copyright: la odisea de patentar un desarrollo científico en la Argentina

Creado por emprendedores argentinos, Inclode es un dispositivo que permite cerrar heridas quirúrgicas en forma rápida y aséptica evitando las suturas. El desarrollo se patentó en 2009 en Estados Unidos y en 2013 en la Argentina, a pesar de que la solicitud de patente se había presentado primero en el país.

 "Es difícil presentar un dispositivo médico novedoso desde cero acá", cuenta el médico Diego Fridman, socio de Inclode junto a su colega Pablo Luchetti y el diseñador industrial Luciano Poggi. Con funcionamiento similar al de un cierre cremallera o un ziplock (dependiendo de la incisión), el dispositivo permite estandarizar una práctica que normalmente se hace a mano, mejorando el resultado estético y reduciendo riesgos de infecciones.

La iniciativa contó con un subsidio por $2 millones de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para realizar pruebas de materiales en colaboración con el INTI, y ensayos en cerdos (su piel es muy parecida a la de los humanos) con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata (UNLP).

"Decidimos patentarlo local e internacionalmente porque no había manera de llevarlo al mercado si no estaba protegido", dice Fridman. "La patente es un documento de respaldo, que facilita acceder a inversores. Hoy estamos en etapa de capitalización para poder comenzar a fabricarlo, tanto en Argentina como en Estados Unidos, con vista al mercado global".

En la llamada "economía del conocimiento", los ingresos por propiedad intelectual (marcas, patentes, licencias), ocupan un lugar central. Sin embargo en la Argentina, a contramano de lo que ocurre en la mayoría de los países, las solicitudes y otorgamientos de patentes vienen cayendo en la última década. Según cifras del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual), en 2008 se presentaron 5582 solicitudes, y el número fue retrocediendo anualmente hasta las 3443 presentadas en 2017 (último dato oficial). De ellas, solo un 10% corresponden a residentes argentinos (393 solicitudes), y el resto (3050) fueron presentadas por no residentes.

El sistema de patentes de un país "está muy relacionado con el tamaño y desarrollo de su sistema científico/tecnológico", señala Hernán Charreau, consultor en propiedad intelectual en el estudio Clarke Modet. "En la Argentina se presentan por año la misma cantidad de solicitudes que la oficina de patentes de Estados Unidos recibe por semana. Y esa oficina tiene un presupuesto de US$300 millones anuales, más que el presupuesto anual para la ciencia argentina", ejemplifica.

Adiós a los trámites

Hasta comienzos de este año, la presentación de solicitudes de patentes ante el INPI no estaba digitalizada, y su obtención podía tardar entre 5 y 8 años. La gestión debía iniciarse personalmente y no distaba mucho de aquella que realizó Roberto Arlt en la década del 30 para patentar sus famosas "medias vulcanizadas que no se corrían", aunque tuvo mejor suerte con sus Aguafuertes y novelas.

 
A partir de abril de este año, se simplificó el procedimiento para las presentaciones de marcas, patentes y modelos ante el INPI. La gestión puede iniciarse online y seguir la trazabilidad del procedimiento. Además, en agosto se lanzó el Programa de Examen Prioritario (PEP), que agiliza el examen de las solicitudes, y se expide en 60 días en lugar de hacerlo en cinco años.

"Es una herramienta para desarrollos estratégicos, y para acceder a ella hay que tener un primer depósito de la solicitud de patente de invención en nuestro país", explica Anabella Quintana, vicepresidenta del INPI.

 Hay quienes sostienen que patentar no es la única forma de proteger una innovación, y a veces ni siquiera es la más conveniente. "Existen varias formas de protección de la propiedad intelectual", explica Pablo Paz, consultor independiente. "Las patentes sirven para proteger soluciones a algún problema que tenga que ver con industria. Se pueden patentar métodos o productos novedosos y con altura inventiva. El trámite dura unos cinco años y la protección, veinte".

"Un mismo producto puede contener distintos tipos de protección", destaca Paz. Un teléfono celular puede tener varias patentes: para el parlante, la pantalla, y a la vez puede estar registrado su diseño. Lo mismo ocurre con los automóviles.

Debate abierto

Si para un inventor o empresa local, patentar sus desarrollos en el país ya es complejo, hacerlo en el exterior requiere además, una inversión considerable. Entre otras cosas porque la Argentina no forma parte del PCT, un tratado internacional ratificado por más de 150 estados que permite solicitar la protección de una invención mediante la presentación de una única solicitud "internacional" de patente en un gran número de países, sin necesidad de tramitarlas por separado.

Bajo el sistema actual, conocido como "acuerdo de París", los inventores argentinos tienen que solicitar la reserva de patente en cada país, con un costo mucho mayor (se calculan US$5000 por presentación) y un plazo de reserva de solo 12 meses. En acuerdo de París data de fines del siglo XIX, y el PCT se firmó por primera vez en 1970. La Argentina nunca ratificó su adhesión al PCT y desde 1998 se han sucedido proyectos en el Congreso para impulsarla.

Un eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el ingreso de la Argentina a la OCDE, incluirían un capítulo dedicado a la protección de la Propiedad Intelectual. "La ratificación del PCT abrirá oportunidades de negocios y que las patentes argentinas accedan más rápido a una protección internacional", destaca Luis Berenguer, vocero del programa de Propiedad Intelectual de la UE para América latina.

Durante la jornada PCT y Exportación, organizada en julio por la CAME y el INPI, Juan Pablo Tripodi, titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, destacó que "los servicios basados en conocimiento son el tercer complejo exportador de la Argentina y ratificar este acuerdo permitiría aprovechar una oportunidad enorme de exportación de propiedad intelectual, sobre todo para las pymes y emprendedores, ya que agiliza trámites y reduce costos".

En la misma jornada, el titular de la Fundación Sales, Alejandro Prins, advirtió sobre "el riesgo de no proteger la propiedad intelectual internacionalmente y terminar transfiriendo ciegamente conocimientos". Lo hizo citando una investigación de la Universidad Nacional de Quilmes que detectó una veintena de patentes registradas por universidades y empresas extranjeras que en realidad se basaban en investigaciones y desarrollos de científicos argentinos que habían sido publicados en revistas científicas pero no estaban adecuadamente protegidos.

Sin embargo, desde otros sectores como los laboratorios nacionales (Cilfa) y la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que promueve el acceso a medicamentos y tratamientos para VIH y otras enfermedades virales, sostienen que ratificar el PCT pondría en riesgo la salud pública en el país. "Este acuerdo beneficiará la presentación de solicitudes de farmacéuticas internacionales en Argentina, aumentando el precio de las drogas patentadas. Y beneficiaría muy poco la presentación de patentes argentinas en el exterior", sostiene Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP.

Este año debía tratarse nuevamente el proyecto en el Congreso, pero el calendario electoral postergó su discusión en el recinto. Será uno de los tantos temas pendientes para resolver durante la próxima gestión.

Por: María Gabriela Ensinck para La Nación