Cuáles son las empresas a las que el Gobierno multó por no cumplir con precios y stock

Gobierno parece haber comenzado a sumar millonarias multas a la política de "relaciones" que mantiene con el sector empresario local y que se complementa con el controvertido sistema de control de precios y stocks recientemente lanzado y con la continuidad de los cepos al valor de los productos.

De hecho, desde que Alberto Fernández asumió la presidencia, ya se aplicaron sanciones por más de $55 millones a un grupo de grandes compañías de sectores como el alimenticio, prepagas y del sistema financiero, entre otros. Más aún, en tan solo dos días aplicó medidas por $30 millones que deberán ser pagadas a la Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español y que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas.

Las denuncias y la aplicación de este tipo de sanciones no surgen, por ahora, de la implementación del conflictivo Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE).

Por lo cual, las empresas advierten que cuando esste mecanismo de control se ponga en práctica, seguramente se incrementará la presión contra las compañías y se comenzarán a acumular las multas y las sanciones a partir de lo que consideran, "una mirada parcial del Gobierno que tiende a responsabilizar a un solo sector de la suba inflacionaria".

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De hecho, en las últimas horas se conoció la intención de varias compañías alimenticias de judicializar el reclamo contra este nuevo sistema al advertir que no solo implica una nueva carga administrativa, sino que también alerta sobre el ejercicio de la libertad comercial y la intervención en las decisiones de las empresas.

Las empresas podrían desaparecer

Sumado a la resolución de los precios cuidados y máximos y el aumento de costos, sin previsibilidad como es el caso de los combustibles y la energía, entre otros, estos mecanismos de control conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas, advierten los hombres de negocios que apuntan sus cañones al ministerio de comanda Kulfas.

Al funcionario lo culpan de instalar nuevos regímenes de control e información de precios, muchas veces superpuestos y que estresan la gestión, incrementan tareas administrativas de las empresas, las desenfocan de su finalidad y no ofrecen resultados efectivos para la sociedad, y en muchos casos significan una intromisión o limitación injustificada en la libertad de ejercicio de la actividad empresarial consagrada por la Constitución.

Se trata de medidas que impactan en los costos de las empresas, restando competitividad, y que se suman a un conjunto de regulaciones vigentes en materia cambiaria y de comercio exterior que dificultan la llegada de inversiones, desalientan las exportaciones y generan obstáculos para la obtención de insumos importados.

En el mismo nivel empiezan a ubicar a la política de sanciones que este miércoles 24 de marzo, fue aplicada a Despegar; Glovo; PedidosYa; Telefónica de Argentina; Frávega; Walmart e Iguatemi (Key Biscane).

Todas estas empresas fueron acusadas por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo por incumplimientos en sus servicios y se les establecieron penalidades por un total de $20,5 millones.

En el caso de las apps de envíos a domicilio PedidosYa y Glovo deberán pagar $2,5 millones cada una, ya que habrían violado la obligación establecida en el artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor, de informar de manera clara sobre los servicios que ofrecen, y por incluir cláusulas abusivas en los términos y condiciones a los que adhieren las y los consumidores.

En tanto Telefónica de Argentina fue multada en $5 millones por no respetar los plazos de entrega en la adquisición de teléfonos móviles ni brindar información cierta respecto de la entrega de los chips y los trámites relativos al ejercicio del derecho de la portabilidad numérica.

Según explican las fuentes oficiales, la compañía recibió una sanción adicional por ofertar y comercializar bienes sin brindar previamente información verídica y detallada en cuanto a las modalidades, condiciones o limitaciones del servicio de garantía, por no permitir la baja de los servicios generando deudas, por no modificar la modalidad contractual solicitada y, finalmente, por incumplimientos en la prestación del servicio de telefonía fija e internet.

Telefónica ya había sido multada por Comercio Interior a principios de marzo por $5 millones. En ese momento, se la acusó junto al grupo chileno Cencosud de realizar ofertas engañosas durante el Hot Sale que se desarrolló entre el 27 y el 29 de julio del año pasado. Según las autoridades oficiales, ambas compañías ofrecieron productos y servicios promocionados como ofertas exclusivas para las compras virtuales, cuando en realidad tenían valores preexistentes al evento.

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Publicidad engañosa

En el caso de Despegar, ahora fue penalizada con $4 millones por no suministrar información sobre los canales de atención donde los consumidores pueden realizar trámites y consultas relativas a la modificación o cancelación de los servicios contratados.

"Se estableció que, a través de omisiones como no consignar la dirección electrónica del organismo nacional de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, o no informar el horario de atención, ni el número telefónico o sitio electrónico para que se puedan formular consultas y/o reclamos al área responsable, la empresa no garantizó buenas condiciones de atención, ni trato digno y equitativo para con sus clientes", explica un comunicado oficial.

Finalmente, Sodimac y Frávega fueron sancionadas por $2,5 millones cada una por presentar como ofertas incluidas en el "Hot Sale" precios que eran similares a los existentes anteriormente. Y la empresa Iguatemi (Key Biscane) pagará otros $1,5 millones por una conducta similar durante el "Cyber Monday".

Más compañías multadas: esta vez, financieras

Un día antes, es decir el martes 23 de marzo, Comercio interior había sancionado a varias compañías dedicadas a la oferta de préstamos personales que, en conjunto deberán pagar $10 millones.

Se trata de cuatro financieras no bancarias que ahora se encuentran imputadas por irregularidades en las condiciones y cumplimiento de los préstamos.

