Después de 12 días de manifestaciones masivas, disturbios y violaciones de los derechos humanos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ahora debe encontrar una salida a la crisis que ha afectado a Chile .
Economía - Internacional02 de noviembre de 2019
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Los analistas han interpretado correctamente la ola de protestas como un reflejo de descontento con las desigualdades materiales, políticas y sociales engendradas por el modelo económico impuesto por el ex dictador del país Augusto Pinochet .
Ese modelo desreguló los mercados y privatizó los sistemas de seguridad social, y fue ampliamente emulado por otros países de la región.
Ahora el gobierno de Piñera tiene la oportunidad de transformar el agotado modelo chileno y sentar las bases de un verdadero estado de bienestar, lo que le da a Chile la oportunidad de convertirse en un país genuinamente desarrollado, no uno que simplemente ha visto un aumento en el PIB per cápita.
Chile es conocido por su desigualdad de ingresos: la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en los últimos años, ya que la riqueza combinada de sus multimillonarios es igual al 25% de su PIB .
Pero la desigualdad es multidimensional: la tasa de empleo de Chile languidece en un 55%, mientras que las condiciones de empleo son tan precarias que el 50% de la fuerza laboral no puede acumular suficientes ahorros para financiar una pensión mínimamente adecuada.
El treinta por ciento de los contratos formales son a corto plazo y duran un promedio de solo 10 meses, intercalados con largos períodos de desempleo , dejando a los trabajadores a un paso de la pobreza si se enferman o quedan desempleados .
Se sienten excluidos e ignorados por el poder político, que está altamente concentrado entre la élite. Se sienten engañados y explotados por empresas y minoristas, que tienen precios fijos para los bienes de consumo básicos.
Muchos chilenos viven con altos niveles de deuda y, por lo tanto, pagan más por los mismos servicios (como educación superior o atención médica) que las personas ricas, que obtienen descuentos porque pueden pagar en efectivo.
Pero quizás lo más importante es que se sienten discriminados y humillados en todas estas áreas mientras luchan con servicios públicos inadecuados que no logran nivelar el campo de juego.
El resultado es que las expectativas de una vida mejor y más segura han superado las oportunidades de movilidad social que ofrece el modelo chileno.
A estas alturas, debería ser obvio que en un país (afortunadamente) equilibrado fiscalmente, estas desigualdades no pueden superarse remendando las deficiencias del modelo económico a través de los limitados recursos fiscales del país, que se han estancado en aproximadamente el 20% del PIB , en comparación con el promedio de la OCDE de 34%.
Las reformas como el aumento de los salarios mínimos o las pensiones a través de los recursos fiscales no lograrán hacer mella en las desigualdades generadas por los sistemas privatizados de protección social que apenas comparten el riesgo entre sus beneficiarios.
Tampoco ayudarán a los trabajadores informales, que requieren desesperadamente un crédito tributario por ingreso del trabajo para motivarlos a participar en un empleo formal y estable, al tiempo que dan un impulso redistributivo significativo a su ingreso disponible.
El legado del modelo económico de Pinochet subyace en los sistemas de protección social existentes en gran medida porque las élites políticas se han negado a contemplar cambios estructurales.
Una proporción significativa de las contribuciones a los sistemas sociales ahora debe destinarse a compartir el riesgo por igual entre la población para que los ricos y los pobres puedan recibir el mismo nivel de atención en los hospitales, recibir pensiones que garanticen la seguridad de la vejez y tengan las mismas posibilidades de obteniendo una buena educación.
Esta es la premisa básica de los servicios públicos, tal como existen en todos los países desarrollados del mundo.
Pero las reformas estructurales son difíciles de implementar en cualquier país, especialmente cuando el gobierno no tiene una mayoría en el Congreso. Lo más importante, requieren un consenso social y político.
La rabia que sienten los jóvenes marginados explica, aunque no justifica, la violencia que estalló durante las protestas, y está acompañada por una fuerte disminución de la credibilidad y la confianza en las instituciones, incluidos todos los partidos políticos.
Piñera ahora tiene una tremenda oportunidad de generar el tipo de pacto social que podría sostener tales reformas, según lo solicitado por representantes de más de 300 líderes de la sociedad civil .
Esta semana, dio un paso importante en esta dirección al reorganizar su gabinete para incluir ministros más jóvenes y más liberales , que tienen la capacidad de pensar creativamente, establecer un diálogo social y relacionarse con la sociedad civil de una manera que genere un nuevo pacto social. Sin embargo, no deberían estar solos en esta tarea.
Los políticos de todo el espectro político deben apoyar ese pacto. Pero dependerá del presidente liderar al país en este proceso y aprovechar la oportunidad que ha generado esta crisis.
Fuente: The Guardian
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