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¿Un oficina anticorrupción corrupta?

Laura Alonso contrató por $1 millón anuales a una consultora del PRO y lo intentó ocultar.Una maniobra escandalosa de la titular de la Oficina Anticorrupción. El rol clave de Federico Pinedo.

Informes y encuestas 16 de julio de 2018 Editor Editor
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Laura Alonso contrató por $1 millón anuales a una consultora del PRO y lo intentó ocultar.

Es una maniobra escandalosa de la titular de la Oficina Anticorrupción. Está hasta Federico Pinedometido en la jugada.

Alonso contrató para la Oficina Anticorrupción (OA) a la consultora Consuasor por $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluyen prensa y manejo de redes. Así lo reveló el portal Letra P.

"Esa tarea fue llevada a cabo al menos durante todo 2017 y avanzado 2018 por personal de la consultora prohijada por el Pro, que no figuraba en los registros de la OA. Para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por un monto mensual de $44.000 y $38.500, respectivamente, lo que anualizado suma $990.000", revela.

Sin embargo, quienes llevaban a cabo las tareas excedían a la dupla contratada. Por ejemplo, la coordinadora de Comunicaciones de Consuasor, Belén Alcacer, no figuró entre los abonados por la OA pese a que ejercía funciones como responsable de prensa de Alonso, según documentos obtenidos por Letra P.

Antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno, Consuasor había trabajado para el bloque del PRO en Diputados (de la mano de Pinedo) y, más tarde, para el partido.

"La responsable de Transparencia, Alonso, intentó esconder el vínculo con Consuasor mediante un artilugio al que no se animó ninguno de sus colegas en el equipo de Macri", informa la nota firmada por el periodista Sebastián Lacunza.

"Mediante una nota fechada el 11 de abril pasado y firmada por la Dirección de Gestión Documental del Ministerio Justicia, la OA procuró negar la información sobre el pago a Sosa Liprandi y Giúdice porque podría afectar “la protección de datos personales”. Es decir, a sabiendas de que se trataba de una contratación irregular, Alonso apeló a un recurso absurdo, a contramano de las más elementales prácticas de transparencia, para tratar de bloquear la información. Solo logró demorarla varias semanas", cuenta el portal.

"Tras tomarse más de un mes para revisar archivos, Alonso informó el 2 de marzo que no tenía en sus registros pagos realizados a Consuasor. Ante un nuevo recurso, dos meses más tarde, el 7 de mayo, llegaría la confirmación de que los contratados eran en realidad los dueños de la firma, Sosa Liprandi y Giúdice, por los montos detallados más arriba", cierra.

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