Denuncian que tierras del Ejército se subastan a manos de un puñado de propietarios

Argentina se caracteriza por el alto nivel de concentración en cuanto a la propiedad de las tierras rurales. Ello es muy notorio en el área identificada como “la Pampa Húmeda”, que abarca dos tercios de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba. Sobre todo en la primera, hay más de una decena que supera las 30 mil hectáreas, y en algunos casos también se verifica en los otros distritos.

El caso que nos ocupa en esta oportunidad se refiere a lo sucedido hace poco en un campo importante localizado en la zona de Ordóñez, Córdoba. Se trata de 8.267 hectáreas que correspondían a dependencias del Ejército y que se resolvió vender.

A ese efecto, se anunció que el predio sería subdividido en 47 lotes de diversas superficies, entre 50 y 370 hectáreas, por lo que se calculó percibir alrededor de 100 millones de dólares.

En principio, con tal fraccionamiento se exteriorizó la intención de que hubiera otros tantos nuevos propietarios de las respectivas fracciones. Pero, como es bastante habitual, a través de intermediarios finalmente fueron muy pocos los compradores, quienes acrecieron sus ya antes muy extensas propiedades. Las extensiones de hasta 500 hectáreas corresponden a pequeños propietarios; se considera “medios” cuando poseen entre 500 y mil hectáreas, y “grandes” cuando superan esta última dimensión.

El procedimiento seguido

La Administración de Bienes del Estado, entidad que actuó en la emergencia, autorizó de forma expresa la venta por medio de una serie de subastas públicas, y ello originó fuertes críticas por parte de Federación Agraria, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), entidades que, luego de celebrar sendas asambleas –la primera junto a la mismísima tranquera principal de acceso de la propiedad–, coincidieron en requerir en tono muy enérgico que ese proyecto de remates se suspendiera sine die.

La única organización empresarial que se mantuvo en un sugestivo silencio fue la Sociedad Rural, que agrupa a los mayores propietarios agropecuarios del país.

Otro planteo de las tres primeras entidades apuntó a la absoluta carencia de crédito de largo plazo, lo cual inhibía de participar no sólo a pequeños, sino también a medianos productores, y dejaba la concreción de tales operaciones a merced de los más grandes.

Los dirigentes de la Federación Agraria subrayaron: “Los chacareros no podemos competir de igual a igual con grandes empresas, inversores fideicomisarios, pools de siembra o capitales extranjeros. Por eso decimos que la subasta no es el mecanismo para asegurar que los pequeños productores puedan acceder a la tierra ni garantizar un modelo sustentable ambientalmente y que genere desarrollo”.

Objeciones y conclusiones

Las tres entidades advirtieron sobre que la modalidad adoptada “no asegura que los pequeños productores puedan lograr alguna adjudicación”; por tanto, tampoco era suficiente limitar las compras a cinco lotes si se trataba de cooperativas y sólo a dos para los restantes oferentes, pues ese presunto obstáculo era muy fácil de obviar.

Para superar tales planteos, se dispuso que los bancos de la Nación y de Córdoba concedieran créditos de entre 889 mil dólares y 3,4 millones de dólares, según la respectiva superficie, pero por plazos no mayores que siete años. En tales condiciones, se convertían en una nueva ventaja para los poderosos.

Desde Coninagro, denunciaron que era evidente que “el Gobierno no tenía voluntad de vender a pequeños productores”, y como palmaria prueba de ello se exteriorizó que las referidas ventas se concretaron sin ningún disimulo con los más poderosos, que así acrecieron su presencia excluyente.

Por ello, la Federación Agraria intentó, de modo infructuoso, la suspensión de las subastas para negociar la vigencia de modalidades de pago más flexibles, pero tal pretensión no fue atendida, tal vez debido a la vigencia de compromisos contraídos con anticipación.

Ante tal situación, la Federación Agraria dejó constancia de que “el camino es encontrar la vuelta para ayudar al pequeño productor que de otra forma no puede concretar una inversión de esa dimensión”.

Este requerimiento fue rechazado de plano en las esferas oficiales y, por tanto, las autoridades optaron por mantener los requisitos y plazos, aunque afirmaron que “en las condiciones del pliego fueron debidamente tomadas en cuenta las observaciones de las entidades objetantes”.