El Ente Nacional Regulador de la Electricidad habilitó la lectura de medidores para usurarios T2 y T3, con el aval del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Economía - Empresas06 de mayo de 2020
Editor
La instrucción del organismo regulador a las concesionarias a cargo de la distribución de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) establece también la implementación de los protocolos sanitarios específicos presentados por las empresas, y el estricto cumplimiento de las instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y de cada jurisdicción.
A su vez, el ente de control estableció que las PYMES e industrias que hayan recibido facturas
con consumos estimados con diferencias respecto al consumo real, podrán impugnar la
facturación ante la empresa distribuidora, la cual deberá refacturar en base a la demanda real
presentada por los usuarios y usuarias.
Esta medida se suma a la decisión del ENRE publicada en el día de ayer respecto a las
estimaciones de consumo realizadas por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para los usuarios
residenciales. Mediante la Resolución N° 27/2020, el organismo instruyó a las empresas
distribuidoras a que realicen la estimación del consumo de usuarios y usuarias residenciales utilizando el menor registro de consumo correspondiente al mismo periodo de estimación de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), hasta tanto se reestablezca la actividad de lectura de medidores. El objetivo de estas medidas es proteger los derechos de los usuarios y usuarias, brindando certeza ante los problemas de facturación generados por las empresas distribuidoras.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
El Gobierno porteño aprobó una reforma que elimina el arancel de decenas de trámites administrativos. La medida busca reducir cargas económicas y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas.
Aunque el sector energético muestra niveles récord de actividad, varias compañías no logran afrontar sus compromisos financieros. La falta de acceso al crédito en dólares y el encarecimiento del financiamiento ponen en riesgo la sostenibilidad del crecimiento.
Bodegas de todo el país alertan sobre el impacto del aumento de impuestos internos y la caída del consumo. Desde la Corporación Vitivinícola Argentina advierten que el sector atraviesa una crisis estructural que pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
La firma tecnológica Mirgor anunció su ingreso al negocio de la carne porcina, marcando un paso estratégico hacia la diversificación productiva. El desembarco incluye una inversión de USD 30 millones en un criadero modelo en la provincia de Buenos Aires. La apuesta busca consolidar una nueva unidad de negocios frente al estancamiento del mercado electrónico.
La empresa agroindustrial SpeedAgro solicitó el inicio de un concurso preventivo tras declararse en cesación de pagos. La compañía se suma a una lista creciente de firmas del agro que enfrentan severas dificultades financieras, en un contexto marcado por la sequía, plagas y un escenario económico adverso.
La Unión Industrial Argentina alertó que se podrían perder hasta 70.000 empleos industriales antes de fin de año. La proyección surge en un contexto de caída de la actividad manufacturera y pone en tensión el respaldo que la entidad empresaria brindó al programa económico del presidente Javier Milei.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
El Gobierno porteño aprobó una reforma que elimina el arancel de decenas de trámites administrativos. La medida busca reducir cargas económicas y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.