La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló la comercialización ilegal de 1.637 toneladas de cereales en Tres Arroyos y en Coronel Pringles, el equivalente a 55 camiones con acoplado.
Economía - AFIP16 de diciembre de 2021
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De esta manera, los investigadores del organismo interdictaron en las localidades bonaerenses 622 toneladas de maíz, 488 de trigo, 501 de cebada y 26 de avena, de acuerdo a lo informado hoy por AFIP.
“Las tareas de fiscalización desarrolladas por los inspectores de la DGI permitieron identificar que un operador en Tres de Febrero no tenía inscripta su planta de acopio en el Registro Único de operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), por lo que los investigadores no pudieron cotejar los registros con las operaciones ni tampoco las que corresponden al libro de movimiento de cereal que exige la actividad”, explicaron en un comunicado.
Por su parte, en el caso de Coronel Pringles se desarticuló una maniobra de evasión luego de detectar la existencia de granos no declarados en la planta de procesamiento de un contribuyente dedicado a la elaboración de alimento balanceado y complementos proteicos para nutrición animal.
Desde la AFIP aseguraron que “a lo largo de los últimos 4 meses, el trabajo coordinado entre las distintas dependencias del organismo permitió desarticular maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas con distintos productos agrícolas por más de 24.500 toneladas de granos en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos, mercadería que en total equivale a más de 850 camiones con acoplados, que dispuestos en línea recta en una ruta se extenderían durante 20 kilómetros”.
Los diferentes operativos se enmarcan en tareas de fiscalización del comercio y la exportación de granos.
En la última semana también “se desactivó en la provincia de Santa Fe una maniobra de evasión con granos no declarados y se estableció un nuevo récord al evitar el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja”.
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El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, anunció cuatro medidas destinadas a la producción. Créditos subsidiados, garantías estatales y agilización de trámites.
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La Aduana constató que, en efecto, había diferencias de entre un 15,15% y un 297,71% con respecto a los valores declarados. Según fuentes oficiales, habría sido para hacerse de dólares a precio oficial.
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El gobernador Axel Kicillof acusó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) de haber “pedido la condena” de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La denuncia reaviva tensiones con el gobierno de EE.UU. y pone en el centro del debate el rol de las entidades extranjeras en la política y la justicia argentina.
La condena confirmada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un fuerte rechazo en el mundo pyme, que advierte sobre una avanzada judicial que amenaza el modelo productivo nacional. Mientras las grandes corporaciones optan por el silencio, las pequeñas y medianas empresas denuncian el impacto institucional y económico de un fallo que consideran parte de una estrategia para imponer un modelo de ajuste, concentración y exclusión. El contraste entre quienes gritan y quienes callan marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y economía en Argentina.
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