Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
Nacional04 de julio de 2025
Equipo Mundo E
La “industria del juicio laboral” vuelve a estar en el centro del debate público y económico. Según datos difundidos recientemente, en la Argentina se presentan en promedio 1.000 demandas laborales por día hábil, lo que equivale a un costo de $4 millones por minuto. La cifra impacta de lleno en el entramado productivo y preocupa tanto a pymes como a grandes empresas.
El cálculo, realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), estima que los juicios laborales en curso tienen un costo económico total cercano a los $6 billones. Esta dinámica, sostienen, desalienta la creación de empleo formal y genera un clima de incertidumbre legal que afecta la inversión privada.
En ese marco, representantes del sector empresario insisten en la necesidad de avanzar con una reforma integral del sistema. “El régimen actual genera incentivos para litigar, en lugar de resolver conflictos de manera ágil. Además, las demoras judiciales y los intereses acumulados terminan distorsionando cualquier criterio de justicia”, afirmaron desde una cámara industrial.
Uno de los puntos más cuestionados es la llamada “doble vía”, que permite iniciar un juicio laboral incluso después de cobrar una indemnización. También se apunta contra los altos costos de las ART y la falta de celeridad en los tribunales. Desde el ámbito empresarial destacan que, en muchos casos, las demandas terminan perjudicando tanto a empleadores como a trabajadores que necesitan una respuesta rápida.
El diagnóstico coincide con los reclamos que vienen planteando desde hace años distintos actores del mundo pyme. “Con este nivel de litigiosidad es muy difícil contratar. Cualquier error administrativo puede terminar en una demanda millonaria”, sostuvo un empresario del rubro gastronómico.
Si bien el Gobierno nacional ha manifestado su intención de avanzar con cambios en el sistema laboral, todavía no se han conocido detalles concretos sobre posibles modificaciones. Mientras tanto, el peso de la conflictividad judicial sigue recayendo sobre el tejido productivo.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-industria-de-los-juicios-laborales-mueve-4-millones-por-minuto-nid03072025/
El Centro Universitario de Idiomas (CUI), con respaldo de la UBA, presentó una solución integral de aprendizaje asincrónico orientada a empresas que buscan desarrollar competencias lingüísticas en entornos de trabajo híbridos y globales.
La Asociación de Empresarios Nacionales que preside Leo Bilanski convocó activamente a sus afiliados a movilizarse el 18 de junio en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. En contraste, la CGT no participó y Wado de Pedro no logró convocar ni al sindicalismo ni a las pymes desde el PJ.
A 49 años del último golpe de Estado, una marea humana llenó Plaza de Mayo para repudiar la dictadura cívico-militar y denunciar los retrocesos en derechos promovidos por el gobierno de Javier Milei. Las consignas apuntaron directamente contra el negacionismo oficial y las políticas de ajuste. Desde Nunca Más Económico se destacó que la memoria también se defiende en el plano económico, denunciando la reedición de un modelo excluyente que ya fracasó en el pasado.
La Justicia ratificó la cautelar que impide la conversión del Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima por un período de seis meses. Mientras tanto, una encuesta de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) reveló que más del 92% de los empresarios pymes están en contra de la privatización y el 80% cree que la medida fue una cortina de humo para tapar el escándalo de la estafa con Libra.
El periodista Alejandro Bercovich reveló que el entorno de Javier Milei habría cobrado 5 millones de dólares para que el presidente promocionara la criptomoneda Libra, que luego se desplomó. Corrupción, fraude financiero y manipulación de mercado en el corazón del gobierno libertario.
Mientras la industria nacional se desploma, la Unión Industrial Argentina (UIA) y su presidente, Daniel Funes de Rioja, siguen defendiendo el ajuste del gobierno de Javier Milei y presionando por una rebaja impositiva sin enfrentar la realidad productiva del país. Los empresarios nacionales pymes denuncian la hipocresía de una cúpula empresarial que dice defender la industria pero avala su destrucción.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
El Gobierno porteño aprobó una reforma que elimina el arancel de decenas de trámites administrativos. La medida busca reducir cargas económicas y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.