Por el aumento de los costos de producción y debido a que vendieron la cosecha a precio de preguerra.
Política02 de mayo de 2022
Colaborador
Cuando se abrió la ronda de preguntas al ministro de Economía, Martín Guzmán, los empresarios que lo habían escuchado durante 40 minutos en el exclusivo hotel Llao Llao, en Bariloche, apuntaron especialmente a un proyecto en particular: pidieron detalles de cómo piensa cobrar el Gobierno un aporte sobre la “renta inesperada”. Según supo Ámbito, hubo insistencia con este asunto y el funcionario tuvo que responder al menos tres veces sobre el proyecto. Allí, en una sala con sillones y un pequeño escenario con una pantalla de fondo que permitió a Guzmán proyectar una serie de “filminas” albertistas, el ministro aseguró que estiman que menos del 1% de las empresas deberán hacerle frente al pago durante el ejercicio de 2023. En los pasillos del hotel, la comitiva oficial contó a este diario algunos detalles extras.
Según las estimaciones previas que realizaron los funcionarios, sobre todo mirando los balances de algunas compañías, no habría ningún productor agropecuario que esté alcanzado por el tributo. La explicación oficial se basa en dos motivos: primero, porque si bien los precios de commodities internacionales pegaron un salto debido a la guerra en Ucrania, también se registraron aumentos en los costos de producción (por ejemplo fertilizantes y logística); segundo, porque muchos de los productores vendieron su producción antes de que comience la guerra y a un “precio preguerra”, por lo cual -aseguran- “a la renta la tienen otros”. “Es probable que sean las exportadoras”, proyectaron desde la comitiva.
El proyecto de renta inesperada fue anunciado por Guzmán el 18 de abril. En un acto en Casa Rosada, sentado al lado del Presidente Fernández, el economista informó que se pagaría un “refuerzo de ingresos” (en el gobierno se niegan a ponerle nombre para no dar una idea de continuidad al bono) y, al mismo tiempo, el proyecto de la renta inesperada. Según dijo Guzmán en ese momento, “se establecerá una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado”. “Se enfoca en un conjunto de empresas que tienen ventas netas imponibles altas en términos absolutos”, dijo, y al instante le puso cifras: serán las empresas que hayan tenido ganancias de más de $1000 millones de pesos en el año.
Empresarios
Quienes lo escuchaban en el Llao Llao son dueños de las empresas que tienen una alta probabilidad de quedar alcanzadas por ese aporte. En la tribuna estaban, entre otros, el dueño de casa Eduardo Elsztain (IRSA y Cresud), Marcos Galperin (Mercado Libre), Roberto Murchison (presidente de IDEA), Martín Migoya (Globant), Federico Braun (La Anónima), Carlos Miguens y Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Verónica Andreani y Karina Román. El contrapunto fue interesante, porque los presentes aseguraron que la presión impositiva desalienta las inversiones, mientras que el ministro les respondió que bajar los impuestos no se traduce de manera directa en un aumento de la producción. ¿Qué pasará con las empresas energéticas, que también registran un aumento del precio por el shock internacional? Según contaron quienes conocen la letra chica del proyecto, “con las energéticas hay que ver caso por caso, porque hay muchísima heterogeneidad”. “Queremos promover un escalamiento de la inversión en el sector energético, así que esta es una oportunidad para invertir, porque es más caja, y si se reinvierte la contribución es menor”, aseguraron.
Fuente: Ámbito
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