Complicidad con la dictadura: el freno a la responsabilidad empresarial

Veintiún años atrás le preguntaron a Juan Ronaldo Tasselkraut en un juicio por la verdad si la producción de la empresa Mercedes Benz —de la que él era gerente— se había normalizado tras los secuestros de distintos obreros que tenían actividad sindical en la planta de González Catán. Su respuesta fue: “Y… milagros no hay”. La semana pasada, Tasselkraut recibió la noticia de que había sido sobreseído por la justicia federal de San Martín por su vinculación con los secuestros y desapariciones de trabajadores de la automotriz alemana que se asentó en el país en septiembre de 1951. 

"Todos los represores callan más de lo que dicen"
El sobreseimiento de Juan Ronaldo Tasselkraut, que será apelado, se inscribe en una seguidilla de decisiones adversas de la Justicia que van desde la absolución del extitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Juan Etchebarne, pasando por el apartamiento del juicio del dueño de Ledesma SA Carlos Pedro Tadeo Blaquier hasta la concesión de un recurso para llevar su caso ante la Corte Suprema de Pedro Müller, el exgerente de Manufactura de la Ford en lo que, desde el movimiento de derechos humanos, se percibe como un freno judicial a las investigaciones sobre la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

“En términos de largo plazo, la Argentina abrió un camino muy importante en lo que se refiere a responsabilidad empresarial. Es un avance sin precedentes y sin igual, pero que tiene una respuesta judicial. Hay una serie de fallos que vienen mostrando la voluntad de bloquear”, evaluó la historiadora Victoria Basualdo, que lidera la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “La respuesta judicial tan fuerte obedece a la potencialidad que adquirió la cuestión del caso argentino de la mano de sobrevivientes, colectivos organizados, organismos de derechos humanos y la Intersindical de Derechos Humanos, junto con políticas de apuntalamiento del Estado en reparación, señalización, querellas, investigación y asistencia a víctimas. Hay una fuerza social en torno a estas causas que es producto de un esfuerzo de décadas de los sobrevivientes y este conjunto de actores”, añadió.

La ligazón de las empresas en los secuestros y desapariciones de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado –en su mayoría trabajadores– se insinuó con nitidez desde el regreso de la democracia. Sin embargo, la investigación sobre el aporte patronal al sistema de desaparición no estuvo ajena a los vaivenes que sufrió el proceso de juzgamiento con casi 20 años de apogeo de las leyes de impunidad. En los juicios por la verdad, la represión a los trabajadores apareció como uno de los ejes relevantes y, en ese marco, fue citado Tasselkraut y dejó la frase de que “milagros no hay”, que dio título a un trabajo documental de la periodista Gaby Weber.

“Con la reapertura de los juicios, el eje de la responsabilidad empresarial tomó una importancia cada vez más grande. Esto intentó frenarse entre 2015 y 2019 desde las instancias estatales. Sin embargo, pudo mantenerse el trabajo previo y profundizarse, lo que terminó en 2018 en la condena de Ford”, agregó Basualdo.

La difícil tarea de juzgar
La sanción de los responsables empresariales sigue siendo un verdadero desafío en los tribunales. “A 46 años del golpe genocida son muy pocos los civiles que han sido juzgados y castigados. La gran mayoría permanece impune”, dice, por su parte, Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital.

En 2012, los primeros empresarios en ser condenados por prestar su chacra para que funcionara como centro clandestino fueron Emilio y Julio Méndez. En ese lugar había estado secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que representaba a los trabajadores de la cementera Loma Negra. Sin embargo, la Corte Suprema les abrió la puerta a la absolución que finalmente dictó la Cámara Federal de Casación el año pasado en el caso Moreno. Actualmente, los Méndez están nuevamente en juicio en Mar del Plata.

Para marzo de 2015, cuando estaba por concluir el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los tribunales se despacharon con una serie de fallos regresivos en casos que involucraban a empresas: el rol de la editorial Atlántida en la campaña psicológica de la dictadura, el rechazo a las indagatorias de los empresarios en Papel Prensa, la falta de mérito para el exdueño de La Nueva Provincia Vicente Massot y lo propio para Blaquier por los secuestros y las desapariciones ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma.

En 2016, Marcos Levín –dueño de la empresa de colectivos La Veloz del Norte– fue condenado por el secuestro de un trabajador, pero, al año siguiente, Casación revirtió esa condena. La Corte tiene para revisar la situación de Levín, pero dijo que el resto de casos que podrían involucrarlo deben ser investigados como delitos de lesa humanidad.

En 2018, se registró un hito en el proceso de juzgamiento con la condena de Müller y de Héctor Sibilla por los secuestros de trabajadores de la automotriz Ford. Las condenas fueron ratificadas el año pasado por la Sala II de la Casación –con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques–. Sin embargo, días atrás Müller cosechó un importante logro en ese tribunal cuando los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci le abrieron la puerta de la Corte al concederle un recurso contra la sentencia.

Una ola regresiva
En julio pasado, la Corte Suprema revocó la falta de mérito con la que Casación había favorecido a Blaquier en marzo de 2015. Demoró seis años en hacerlo, pero el máximo tribunal dijo que los casadores Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos habían obstaculizado indebidamente el avance de una causa emblemática de responsabilidad empresarial en el país. De esa forma, Blaquier volvió a estar en carrera para sentarse en el banquillo por los secuestros ocurridos inmediatamente después del golpe de Estado y por los que tuvieron lugar en julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches del Apagón. En esa coyuntura, la defensa de Blaquier –encabezada por el excamarista federal Jorge Valerga Aráoz– planteó que el empresario no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. A la misma conclusión llegó el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy que debería juzgarlo junto al exadministrador de Ledesma Alberto Lemos. La decisión del TOF ya fue recurrida, por lo que será la Sala IV de la Casación la que deberá volver a revisar la situación de Blaquier –que ya tiene 94 años.

