La entrevista realizada en exclusiva por el medio "El cohete a la luna" cuenta sobre la mecánica extorsiva a la que son sometidos los dueños de Electroingeniería Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta.
Ferreyra está recluido en la colonia penal de Ezeiza. La entrevista fue realizada utilizando medios tecnológicos que los carceleros no detectaron y es transcripción fidedigna de la palabra del emprendedor privado de su libertad.
—¿Desde cuándo está detenido?
—Desde el 1° de agosto de 2018, en la causa Asociación Ilícita. Néstor Carlos Kirchner Cristina Elisabet Fernández.
—¿Lo tomó por sorpresa?
— No. Policía de civil había estado rondando mi casa y haciendo preguntas en la vecindad. Desde que Macri asumió la presidencia no ocultó su inquina contra la continuación de las represas en las que Electroingeniería forma parte del consorcio constructor con una empresa china.
Ferreyra es ingeniero, accionista minoritario, vicepresidente de Electroingeniería y miembro del comité de dirección de la UTE Represas Patagonia. Las represas fueron bautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (por el ex gobernador de Santa Cruz en 1973). Macri les cambió el nombre, por el de los accidentes geográficos donde están emplazadas, Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Esas represas constituyen la inversión extranjera más importante en la Argentina y la mayor obra pública en la que participan capitales chinos en el mundo.
En la primera semana de su presidencia Macri recibió a la viuda de Douglas Tomkins, Kristin, quien donó tierras para la construcción de un parque nacional. Al hablar con la prensa, el Presidente anunció su intención de paralizar la construcción de las represas. “Al prohibir cualquier actividad productiva, no pudo certificarse la producción ni el avance de obras. Pese a ello mantuvimos en stand-by a 500 trabajadores, en beneficio de la paz social”, explica Ferreyra.
—En febrero de 2016 me reuní por primera vez con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Asistí junto con nuestro representante legal, el ex ministro de Fernando De la Rúa, Ricardo Gil Lavedra. Nos contó que cuando Macri le anunció la paralización de las obras, Aranguren le pidió dos semanas para estudiar los contratos.
Vencido ese plazo, el ex presidente de Shell ratificó la decisión presidencial, y sólo habilitó la realización de tareas menores, que no representaban más del 15% del proyecto pero que permitían mantener el contrato de financiamiento de Estado a Estado con la República Popular China, subordinado a la continuidad de la obra.
—¿A cuántos trabajadores afectó?
—Había unos 1.500 entre las represas y las sedes de Beijing, Buenos Aires y Córdoba, y unos 120 millones de dólares en equipos pesados: camiones de gran porte, volcadores, grúas, retroexcavadoras, módulos habitacionales. La paralización implicó un quebranto de 250 millones de dólares entre diciembre de 2015 y marzo de 2018, de los que el Estado reconoció una pequeña parte de improductivos.
—¿Cómo reaccionaron los chinos?
—La paralización unilateral puede hacer caer el contrato de financiamiento entre los Estados, pero no limitado a las represas, sino un default cruzado extensible a los demás proyectos binacionales, como el Belgrano Cargas o las centrales nucleares. Los bancos chinos estaban en condiciones de exigir la devolución de todo lo invertido, que se acerca a 2.000 millones de dólares. Pero el gobierno de Beijing no hizo uso de esta opción y prefirió negociar la continuidad del proyecto con el nuevo gobierno.
Esa negociación no recorrió caminos formales. En enero de 2016 el embajador argentino en China, Diego Guelar, quien igual que Ferreyra participó en las guerrillas de la década de 1970, si bien en organizaciones peronistas, le sugirió a Gezhouba (CGGC) que incorporara un socio amigo del gobierno argentino para garantizar la continuidad del contrato.
—¿Cuál es la empresa amiga?
—Caputo—responde Ferreyra.
Como parte de esa negociación, en marzo de 2018, el gobierno nacional autorizó la reanudación de las Obras Principales.
Entre agosto de 2016 y febrero de 2018 el gobierno impuso al consorcio la inclusión de cuatro adendas al contrato. Pero el gobierno nacional incumplió lo acordado y así generó nuevas demoras en los plazos de ejecución de la obra.
—La asfixia financiera de la UTE procuraba debilitar la presencia de Electroingeniería como líder del proyecto— agrega.
Un vuelco brusco
Esto motivó una nueva ronda de negociaciones, conducidas por el Subsecretario de Infraestructura Energética, ingeniero Alberto Raúl Brusco, quien entre enero y marzo de 2018 participó en siete reuniones, en las que insistió que Electroingeniería debía ceder su lugar a una constructora de Estados Unidos.
—¿Cualquiera?
—De ninguna manera. Debía ser Bechtel.
Bechtel Corp es la primera constructora estadounidense. En 2017 arrojó ganancias por 18.270 millones de dólares y el consolidado de empresas de Techint 18.495, lo cual mide su importancia global. Pero el procesamiento de Paolo Rocca, que desmoronó las acciones de Techint en Wall Street, sumado a la devaluación, la ponen a tiro de adquisición a precio vil. Bechtel es una constructora familiar conducida a lo largo de 120 años por cinco generaciones de la misma familia. Pero durante la presidencia de Ronald Reagan, tres altos directivos de Bechtel ocuparon cargos prominentes en el gobierno: el secretario de Estado, George Shultz; el de Defensa, Caspar Weinberger y el subsecretario de Energía, Kenneth Davis, lo cual le aseguró buenos negocios en los que la política del gobierno generó oportunidades de explotación de recursos naturales y reconstrucción de instalaciones destruidas por los bombardeos.
El fugaz sucesor de Aranguren en el ministerio de Energía, Javier Iguacel, se reunió en la última semana de julio de 2018 con el embajador chino, Yang Wanming.
—Le pidió sin vueltas que Electroingeniería fuera apartada de la UTE.
Cuando el embajador arguyó que el contrato obligaba a una nueva licitación si se modificaba la composición del consorcio, Iguacel respondió que si fuera necesario, lo haría votar como ley en el Congreso. No tuvo tiempo de cumplir su promesa, pero pocos días después fue detenido Ferreyra.
Una acción similar emprendió en Beijing el embajador argentino Guelar, en una reunión a la que convocó a los socios chinos de la UTE.
Bajo amenaza de no pagar cinco certificados de obra, el gobierno insistió en la reducción de la parte de Electroingeniería en la UTE.
—El 14 de diciembre de 2018, la UTE solicitó autorización a la ex ENARSA, hoy IEASA , para transferir 16% de la participación de Electroingeniería al socio chino.
—¿Y cómo quedó la parte de Electroingeniería?
—Sólo con el 20% y ya sin el liderazgo de las obras, que pasó a manos chinas.
El secuestro extorsivo fue así exitoso.
Fuente: El Cohete a la luna
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