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El Gobierno quiere prohibir que las empresas ubicadas en parisos fiscales reciban ayuda estatal

La iniciativa se analiza en Diputados. Aquellas firmas que reciban asistencia estatal por la pandemia tampoco deberán tener causas por evasión fiscal. La misma limitación fue aplicada por los gobiernos de Francia, Dinamarca, Polonia y Austria.

Empresas 15 de septiembre de 2020 Colaborador Colaborador
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El oficialismo buscará esta semana avanzar en el freno de la ayuda estatal a empresas que no tributen en el país. Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados comenzará a debatir un proyecto del oficialismo que prohíbe la asistencia a empresas asentadas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal. El proyecto de ley había sido presentado en abril último, al mes de desatada la pandemia de COVID-19, pero quedó cajoneado hasta este martes, fecha en que se iniciará la discusión en la Cámara baja. Con un ojo en las cuentas públicas y otro en la restricción externa, el objetivo del proyecto de ley es evitar que la ayuda oficial termine alimentando y sosteniendo la fuga de capitales --no de forma directa-- de grandes compañías. La misma limitación fue aprobada por los gobiernos de Francia, Dinamarca, Polonia y Austria. 

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“Los que quieren una Argentina para pocos tienen su dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen, así potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron y construyeron evadiendo impuestos”, aseguró este lunes el presidente Alberto Fernández durante el lanzamiento del programa Precios Cuidados para la Construcción.  Desde que se desató la pandemia la ayuda oficial convivió con altos niveles de dolarización del sector privado. 

Con el programa ATP fueron asistidas 328.000 empresas y cerca de 3,07 millones de trabajadores y trabajadoras a los que se les pagó una parte de sus salarios. El Gobierno destinó unos 150.000 millones de pesos en las primeras cuatro rondas del programa y ya se anunció una quinta etapa. Por su parte, en lo que va del año la cuenta financiera del sector privado no financiero acumuló hasta julio un déficit (fuga neta) de 3884 millones de dólares. Sólo en julio ascendió a 1225 millones de dólares, como consecuencia de las cancelaciones netas de deuda financiera y la formación de activos externos.

Fuente: El Destape

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