El Estado Español planea financiar la reconversión productiva

Por: Nicolás Salerno, corresponsal en Madrid, España.

El gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ha presentado esta semana en el Consejo General de Economistas la idea de convertir el programa de ERTES (ATP) en una herramienta permanente de apoyo a las empresas, y limitar así el impacto en la pérdida de puestos de trabajos, de cara al Plan de Transformación Digital que se afrontará con los fondos europeos aprobados recientemente. 

Con más de 900.000 trabajadores en este estado al 11 de febrero y casi 4 millones de desocupados, la principal preocupación del gobierno es la de lograr una menor dependencia del seguro de desempleo y una mayor transición a nuevos puestos de empleo desde empresas que reducirán su tamaño al digitalizarse. Para ello, el Ministro de Seguridad Social y Migraciones ha propuesto basarse en el Kurzarbeit, el programa alemán que está a punto de cumplir un siglo de existencia y que ha demostrado grandes resultados a la hora de medir el bajo, y cuyo punto fuerte para el trabajador el de ser un puente para formarse en nuevas habilidades como paso para cambiar de empresa y/o industria, mientras continúa percibiendo un alto porcentaje de sus ingresos, mientras que la empresa ajusta sus costos en períodos de recesión o baja producción.

¿Qué es el Kurzarbeit?

El modelo permite, siempre que esté contemplado en los convenios colectivos de trabajos, la reducción de horas por baja productividad temporal, como forma de evitar las suspensiones o despidos. En esencia, si existe al menos un 10% de reducción de horas para un mínimo del 30% de la plantilla, la empresa puede solicitar el procedimiento al estado, en cuyo caso la primera abona el 100% de las horas efectivamente trabajadas, mientras que el estado abona el 60% del salario de las horas no trabajadas. En la práctica, este procedimiento, que suele tener una duración media de hasta seis meses, pero puede extenderse hasta los dos años, permite por caso reducir un 30% la jornada laboral con solo un 10% de la reducción del salario real del trabajador. En este lapso, éste se compromete a utilizar el tiempo libre en la formación de nuevas habilidades de demanda laboral y cuyo dictado será ofertado por la misma agencia pública, lo que en la práctica es una herramienta valorada por los sindicatos como una forma de transición a nuevos empleos, ya que busca fomentar la reubicación de trabajadores en otras empresas que, de otra forma, terminarían engrosando la fila de desocupados sin reinserción. Otra novedad es que la empresa puede afectar a un solo departamento y no es necesario aplicarlo a la totalidad de ésta. 

La otra medida para fomentar la tasa de creación de empresas y empleo es la de desburocratización del proceso de alta de una Pyme. Allí, la idea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es la de eliminar el requisito de capital constitutivo, hoy fijado en tres mil euros, y reemplazarlo para las SRL por el de solo un euro (algo más de $100 a valores oficiales del Banco Nación) a modo de “capital funcional”. Asimismo, la idea que surge del proyecto de ley es la del proceso de creación en forma 100% on-line y en un plazo máximo de 10 días y la reducción de cargas administrativas mediante validaciones electrónicas. 

Ver proyecto de ley 

ECO_Pol_CP_20210219_CreacionEmpresas.pdf

Otro punto importante es el de fortalecer la regulación para el cumplimiento de un punto que la legislación establece, pero que en la práctica las grandes empresas no cumplen por su posición de apalancamiento financiero dominante frente a las Pymes y que perjudica a estas últimas: cumplimentar los pagos a proveedores en un plazo máximo de 60 días. De Los fundamentos del proyecto, se desprende que: “El aplazamiento de los pagos puede derivar en tensiones de liquidez para las empresas, sobre todo cuando el ciclo de cobros es más corto que el de los pagos (como suele ocurrir en la realidad). En caso de que esto suceda, una PYME no podrá transformar sus activos en efectivo para afrontar el resto de sus obligaciones, como el pago a sus propios proveedores, las nóminas de sus trabajadores y los impuestos. Es decir, si se produce un retraso en los pagos, toda la cadena se ve comprometida”. Esto se ha materializado especialmente en las últimas semanas con el incremento de los concursos preventivo de acreedores y quiebras en aumento.

Finalmente, el gobierno estudia permitir en las grandes sociedades la juntas de accionistas en forma 100% virtual, siempre que la empresa lo incluya como herramienta en sus estatutos. 

Fuente: ABC

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