La empresa Aeropuertos Argentina 2000 pidió el cierre mediante una carta. La misma a su vez, incluye el traslado de la operación comercial a Ezeiza
Taxistas del Aeropuerto de Ezeiza demandaron al Ministerio de Transporte de la Nación, al ORSNA y a Aeropuertos Argentina 2000 SA por discriminación. Guillermo Dietrich dictó la Resolución 12/2019 que consideran inconstitucional y pidieron su inaplicabilidad.
El Gobierno porteño implementó un sistema de tickets en el Aeroparque, pero como varias iniciativas anteriores del Intendente Horacio Rodriguez Larreta, parece que funciona peor que antes.
Avianca Argentina presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Producción y Trabajo para afrontar su situación financiera y evitar despidos
Un chofer registrado en la empresa UBER levantaba ilegalmente pasajeros en el Aeropuerto de Ezeiza y les robaba. Luego de atracar a una pareja de brasileros fue atrapado junto a sus cómplices.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.