#Urgente Una organización delictiva creó más de 40 sociedades por acción simplificada - SAS - para comprar droga y lavar dinero.
Nacional - Poder Judicial27 de mayo de 2020
Editor
Mauricio Macri quiso dejar como uno de los estandartes de su gobierno a la "ley de emprendedores", que permite crear una empresa en 24 horas, con requisitos mínimos y casi nulos controles. Fue una de las vías por las que prometió surgirían los famosos "brotes verdes" que nunca aparecieron. Por el contrario, redundó como una eficiente herramienta para organizaciones delictivas que buscan permanecer fuera del radar de la justicia. Una banda narco creó más de 40 compañías dentro de este marco jurídico para mover al menos $ 1.200 millones en los últimos años.
El 12 de abril de 2017 fue promulgada la legislación que impulsó Cambiemos para permitir el surgimiento de pequeños empresarios. Las facilidades de las sociedades por acción simplificada (SAS) se destacaron rápidamente y tuvieron un crecimiento exponencial, muy por encima de las empresas clásicas. Entre las ventajas que el anterior gobierno había promocionado figuraban: inscripción online y en sólo un día; puede ser unipersonal; capital social de dos salarios mínimos con sólo el 25% de integración; puede dedicarse a casi cualquier actividad al mismo tiempo.
Estos beneficios y el ínfimo control que puede ejercer el Estado en estas compañías no pasaron por alto en las organizaciones delictivas. El funcionamiento casi idéntico a las offshores fue aprovechado para impulsar sus actividades ilegales. Un grupo narco se apoyó en las SAS con tres fines: comprar droga, lavar las ganancias y, aunque suene surrealista, aprovechar el crédito fiscal con AFIP.
Si bien está situado en otras provincias, la banda llegó a inscribir más de 40 SAS en la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito que las habilita. Con esta sencilla herramienta crearon una estructura corporativa compleja, con empresas nuevas cada quince días y cada una con un promedio de uso de cuatro a seis meses. Reciclaban el manejo para evitar inspecciones y así pasar desapercibidos. Con esta práctica llegaron a mover al menos $ 1.200 millones desde 2018. La actividad eventualmente llamó la atención de las autoridades y derivó en una investigación penal en la Fiscalía Federal 2 de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.
La inscripción digital y sin veedores del Estado le permitió a esta banda usar los datos de quienes se cree son "soldados" narcos y que probablemente no estén al tanto de que son socios de compañías, planteó a El Destape una fuente con acceso al expediente, que pidió no dar los nombres por tratarse de una causa en curso. Por lo pronto, una cantidad considerable de personas que integran estas SAS contaban con imputaciones o condenadas previas, algunos incluso con pedido de captura nacional e internacional, lo que debería haber hecho saltar advertencias en el organismo de inscripción e incluso se podría haber remediado si se tratara de un proceso de inscripción regular. Los delitos vinculados, tanto por delitos provinciales como federales (tráfico de estupefacientes y lavado de activos).
"Esperamos que el Gobierno que viene tome la posta donde la dejamos", había pedido Macri el 20 de noviembre pasado, en un acto con "emprendedores", el término de moda en el movimiento neo-schumpeteriano, que le hace creer a un pequeño empresario que convertirse en una corporación sólo depende de su innovación. Esta palabra le sirvió a Cambiemos durante todo su gobierno para convencer a los nuevos desempleados que generó su modelo que no debían protestar por ser excluidos del mercado laboral, sino aprovecharlo como una oportunidad. Por ejemplo, con una parrilla o una cervecería artesanal.
La ley de 2017, que llevó el título de "emprendedor", no incluyó limitaciones que garanticen que su uso se reserve a ese grupo PyME que quizás encontraba algunas demoras en la burocracia estatal, sino que su amplia redacción le abrió la puerta también a personas y organizaciones que persiguen fines ilegítimos. La elevada capacidad de cometer ilícitos no se le escapó al nuevo titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien desde enero sacó regulaciones para ejercerles un mayor control.
Para defender la norma original, la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) presentó el 15 de mayo un amparo contra siete resoluciones de la IGJ, publicó La Nación. Sin embargo, eligieron el Juzgado Comercial 24 en lugar del fuero Contencioso Administrativo, donde deberían resolverse las disputas por la legalidad de las medidas de los organismos públicos.
Fuente: El Destape
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3QFOBJ745VBOXL7G5MGI3K2VBE.jpeg)
Además, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una app de seguimiento del trámite SIRA, con una notificación automática para evitar maniobras ilegales
La Corte Suprema sacó un fallo millonario ¿El fundamento? Leer la prensa porteña que dice ‘Un fuerte triunfo político de Larreta’ y sobran los análisis", opinó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Por su parte, legisladores del FdT dijeron que es "para pagar campaña de Larreta
El espacio inspirado en el Papa Francisco señala "preocupación por los recientes acontecimientos judiciales en la Argentina".
Es por una denuncia de la Aduana, que determinó que en realidad la mercadería ingresada valía USD 30 mil y frenó la maniobra; la acusación indica que se buscó acceder al mercado oficial del dólar para girarlos al estado de Delaware en EEUU, lo que generó un pedido de información a ese país
Según admitió el apoderado del Banco, la entidad entregó a la Corte montos de entre 800 y 1200 millones de pesos entre 2016 y 2020. La causa se activó por el reclamo de una asociación civil que presentó una demanda colectiva contra el Banco de Larreta porque paga tasas de 11 por ciento licuadas por la inflación. Dos fallos en contra, que este lunes fue apelado.
Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, fue apresado en Rosario junto a otras tres personas por efectivos de Gendarmería.
Se trata de Robert Prevost, crítico de las deportaciones de Trump y muy cercano a las ideas de Francisco. Se llamará León XIV. Es de Chicago, vivió 25 años en Perú y habla perfecto español.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.
El gobernador Axel Kicillof acusó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) de haber “pedido la condena” de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La denuncia reaviva tensiones con el gobierno de EE.UU. y pone en el centro del debate el rol de las entidades extranjeras en la política y la justicia argentina.
La condena confirmada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un fuerte rechazo en el mundo pyme, que advierte sobre una avanzada judicial que amenaza el modelo productivo nacional. Mientras las grandes corporaciones optan por el silencio, las pequeñas y medianas empresas denuncian el impacto institucional y económico de un fallo que consideran parte de una estrategia para imponer un modelo de ajuste, concentración y exclusión. El contraste entre quienes gritan y quienes callan marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y economía en Argentina.
Globant, la compañía argentina de tecnología con cotización en Wall Street, enfrenta semanas turbulentas tras la difusión de rumores sobre despidos en varias de sus oficinas y una caída abrupta en el valor de sus acciones. La incertidumbre en torno a su estructura operativa y los resultados financieros por debajo de lo esperado generaron alarma entre inversores y analistas.
