentina alertó que se podrían perder hasta 70.000 empleos industriales antes de fin de año. La proyección surge en un contexto de caída de la actividad manufacturera y pone en tensión el respaldo que la entidad empresaria brindó al programa económico del presidente Javier Milei.
Tras la salida de JP Morgan, el mega fondo Pimco habría liquidado posiciones en bonos en pesos por más de USD 1.600 millones, en un nuevo golpe al carry trade que expone los límites del plan económico del gobierno de Javier Milei.
