Lo dispuso el juez Rodolfo Canicoba Corral, por el delito de turbación de una reunión lícita. El ex secretario de Comercio había sido denunciado por haber realizado agresiones verbales y amenazas a accionistas, hecho ocurrido el 25 de abril de 2013.
El estado nacional participó como accionista con el 9% de titulos en manos del ANSES-FGS.
