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El Gobierno impulsa una ley para que haya comités de seguridad en las empresas

Un proyecto que elaboró el Ministerio de Trabajo y analiza Vilma Ibarra prevé la constitución de órganos paritarios en compañías de más de 90 empleados. Por ahora, las pymes quedarían exceptuadas

Empresas 20 de julio de 2021 Colaborador Colaborador
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El Gobierno ultima los detalles de un proyecto de ley que dispondrá la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en las empresas con la participación de sus trabajadores, incluso para casos de violencia laboral. La iniciativa, que el oficialismo espera debatir y eventualmente aprobar antes de las elecciones, es una respuesta del Ejecutivo a los planteos de los gremios afines durante la pandemia por las diferencias con las compañías respecto de los protocolos de salubridad a implementar contra el coronavirus. En principio, el borrador que analiza la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, exceptúa sólo a las pyme de la obligación de constituir este tipo de instituciones.

La elaboración de la norma estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo con aportes de la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La administración de Alberto Fernández prevé en el corto plazo enviarla al Congreso para su discusión al menos en las comisiones de Legislación Laboral y Salud de la Cámara de Diputados. La estructura se basa en otros proyectos previos como los presentados por los diputados nacionales y sindicalistas Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Patricia Mounier (docentes privados, Sadop) y recoge también los antecedentes de sendas leyes aprobadas por las legislaturas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

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El texto, que este diario logró reconstruir en exclusiva, prevé la creación tanto en el sector privado como en el ámbito de la administración pública (en sus diferentes niveles) de comités conformados de manera paritaria (con igual número de integrantes) por representantes de los trabajadores y de la patronal que deberán velar por el establecimiento y el cumplimiento de condiciones mínimas de normas de seguridad e higiene en cada ámbito laboral. Como dato destacado, la representación de los trabajadores en esos comités se homologará a la sindical, en caso de existir, con el alegado propósito de no duplicar estamentos y evitar nuevas instancias de conflictividad.

Además, siempre según el borrador de la iniciativa, los miembros de los comités no tendrán por sí mismos la facultad de parar el proceso productivo en caso de detectar eventuales riesgos para la salud o la seguridad del personal. Los dictámenes no serán vinculantes pero los autores confían en que el carácter paritario de las instituciones les dará fortaleza suficiente hacia el interior de las unidades productivas como para darle ejecutividad a sus resoluciones. Este punto siempre fue motivo de discordia con los representantes empresarios que temen la sustanciación de medidas de fuerza no declaradas como tales con argumentos sanitarios. Un caso reciente fueron las acciones de los metrodelegados del subte (Agtsyp) frente a sus denuncias por la presencia de asbesto en el material rodante.

Otro ítem de relevancia será la posibilidad de encauzar a través de los comités mixtos las denuncias por abuso o acoso en los lugares de trabajo. El año pasado la Argentina, previa aprobación parlamentaria, ratificó la vigencia del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo laboral. También se contemplarán en esos ámbitos los casos de violencia o acoso por razones de género en línea con los pedidos de Alberto Fernández y de Vilma Ibarra por incluir esa dimensión en toda normativa nueva y espacio de discusión multisectorial.

Si bien algunos proyectos legislativos presentados hasta ahora no establecían límites al tamaño de las empresas o las reparticiones públicas para la creación de los comités, la iniciativa que envió Trabajo fija un piso de alrededor de 90 empleados para hacer obligatoria la constitución de esos entes de control sanitario y de seguridad. Otra concesión destinada a suavizar el tránsito parlamentario del proyecto ante las seguras objeciones que plantearán las principales cámaras patronales.

Fuente: Ámbito 

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