El Gobierno investiga a Acindar por presunto abuso de posición dominante

Así lo informó hoy la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) al dar a conocer el proceso de investigación solicitado por el secretario de Comercio, Miguel Braun, en abril de 2017.

De la investigación preliminar surgió, hasta el momento, que la compañía tendría una "posición dominante en el mercado de aceros no planos y habría indicios de que podría estar abusando de ello".

Acindar envió un comunicado en el que señala que puso a disposición de la Comisión "toda la documentación a su alcance para una rápida y eficaz resolución de la cuestión".

"La compañía lleva adelante un programa de 'compliance' con los más altos estándares internacionales en materia de cumplimiento de prácticas comerciales", señaló la siderúrgica.

Dijo que "ratifica su política de trabajo en la industria local, ajustada -desde hace más de 75 años- a todas las normativas de mercado vigentes y con estricta vigilancia de las prácticas legales tanto en la Argentina como en todos los países en los que tiene intereses comerciales".

La Comisión de Defensa de la Competencia indicó que Acindar cuenta con una "participación estable en la producción nacional del 68 por ciento, según el promedio obtenido entre 2013 y 2016".

Asimismo, el informe de la oficina pública indica que "el 65% de la distribución de la producción de Acindar está en manos de firmas que tienen contratos de exclusividad con la acería".

"Se trata de un sector, el de la construcción, que es de gran importancia en la actividad económica y el empleo en la Argentina", dijo el presidente de la CNDC, Esteban Greco, al argumentar la causa del inicio de la investigación.

Los aceros no planos son un producto con fuerte incidencia en la industria de la construcción, destacándose las barras de acero para hormigón armado (varillas corrugadas) que representa alrededor del 40% de las ventas de aceros no planos en la Argentina.

La acería, señaló Greco, tiene efectos sobre toda la economía, por lo que toda medida que logre mejorar las condiciones de competencia del mercado tiene una "gran relevancia".

En el mercado también operan las empresas Sipar, Acerbrag y Zapla; en tanto, las importaciones tienen una participación de entre 11 y 12 por ciento en el mercado.

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Además, el funcionario indicó que los precios de la empresa en el mercado interno llegaron a estar hasta un 40 por ciento por encima de la Paridad de Importación, por lo que se están buscando las causas para establecer si hubo "sobreprecios".

De ahora en más, la investigación se enfocará en la actividad de Acindar y se iniciará la recopilación de informaciones de carácter no público de la propia empresa y sus distribuidores, del resto de los proveedores de aceros no planos y de consumidores potencialmente afectados.

La investigación buscará constatar si hay o no abuso de posición dominante por parte de Acindar, particularmente como efecto de los contratos de distribución exclusiva que mantendría con los distribuidores.

Eso podría dificultar la entrada de importaciones a menores precios, por la imposibilidad de acceder a gran parte de la red de distribución ya establecida o que dificulte a los distribuidores bajar sus precios.

El análisis podría derivar en multas y/o recomendaciones de medidas gubernamentales pro-competitivas, ambas tendientes a lograr precios competitivos en los aceros no planos utilizados en la construcción y en otras actividades económicas.

Si al finalizar el proceso investigativo se detecta que hay una violación a la Ley de Defensa de la Competencia, la empresa podría ser multada por hasta el 30 por ciento de la facturación global de la compañía multiplicada por la cantidad de años en los que haya cometido ese ilícito.

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Otra alternativa es una multa que equivalga al doble del beneficio presuntamente obtenido de forma ilícita, lo cual – según Greco- es complejo porque "se trata de un análisis más contrafáctico".

Si ninguna de esas dos multas son posibles de aplicar por alguna cuestión excepcional, el Gobierno podría establecer "un valor explícito" de hasta 200 millones de "unidades móviles", las cuales tienen un precio de 20 pesos por unidad. En ese último caso, la multa podría ascender a los 4.000 millones de pesos.

Fuente: Iprofesional