Su sanción se propicia casi en simultáneo a la presentación del Presupuesto Nacional 2021, base sobre la cual se calcularán los recursos del FONDEF para el próximo año. Una decisión política de avanzar en la recuperación de capacidades materiales de nuestras Fuerzas Armadas.
Política17 de septiembre de 2020
Colaborador
En noviembre de 2019, cuando el Presidente de la Nación electo Alberto Fernández se encontraba diseñando su gabinete de ministros, el entonces diputado nacional por Santa Fe Agustín Rossi presentó un proyecto de Ley que proponía la creación del Fondo de la Defensa Nacional (FONDEF).
El fondo se constituiría a partir de porcentajes crecientes entre los años 2020 y 2023, calculados en base al Presupuesto Anual, con una asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Con importantes apoyos de todo el arco político, el proyecto fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados al filo del recambio del gobierno nacional, donde Rossi tendría un lugar protagónico como Ministro de Defensa.
Este miércoles 16 de septiembre de 2020, tras meses de ordenamiento fiscal externo y nada menos que con la pandemia a cuestas, el Senado le dio sanción a la ley, votada por unanimidad.
De esta manera, la Ley FONDEF se inscribe en la tradición democrática de fuertes consensos parlamentarios en torno a la política de defensa nacional, las misiones del Instrumento Militar, el rol para con la seguridad interior y la inteligencia nacional y, en esta oportunidad, con la constitución del fondo de financiamiento.
Sin embargo, esta ley no debe observarse como un hecho aislado. Su sanción se propicia casi en simultáneo a la presentación del Presupuesto Nacional 2021, base sobre la cual se calcularán los recursos del FONDEF para el próximo año. Una decisión política de avanzar en la recuperación de capacidades materiales de nuestras Fuerzas Armadas.
Pero como esta medida trascendente, también podemos mencionar otra serie de hechos destacables en la gestión, que partieron de una clara convicción de gestionar políticamente un área clave del Estado, resolviendo deudas pendientes y posicionando la política de defensa desde los intereses nacionales.
El abordaje de la pandemia es uno de los casos más notables. El despliegue de tropas en todo el país y el empleo de medios de transporte, los hospitales, la producción de insumos médicos y sanitarios, la repatriación de compatriotas desde el exterior, representa un esfuerzo que continúa en pos de proteger la vida de los argentinos y las argentinas.
Asimismo, en el ámbito de la gestión de la política de defensa, por Decreto del Presidente de la Nación Alberto Fernández se restableció el espíritu de la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554 y su decreto reglamentario 727/2006 y se derogó la Directiva de Política de Defensa Nacional del año 2018, volviendo al consenso histórico sobre el rol de las Fuerzas Armadas orientadas a la defensa exterior.
Del mismo modo, Alberto Fernández ordenó al Ministerio de Defensa formular la nueva directiva de defensa. Mientras tanto, dos comisiones ministeriales, integradas por civiles y militares, con la participación de las expresiones políticas del oficialismo y de la oposición, se encuentran debatiendo reformas a las Leyes de Personal Militar y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, un marco normativo para la defensa del Siglo XXI.
Por otro lado, el Presidente de la Nación decidió el blanqueo de los conceptos no remunerativos al salario militar, para personal en actividad y retirado, saldando una deuda histórica para con el personal de las Fuerzas Armadas.
La industria de la defensa retomó una concepción de valorización de las capacidades productivas y de investigación y desarrollo tecnológico nacionales, así como la coordinación con otros ministerios y organismos nacionales para llevar a cabo programas y políticas que son de interés del Estado nacional. Entre los lineamientos centrales que sobresalen, se destacan la preservación de la soberanía y los recursos naturales en el Atlántico Sur, la ininterrumpida presencia en la Antártida, el acompañamiento a la política sobre la Cuestión Malvinas, el abordaje de emergencias como los incendios en el litoral, la provisión de agua potable y de atención médica en distintas provincias del país, en coordinación con las autoridades provinciales y locales.
En el ámbito regional y global, se recuperó la iniciativa de posicionar la política internacional de la defensa desde una postura que se centra en los intereses vitales y estratégicos de la República Argentina, así como la búsqueda de puntos de acercamiento y encuentro con los países de la región y del mundo para afianzar los vínculos bilaterales y multilaterales en la defensa.
De la misma manera, se designaron nuevas autoridades en la Universidad de la Defensa Nacional, con iniciativas de mejorar la oferta académica al ámbito civil y militar buscando alcanzar niveles de excelencia en el campo de la defensa. En igual modo, la gestión ministerial revalorizó el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano, como ámbito de debate e investigación de problemáticas estratégicas.
Muchas de estas decisiones y acciones de gobierno eran temas pendientes y esta gestión puso manos a la obra desde los primeros días en el Ministerio. El financiamiento era uno de estos temas clave, y, producto de la gestión de este gobierno, las argentinas y los argentinos contamos desde hoy –casualmente, a 65 años del derrocamiento del gobierno del Presidente Juan Perón- con una Ley FONDEF que construye un horizonte de certezas para la defensa nacional.
Fuente: El País Digital
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