La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.
Política10 de junio de 2025
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La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) publicó un comunicado enérgico tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia ratifica una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ENAC calificó esta resolución como un verdadero “golpe de Estado judicial”.
Según el comunicado difundido por la entidad empresaria, el fallo no representa una decisión judicial imparcial, sino una operación política impulsada por el poder económico y sectores de la “casta judicial”. Desde ENAC sostienen que esta maniobra busca disciplinar a la dirigencia popular y condicionar el rumbo democrático de la Argentina.
La organización empresaria denuncia que se trata de una estrategia para proscribir, criminalizar y estigmatizar a quienes defienden los intereses de las mayorías nacionales, en clara alusión al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y su espacio político.
ENAC advierte que la Corte Suprema, al convalidar una sentencia “viciada de nulidad”, se ha alineado con los intereses de los sectores económicos más concentrados. Según el comunicado, el máximo tribunal actúa como “brazo ejecutor” de un modelo económico excluyente, promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), grupos financieros internacionales y actores locales afines.
Para ENAC, este modelo es incompatible con el desarrollo nacional, perjudica a las pymes y profundiza un proceso de recolonización económica que afecta la soberanía productiva de la Argentina.
En un llamado institucional sin precedentes, ENAC exige la renuncia inmediata de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según la organización, su permanencia en el máximo tribunal es incompatible con un sistema democrático sano y transparente.
La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner generó una inmediata reacción en las calles, con movilizaciones y actos de apoyo en distintos puntos del país. Además de las concentraciones frente a la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires y en la puerta del domicilio de la expresidenta en el barrio de Constitución, miles de personas se manifestaron en plazas y espacios públicos de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Chaco. En muchas de estas convocatorias participaron organizaciones sociales, políticas, sindicales y empresariales, que denunciaron una avanzada judicial contra la democracia y llamaron a defender el Estado de derecho. Las movilizaciones reflejan el alto impacto político y social del fallo, así como la polarización que sigue marcando la agenda pública en Argentina.
En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner había presentado ante la Corte Suprema una serie de planteos cuestionando la legalidad y legitimidad del proceso judicial en su contra. La expresidenta denunció la falta de imparcialidad del Tribunal Oral Federal N.º 2, la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política —en el marco de un esquema de lawfare— y la violación de sus derechos constitucionales. También señaló que el expediente carecía de pruebas directas que acreditaran su participación en los hechos y que la acusación fue construida con motivaciones políticas y mediáticas. En su argumentación, advirtió que el objetivo de la causa era proscribirla y condicionar el funcionamiento democrático del país.
La crisis desatada por la estafa cripto de Javier Milei escaló a un nuevo nivel. En una de sus horas más difíciles como presidente, Cristina Fernández de Kirchner lo acusó directamente de ser un "estafador". Mientras tanto, la desconfianza crece y su gobierno enfrenta un derrumbe político y financiero sin precedentes.
El fraude cripto de Javier Milei no solo generó sospechas de corrupción y manipulación de mercado, sino que ahora impacta de lleno en la economía real. El índice S&P Merval se desplomó casi un 6 %, en una jornada marcada por la incertidumbre y el temor de los inversores.
El presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó su cuenta oficial de Twitter para promocionar una criptomoneda sin regulación. Tras el escándalo y las denuncias de fraude, borró su mensaje entre insultos y excusas. Mientras tanto, la empresa detrás del token intenta despegarse de la polémica.
El discurso ultraconservador y homofóbico de Javier Milei en el Foro de Davos provocó una reacción inmediata en Argentina. Más de 500.000 personas se movilizaron en una histórica marcha que visibilizó el repudio popular a la agenda del gobierno y dejó en evidencia su incapacidad para anticipar o contener el descontento social. Además, entidades empresariales pymes se sumaron al rechazo, denunciando los efectos negativos de las políticas oficiales en la producción y el empleo.
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La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.
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