Parrilli impulsa ley para suspender las sociedades simplificadas creadas por Macri

Oscar Parrilli volverá a ser protagonista del Senado remoto: el martes, la comisión de Legislación General que preside se reunirá para tratar un proyecto de su autoría que suspender las sociedades por acción simplificadas (SAS), creadas en la ley del emprendedor de 2017.

Su proyecto, que también firman senadores cercanos a Cristina Kirchner, propone que no puedan crearse SAS por seis meses y, además, traspasa el registro de las creadas hasta ahora del sistema de gestión documental (GDE) a la Inspección general de Justicia (IGJ).

"Las SAS tuvieron el objetivo de construir 'Empresas fantasmas' en la mayoría de los casos, con el único fin del blanqueo de capitales de dudoso origen y la compra de inmuebles, a instancias de la restauración neoliberal encabezada por el gobierno de Mauricio Macri". 

En los fundamentos, Parrilli sostuvo que las SAS tuvieron el objetivo de construir "'Empresas fantasmas' en la mayoría de los casos, con el único fin del blanqueo de capitales de dudoso origen y la compra de inmuebles, a instancias de la restauración neoliberal encabezada por el gobierno de Mauricio Macri".

"Sin perjuicio de que, sin duda hay verdaderos emprendedores a quienes este tipo societario les puede facilitar su actividad empresarial, pero con los debidos controles estatales", reconoce el texto que la mayoría oficialista del Senado aprobará sin problemas.

La comisión de Legislación General, que preside la kirchnerista Ana Almirón, compañera de Cristina en el bloque que tenía hasta diciembre, tratará también los proyectos para regular la ley de alquileres.

Pondrá en consideración dos proyectos. El aprobado por Diputados en noviembre, que demoró tres años en tratarse y tuvo la letra chica del ex diputado del PRO Daniel Lipovetzky.

Fija contratos de 3 años, una indexación por salarios y precios y la ampliación de garantías. El Senado, con la nueva composición, no lo sancionó porque quiere tratarlo junto al de Silvina García Larraburu, que se aprobó en 2016 y Diputados ignoró.

También lleva los contratos a 3 años, pero además pide crear un índice para evitar una bonificación encubierta en casos de escalonamiento, que conjuga la paritarias a docentes y empleados e comercios.

 Además, ratifica que las expensas extraordinarias deben pagarlas los propietarios y se establece un registro de contratos locativos en cada una de las 24 jurisdicciones, para evitar abusos.

Fuente: LPO