La denuncia fue canalizada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo que determinó que Moni On Line SA; M2A; Capital SAS y Cuotitas SA otorgaron créditos que no habían sido solicitados con cargo automático en cuentas de consumidoras y consumidores.

Según las autoridades, las compañías tampoco informaron a quienes sí solicitaron ser tenidos en cuenta sobre las características y condiciones de estos préstamos que se ofrecen de manera online.

Desde Comercio Interior agregan que las imputadas no aportaron información de datos importantes del proveedor en el sitio web, no respetaron el derecho de arrepentimiento de los consumidores e impusieron la prórroga de jurisdicción, que implica que los reclamos frente al Estado sólo pueden realizarse en la localidad que establece la empresa.

"Estos incumplimientos representan una infracción a los artículos 4, 19, 35, 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) y constituyeron una sanción por $2,5 millones a cada una de las empresas", se aclara en el comunicado oficial.

En el caso de Patagonia Cred S.A., que se presenta al público bajo el nombre de Efectivo Ahora, se le suma otra multa por $2,5 millones, específicamente por no brindar información cierta a las y los consumidores, realizar cobros indebidos por débito automático y no respetar las condiciones de contratación.

Para las autoridades, muchos de los usuarios de servicios financieros no bancarios "se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por su posición socioeconómica debido a que no pueden acceder al sistema bancario y deben recurrir a este tipo de firmas".

El mismo procedimiento se utilizó a principios de marzo contra otras 17 compañías que participaron del Hot Sale por presunta "oferta engañosa". En este caso, se habrían detectado las infracciones mediante monitoreos realizados en los días previos al evento, que luego fueron comparados con las ofertas de esas jornadas, promocionadas como exclusivas para ventas online.

En ese momento, otras seis empresas de diferentes rubros se sumaron a la lista de sancionadas por Comercio Interior por un monto de $4,4 millones y porque incumplieron los acuerdos homologados en las audiencias de conciliación con consumidores.

Entre las empresas sancionadas estaban Plan Rombo; VW Ahorro Previo y Falabella por infracción al artículo 46 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) ya que no cumplieron los acuerdos celebrados y homologados en las audiencias conciliatorias "en el plazo fijado, por lo que las y los consumidores tuvieron que recurrir nuevamente a la autoridad de aplicación, explicó la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo".

Los valores de la sanción para cada empresa fueron Falabella por $700.000; Plan Rombo por $700.000, y Autoahorro Volkswagen por $1.000.000.

En la justificación de las sanciones se destaca que el comportamiento de las empresas "no solo afecta la certidumbre del consumidor en haber resuelto su discordia con la proveedora, sino que también evidencia una actitud de llano desprecio hacia el sistema de conciliaciones previas en materia de consumo, el cual se instauró precisamente para dar una solución rápida y efectiva a los conflictos de menor cuantía y evitar así la movilización de recursos por parte de la instancia administrativa sancionadora".

Las prepagas también recibieron multas

Una denuncia de similares características recibieron varias empresas de medicina privada en febrero pasado. En este caso, las multas alcanzaron los $7,7 millones y se le aplicaron a prepagas y comlpañías de servicios de salud por incumplimientos en la publicación de los contratos y el botón de baja en sus sitios web.

De acuerdo a las acusaciones, Galeno Argentina; Medicina Prepaga Hominis y el CEMIC infringieron el artículo 38 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que obliga a publicar en sus sitios web el modelo de contrato a suscribir. En estos casos, las multas fueron de $750.000; $600.000 y $700.000, respectivamente.

Las disposiciones oficiales destacan que estos contratos "suelen ser celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas donde la relación establecida entre los contratantes es asimétrica, porque los términos de la relación son establecidos unilateralmente por la empresa de salud sin tener en cuenta el contexto que atraviesa el país y que torna indispensable para el cuidado de la salud el acceso a los contratos a través del sitio web".

Por motivos similares fueron también sancionadas Aca Salud; Bristol Medicina; Apres; CEMIC; Grupo Premedic; Prevención Salud; Círculo Médico de Esteban Echeverría; Corporación Asistencial; Círculo Médico de Lomas de Zamora y Medicina Prepaga Hominis.

Según Comercio Interior, violaron la resolución n°316/18 que establece que los proveedores de determinadas actividades deben incluir en su sitio web un link para que los consumidores accedan a solicitar la baja del servicio, que esté a simple vista y que sea de fácil acceso. Las multas para estas penalidades oscilaron entre los $450.000 y $750.000, respectivamente.

De esta forma, es de esperar que la política de sanciones se acelere a partir de las acusaciones que en febrero pasado se le hicieron a grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento

Las alimenticias imputadas son playerse importantes de este sector como Mastellone; Fargo; AGD; Danone; Molinos Cañuelas; Bunge; Molinos Río de la Plata; Unilever; P&G; Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

Para Español, en este caso quedó claro que las empresas incumplieron con la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020.

Dicha resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.

En ese marco y durante varias fiscalizaciones realizadas en los comercios por inspectores del Gobierno se identificaron faltantes en góndolas de productos de consumo masivo.

"A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021", añadieron las fuentes oficiales para quienes, del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos.

Por ejemplo, en Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos.

En el caso de Danone, se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado.

A Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se le identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.

Ni la empresa del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) logró esquivar las multas. Se trata de Aceitera General Deheza (AGD) a la cual se le acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones. De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata donde, según el Gobierno, se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

En el caso de Bunge, también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas. Y a la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la firma alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo.

Fuente: iProfesional