Por estas horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a fiscalizar a los ultramillonarios que no cumplieron con el pago del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, destinado a paliar mediante asignación específica los efectos económicos y sociales de la pandemia.
En una primera tanda de exhaustiva fiscalización, la AFIP le apunta a 50 contribuyentes que están considerados como los hombres y mujeres más ricos de la Argentina, sobre un universo total de 13.000 personas alcanzadas por el tributo creado por ley del Congreso el 4 de diciembre de 2020. Puntualmente, los funcionarios de la AFIP realizan inspecciones en las empresas y los domicilios de los contribuyentes que no pagaron el impuesto a la riqueza y exigen documentación de la declaración jurada, acuse de presentación y comprobantes de pago correspondientes.
Los contribuyentes que están obligados tuvieron plazo para presentar la declaración jurada y realizar el pago único hasta el viernes 16 de abril, luego de que el vencimiento se prorrogara desde el anterior 31 de marzo. En tanto, quienes opten por el plan de facilidades de pago de hasta cinco cuotas pueden cumplir con el pago a cuenta hasta el próximo 28 de abril. Según estimaciones oficiales la recaudación total podría superar el objetivo planteado inicialmente de $200.000 millones.
El impuesto por única vez que grava el patrimonio de las personas físicas y sucesiones indivisas alcanza a quienes tienen un patrimonio de más de $200 millones, y establece una alícuota del 2%. Luego se sigue una escala en función del patrimonio: un 2,25% para fortunas de entre $300 millones y $400 millones; un 2,50% entre $400 millones y $600 millones; un 2,75% para quienes poseen entre $600 y $800 millones; un 3% entre $800 millones y $1.500 millones; un 3,25% entre $1.500 millones y $3.000 millones; y un 3,5% por encima de los $3.000 millones.
Desde que el presidente Alberto Fernández promulgó el 18 de diciembre del año pasado la ley 27.605 que establece el Aporte Solidario y Extraordinario se desató una rebeldía entre los contribuyentes con las fortunas más grandes del país. De hecho, en distintos juzgados del país se presentaron en total 170 amparos para no pagar el impuesto. En esta primera tanda de 50 fiscalizaciones, hay algunos que realizaron presentaciones judiciales.
En las presentaciones ante la Justicia, los contribuyentes plantean la inconstitucionalidad del Aporte Solidario y Extraordinario por considerar que implica el doble pago sobre el mismo supuesto de hecho y base de imposición que genera la obligación fiscal; la violación al derecho a la igualdad dado que la ley establece mayores alícuotas en relación con el patrimonio del exterior; y la transgresión al principio de no confiscatoriedad.
El 22 de marzo, una de las primeras resoluciones judiciales le dio la razón a un empresario. Ese día, la jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hizo lugar al amparo presentado por Alejandro Scannapieco, ejecutivo de Globant, y ordenó a la AFIP que se abstenga de cobrarle el impuesto.
En tanto que uno de los últimos en presentar un amparo fue el ídolo de Boca, Carlos Tevez, nacido y criado en Fuerte Apache, e investigado como socio de Mauricio Macri en el negociado de los parques eólicos. Otros de los nombres que buscan el aval de la Justicia para no pagar el aporte son el empresario Nicolás José Mc Loughlin; los directivos de Clarín Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro; los de La Nación Alejandro Saguier, Constancio Vigil y Matilde Noble Mitre.
También aparecen Pilar Pérez Companc, hija de Gregorio; e Inés Bárbara Bengolea heredera del imperio de Amalita Fortabat. Las resoluciones de los jueces vienen siendo dispares. Por caso, el pasado 21 de abril, la empresaria bodeguera y exdiputada del PRO, Susana Balbo, fue notificada del rechazo de su amparo contra el impuesto a la riqueza.
La lectura que hacen en el Gobierno es que son mayoritarios los contribuyentes que optaron por presentar la declaración jurada y pagar el Aporte Solidario. En tanto que los amparos presentados, que hasta el momento suman 170, representan apenas el 1,4% de las personas que están alcanzadas por la obligación del pago del impuesto extraordinario. Al respecto, fuentes del organismo explicaron que “son apelados todos los amparos que tengan el aval de la Justicia”.
Desde que entró en vigente en el impuesto, la AFIP avanza con la fiscalización sobre aquellas personas donde la no presentación de sus declaraciones juradas de Bienes Personales en 2019 constituye “un indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del Aporte”. En los casos en donde lo considere necesario, el organismo realizará denuncias penales por evasión agravada cuando no realicen el pago del Aporte.
Fuente: ambito
