Mauricio Macri quiso dejar como uno de los estandartes de su gobierno a la "ley de emprendedores", que permite crear una empresa en 24 horas, con requisitos mínimos y casi nulos controles. Fue una de las vías por las que prometió surgirían los famosos "brotes verdes" que nunca aparecieron. Por el contrario, redundó como una eficiente herramienta para organizaciones delictivas que buscan permanecer fuera del radar de la justicia. Una banda narco creó más de 40 compañías dentro de este marco jurídico para mover al menos $ 1.200 millones en los últimos años.
QUÉ LA DEVUELVAN
El 12 de abril de 2017 fue promulgada la legislación que impulsó Cambiemos para permitir el surgimiento de pequeños empresarios. Las facilidades de las sociedades por acción simplificada (SAS) se destacaron rápidamente y tuvieron un crecimiento exponencial, muy por encima de las empresas clásicas. Entre las ventajas que el anterior gobierno había promocionado figuraban: inscripción online y en sólo un día; puede ser unipersonal; capital social de dos salarios mínimos con sólo el 25% de integración; puede dedicarse a casi cualquier actividad al mismo tiempo.
Estos beneficios y el ínfimo control que puede ejercer el Estado en estas compañías no pasaron por alto en las organizaciones delictivas. El funcionamiento casi idéntico a las offshores fue aprovechado para impulsar sus actividades ilegales. Un grupo narco se apoyó en las SAS con tres fines: comprar droga, lavar las ganancias y, aunque suene surrealista, aprovechar el crédito fiscal con AFIP.
Si bien está situado en otras provincias, la banda llegó a inscribir más de 40 SAS en la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito que las habilita. Con esta sencilla herramienta crearon una estructura corporativa compleja, con empresas nuevas cada quince días y cada una con un promedio de uso de cuatro a seis meses. Reciclaban el manejo para evitar inspecciones y así pasar desapercibidos. Con esta práctica llegaron a mover al menos $ 1.200 millones desde 2018. La actividad eventualmente llamó la atención de las autoridades y derivó en una investigación penal en la Fiscalía Federal 2 de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.
La inscripción digital y sin veedores del Estado le permitió a esta banda usar los datos de quienes se cree son "soldados" narcos y que probablemente no estén al tanto de que son socios de compañías, planteó a El Destape una fuente con acceso al expediente, que pidió no dar los nombres por tratarse de una causa en curso. Por lo pronto, una cantidad considerable de personas que integran estas SAS contaban con imputaciones o condenadas previas, algunos incluso con pedido de captura nacional e internacional, lo que debería haber hecho saltar advertencias en el organismo de inscripción e incluso se podría haber remediado si se tratara de un proceso de inscripción regular. Los delitos vinculados, tanto por delitos provinciales como federales (tráfico de estupefacientes y lavado de activos).
La pelea por la legalidad de las SAS
"Esperamos que el Gobierno que viene tome la posta donde la dejamos", había pedido Macri el 20 de noviembre pasado, en un acto con "emprendedores", el término de moda en el movimiento neo-schumpeteriano, que le hace creer a un pequeño empresario que convertirse en una corporación sólo depende de su innovación. Esta palabra le sirvió a Cambiemos durante todo su gobierno para convencer a los nuevos desempleados que generó su modelo que no debían protestar por ser excluidos del mercado laboral, sino aprovecharlo como una oportunidad. Por ejemplo, con una parrilla o una cervecería artesanal.
La ley de 2017, que llevó el título de "emprendedor", no incluyó limitaciones que garanticen que su uso se reserve a ese grupo PyME que quizás encontraba algunas demoras en la burocracia estatal, sino que su amplia redacción le abrió la puerta también a personas y organizaciones que persiguen fines ilegítimos. La elevada capacidad de cometer ilícitos no se le escapó al nuevo titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien desde enero sacó regulaciones para ejercerles un mayor control.
Para defender la norma original, la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) presentó el 15 de mayo un amparo contra siete resoluciones de la IGJ, publicó La Nación. Sin embargo, eligieron el Juzgado Comercial 24 en lugar del fuero Contencioso Administrativo, donde deberían resolverse las disputas por la legalidad de las medidas de los organismos públicos.
Fuente: El Destape
