ESPAÑA: Despedir y repartir dividendos implicará la devolución de las ayudas por la Pandemia

Por: Nicolás Salerno en exclusiva desde Madrid

Luego de varias semanas de negociaciones, la CEOE -Confederación Española de Organizaciones Empresariales-, principal gremial de empresas españolas, y la CEPYME, que agrupa a las pequeña y medianas empresas, firmaron junto con los sindicatos y el gobierno un acuerdo que prorroga los ERTE de más de 756.000 trabajadores, procedimiento similar al Proceso Preventivo de Crisis y principal medida de contención ante las restricciones por la pandemia, a pesar de las fuertes resistencias iniciales de la CEOE respecto a la prohibición de despedir personal hasta seis meses luego de haber culminado éste y que, se estima en principio será hasta el 31 de mayo próximo, bajo pena de tener que devolver la totalidad de las ayudas recibidas.

Cabe destacar que, en el sistema español, los ERTE implican la suspensión temporal en el puesto de trabajo, con cobro de un seguro por desempleo que se conforma por las aportaciones de ambas partes, el cual va descontando de una “bolsa” según el tiempo aportado, y que desde el inicio de la pandemia se ha suspendido esa limitación junto al porcentaje que se percibe, manteniéndose fijo en el 70% del salario en vez de disminuir. Todo ello ha representado según algunos analistas una erogación para el estado de más de 62 mil millones euros, a lo que habría que sumarles 5 mil millones más, de acuerdo con las estimaciones aportadas por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los cuales han sido financiados en su mayoría mediante la emisión de bonos que a su vez han sido comprados por el Banco Central Europeo para evitar impactos en las primas de riesgo. 

El Gobierno extiende por 90 días la prohibición de despidos y hasta fin de año la doble indemnización

Por todo ello, la Ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño se mostró inflexible en este punto que sensible a la recuperación económica del país ibérico, el cual es tras Italia el mayor beneficiario de las ayudas sociales del fondo comunitario recientemente aprobado y que ata el desembolso al plan de recuperación, en un país donde las tasas de desempleo llegaban al 13,78% a fines del 2019 y treparon hasta el 16,26% al tercer trimestre de 2020, último dato disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas, y donde según una encuesta de este mismo organismo, solo uno de cada tres empresarios espera recuperar en 2021 el nivel de actividad previo al inicio del Covid. 

"Para empresarios, favorecemos ayudas y transmitimos certezas, y lo primero que hay que hacer es garantizar el tejido productivo tal y como lo tenemos en la actualidad", manifestó la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras trasladar a los trabajadores calma y dejar claro que de esta crisis no se puede salir con más pobreza, precariedad o de peores condiciones. En la misma línea, se manifestaron mediante un comunicado los representantes de la CEPYME, quienes han expresado que este mecanismo "es una herramienta irrenunciable" para sectores gravemente dañados por esta crisis como comercio, hostelería, turismo y transporte, conformados mayoritariamente por pymes. Asimismo, han reiterado la necesidad de aprobar un paquete de ayudas que acompañen a los ERTE al igual que sucede en el resto de los países europeos "para evitar la desaparición de miles de pequeñas empresas".

Entre las medidas que está afrontando el gobierno de Pedro Sánchez, se ha implementado además de la mencionada prohibición de despidos, la de repartir dividendos, realizar horas extras (atento a que el ERTE es por la caída significativa de la demanda), subcontratar y/o tercerizar actividades, o radicarse en paraísos fiscales. En paralelo, ha aumentado la participación de autónomos que se pueden acoger a la percepción del beneficio a la vez que suspende el pago de los aportes, simplificado los procesos de solicitud y renovación de suspensiones, disminuyendo tiempo y en consecuencia costos, y la propuesta de un futuro fondo tripartito para financiarlo con participación del estado que se sumaría a los aportes de trabajadores y empresarios.

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