Nuevo desafío: las pymes, el nuevo gobierno y la búsqueda de la unidad

Con tantas entidades que se atribuyen la representación de las pymes, hallar un interlocutor se ha vuelto un problema. Semejante fragmentación suele provocar percepciones caprichosas. El gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, tardó casi dos años hasta que pudo inclinarse por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). Eso sí, lo logró tras un proceso que terminó con la salida abrupta de Osvaldo Cornide, quien fuera su presidente durante 16 años. Alberto Fernández también busca a su aliado en ese sector e instruyó a Matías Kulfas a que encuentre un dirigente capaz de aglutinar ese entramado y sentarlo a la mesa del acuerdo de precios y salarios.

En la Argentina hay unas 900.000 pequeñas empresas, de las cuales el 30% son comercios. Y apenas el 20% de esos empresarios están asociados a alguna entidad Pyme.

Así las cosas, Kulfas sugirió el armado de una mesa pyme. Con una realidad que las está dejando sin aire la iniciativa tomó cuerpo enseguida. Después de todo, la actividad cae desde hace 24 meses, las fábricas trabajan al 50% de su capacidad, hay cierre de comercios, deudas impagables, y una altísima presión impositiva. La mesa ya se reúne todos los jueves en una sede prestada de Puerto Madero.

En paralelo, Osvaldo Cornide volvió al ruedo al compás del resultado electoral. Este dirigente que tuvo muchísima proximidad con las administraciones Menem y de Cristina, es investigado judicialmente por supuesta defraudación. Según trascendió de sus encuentros con Eduardo “Wado” de Pedro, Cornide volver a ser el interlocutor del sector.

El dato no pasó inadvertido para la dirigencia actual de CAME, presidida por Gerardo Díaz Beltrán que descansa en su secretario general, José Bereciartúa, de estrechos lazos con la Casa Rosada.

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Por eso resultó muy curioso que CAME se uniera a CGERA, de escasa representatividad y bajo la batuta de Marcelo Fernández, un kirchnerista de la primera hora, para darle vida a la agónica CGE, fundada en 1952 por José Ber Gelbard quien se convertiría en 1973 en ministro de Perón. Esta vez y con la excusa de una normalización, CAME Y CGERA, impusieron una nueva mesa directiva en la CGE en la dirección de Roberto Marquinez. La acción fue descripta por algunas entidades como “intervencionista y poco entendible”.

¿Qué justifica estos movimientos? No sólo intentarían destacarse para posicionarse en la relación con el gobierno que asumirá en diciembre. También están en disputa jugosos y millonarios recursos.

CAME recibe unos $ 70 millones mensuales de un aporte de 0,5% sobre la plantilla salarial de los empleados de comercio. El objetivo del ingreso es la capacitación pero los fondos exceden ese propósito. De acuerdo con las federaciones que integran CAME, esos aportes deberían distribuirse 60% para los distritos y 40% para la actividad gremial empresaria de la propia CAME, “algo que raramente sucede”, deslizan sus dirigentes.

La entidad, además, forma parte en un 50% del Instituto Asegurador Mercantil con el Sindicato de Comercio y participa de la aseguradora La Estrella que suministra un seguro de retiro obligatorio para los empleados de comercio. Lo que se dice una clientela cautiva.

“No será fácil identificar al interlocutor y sería un error elegir a dedo una entidad o un nombre que se adjudique la representación, hay que dejar que el sector Pyme encuentre los consensos necesarios”, asegura Arturo Stabile de Comercios Activos que integra la flamante Mesa Nacional de Unidad Pyme en “un esfuerzo de unificar criterios”.

Stabile reconoce que uno de los legados de la administración Macri es la ley Pyme que facilitó la creación de sociedades en tiempo récord y estableció un tratamiento diferencial en impuestos e incentivos. Pero advierte que “ningún gobierno ha podido generar un clima de negocios favorable al desarrollo de las pequeñas y medianas industrias y comercios y esto es porque se aplican medidas generales que no atienden la segmentación”, dijo a Clarín.

En esa Mesa de los jueves propuso una agenda sencilla: “Amplia moratoria impositiva con condonación de deudas hasta un millón de pesos, simplificación impositiva e incentivos para blanquear personal y tomar gente y la creación de un dólar productivo diferenciado del dólar para turismo o atesoramiento”. ¿Lo tomará en cuenta Alberto Fernández? 

Fuente: Clarín