El titular de la central empresaria bonaerense con Macri, Dietrich e Iguacel presionó para quitarle la concesión de una autopista al Grupo Indalo. Asociación ilícita es la causa madre.
Tras la obtención de la conformidad de sus acreedores, la Justicia dispuso el fin de la quiebra de Oil Combustibles, a la que fue empujada a partir de la asfixia financiera a la que fue sometida durante el gobierno de Mauricio Macri. A continuación el comunicado de la compañía:
El empresario y accionista del Grupo Indalo narró la persecusión que vivió durante el gobierno de Mauricio Macri. "Querían eliminar a los que opinaban distinto y buscaron robarnos las compañías", dijo.
Se trata de una estructura ilegal montada dentro del organismo recaudador. El testigo dijo que no había antecedentes de ese tipo de control.
Le fijaron una caución de 50 millones de pesos. El titular de Electroingeniería aseguró que "el juicio de los Cuadernos no va a arrancar nunca, como el de la AMIA, me dijeron mis abogados". La misma decisión podría tomar el tribunal esta semana con respecto a los dueños del Grupo Indalo.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.