El 7 de abril, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 absolvió al exCNV Etchebarne por los secuestros contra los integrantes del grupo Chavanne-Grassi, quienes estuvieron recluidos entre septiembre y diciembre de 1978 en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Detrás de la persecución al grupo Chavanne-Grassi estaban los grupos de tareas de la dictadura buscando el dinero del secuestro a los hermanos Born y el interés del régimen por desbaratar a Siderúrgicas Grassi, que era la principal competidora de Acindar –de cuyo directorio habían salido, nada más y nada menos, José Martínez de Hoz y el propio Etchebarne. En los interrogatorios colaboraron los técnicos de la CNV y distintos testimonios dan cuenta de que Etchebarne también frecuentó el campo de concentración. Sin embargo, los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado no encontraron elementos para condenar a Etchebarne pero sí al excivil de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien recibió una pena de diez años de prisión. El juez Adrián Grünberg quedó en minoría al entender que le correspondía una sanción penal a Etchebarne. Los fundamentos de la decisión recién se conocerán el 7 de junio próximo.

 
El miércoles pasado se conoció el sobreseimiento de Tasselkraut decidido por la jueza de San Martín Alicia Vence. La magistrada entendió que no había elementos que permitieran vincular al entonces gerente de producción de la automotriz con siete privaciones ilegales de la libertad que habían sido individualizadas por la fiscalía al momento de plegarse al pedido de las querellantes para indagar a Tasselkraut.

El caso Mercedes Benz
Tasselkraut fue mencionado por Héctor Ratto desde su primera declaración ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). A Ratto se lo llevaron de la propia fábrica el 12 de agosto de 1977. En ese ínterin, escuchó que el entonces gerente de producción proporcionaba un domicilio de otro compañero de trabajo, Diego Núñez, que había sido secuestrado días antes, liberado y sería desaparecido al día siguiente.

 
Para la jueza, no hay elementos que indiquen que Tasselkraut colaboró activamente. El exgerente pidió su sobreseimiento en dos oportunidades: en 2003 y en 2016. El 1 de abril, cuando se presentó a indagatoria, dejó un escrito y únicamente se ufanó de haberle “salvado” la vida a Ratto.

Vence fue la jueza que procesó a los exdirectivos de la Ford, cuyo caso diferenció tajantemente del de Mercedes Benz a la hora de desvincular a Tasselkraut –quien, al igual que Blaquier, es defendido por Valerga Aráoz. Al momento de llamar a indagatoria a Tasselkraut, también había convocado a Rubén Pablo Cueva, referente de legales de la empresa, pero llegó la respuesta de que había fallecido. Cueva fue el que reconoció que la empresa hizo una donación para el servicio de neonatología del Hospital Militar de Campo de Mayo –campo de concentración al que fueron llevados trabajadores de la Ford– y una exsecretaria suya recordó la presencia de un militar de apellido Valín en la oficina de Legales. Alberto Alfredo Valín comandó el Batallón de Inteligencia 601 y después estuvo al frente de la Jefatura II de Ejército, máximo órgano de inteligencia de la dictadura.

Sol Hourcade, coordinadora de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera que hubo una valoración aislada o fragmentada de las pruebas a la hora de resolver la situación de Tasselkraut. “Todas las pruebas recolectadas con respecto a los aportes de Mercedes Benz son claras y permiten atribuir responsabilidad a Tasselkraut”, explicó a Página/12 y confirmó que desde el organismo trabajan en la apelación. “Hubo mucha demora a la hora de llamar a indagatoria por parte del juzgado y ahora habrá que sumarle la demora en la etapa recursiva”, resaltó. “Vemos ciertas resistencias en el Poder Judicial, sobre todo en los casos de los responsables económicos, quienes aún hoy detentan algún tipo de poder en la sociedad”.

Para Guadalupe Godoy, abogada querellante por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), “la pandemia generó mejores condiciones para la estrategia de dilatar el tratamiento de las causas de lesa humanidad y las de responsabilidad empresarial en particular”. Sin embargo, al igual que Hourcade, destacó que se haya creado en la Secretaría de Derechos Humanos un área que permitió fortalecer la investigación y el impulso de causas en esta materia.

Activar otros mecanismos
“Nos resulta llamativo que un sector del Poder Judicial avance en sobreseer a los cómplices de la responsabilidad empresarial, que son los verdaderos artífices del terrorismo de Estado y quienes se beneficiaron”, dice Pisoni.

“Es necesario –reclama el integrante de HIJOS– activar otros mecanismos, como, por ejemplo, la Bicameral de investigación de las responsabilidades empresariales, que es una ley que se votó en 2015”. CFK promulgó la ley de creación de la comisión en el último acto que encabezó como presidenta en la exESMA en diciembre de ese año. “La Comisión Bicameral podría aportar nuevas pruebas, sería un nuevo impulso para las investigaciones y contemplaría elementos para la no repetición”, apunta Hourcade.

Días atrás, además, se señalizó como centro clandestino otra empresa, Acindar, y semanas atrás el Estado argentino reconoció su responsabilidad frente al secuestro del operario de la Ford Pedro Troiani y se comprometió a acompañar las acciones civiles y laborales, lo que probablemente abrirá otro debate en los tribunales.