La cámara de supermercados chinos Casrech presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) un pedido de auditoría por presuntas "inconsistencias" en el manejo de los fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap) por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La presentación fue promovida por Lei Ting, presidente de Casrech ante el organismo oficial. Denuncia “la irregular administración y distribución de los fondos del INACAP para el Fortalecimiento y Capacitación de las Entidades Gremiales asociadas que se origina al darse un marcado apartamiento a las facultades, formalidades y procedimientos establecidos en el Estatuto Social de CAME, para la administración de dichos fondos durante el periodo 2018 – 2019”, cita el escrito.
“Ocurre que las decisiones atinentes a tales fondos son tomadas por una “minúscula cúpula de dirigentes” y no por el órgano establecido por el Estatuto Social a tales fines”, completa.
Además, la presentación reclama que se proceda a formular una investigación completa, “atinente a la administración irregular por parte de la C.A.M.E. y de los fondos provenientes del INACAP para el Fortalecimiento y Capacitación de las Entidades Gremiales asociadas.
Además, advierte que podría efectuar una denuncia penal “en virtud de la posibilidad de incurrir los denunciados, en el delito de defraudación, por malversación de fondos, de conformidad a lo normado por el art. 173, inciso 7° del Código Penal y normativa concordante”.
Los fondos, que según Casrech son más de 1.000 millones de pesos al año, deben distribuirse con la aprobación del consejo directivo de CAME, que "está conformado por 90 miembros". Sin embargo, según la denuncia "el proceso de toma de decisiones por el cual se distribuyen los fondos del Inacap sólo involucraba a tres de sus integrantes" de la cúpula directiva de la entidad.
Estos fondos se conforman por el aporte que hacen las empresas al Inacap del 0,5% de los sueldos de trabajadores formales de comercio y servicios
Fuente: Ambito
La crisis desatada por la estafa cripto de Javier Milei escaló a un nuevo nivel. En una de sus horas más difíciles como presidente, Cristina Fernández de Kirchner lo acusó directamente de ser un "estafador". Mientras tanto, la desconfianza crece y su gobierno enfrenta un derrumbe político y financiero sin precedentes.
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El presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó su cuenta oficial de Twitter para promocionar una criptomoneda sin regulación. Tras el escándalo y las denuncias de fraude, borró su mensaje entre insultos y excusas. Mientras tanto, la empresa detrás del token intenta despegarse de la polémica.
El discurso ultraconservador y homofóbico de Javier Milei en el Foro de Davos provocó una reacción inmediata en Argentina. Más de 500.000 personas se movilizaron en una histórica marcha que visibilizó el repudio popular a la agenda del gobierno y dejó en evidencia su incapacidad para anticipar o contener el descontento social. Además, entidades empresariales pymes se sumaron al rechazo, denunciando los efectos negativos de las políticas oficiales en la producción y el empleo.
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