Europa acelera el gasto del Estado por el COVID
Un nuevo ciclo de fiscalidad y lucha contra los paraísos fiscales es el camino pensado por los países del G20, aumentando y unificando el impuesto que pagan las grandes empresas. Estados Unidos y España ya están en camino, aunque quienes se oponen presentan una fuerte batalla.
Economía - Internacional 18 de abril de 2021
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Por: Nicolás Salerno desde Madrid
Los ciclos político-económicos tienen etapas o períodos bien definidos, seguidos de transiciones que comienzan con gestos claros para quienes están atento a ello. El estado de bienestar fue un período bien marcado entre las décadas 50 y 80 del siglo pasado, mientras que el ciclo de valorización financiera es el reinante actualmente, aunque estemos próximos a ver su esquela publicada, al menos en la parte que atañe al consenso respecto al mantra en materia tributaria que establece que cuanto menos (se pague, en especial las empresas), mejor.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto la piedra basal de un nuevo marco fiscal internacional la semana pasada, al asegurar desde la Casa Blanca: “Las empresas ya no van a poder esconder sus ingresos en paraísos fiscales como las islas Caimán o las islas Bermudas”. Y es que su plan de infraestructura requiere dos billones de dólares, los cuales piensa financiar subiendo la alícuota del impuesto de sociedades (II.GG) al 28% (con Trump pasó del 35% al 21%), y que el mismo sea adoptado por la totalidad del G20 para eliminar brechas, sobre todo en las empresas tecnológicas radicadas en Irlanda, y donde se tributa solo el 12,5% aunque el servicio se haya descargado en la potencia del norte. En caso de no hacerlo, las empresas norteamericanas en estos países afrontaran severas limitaciones a las deducciones que pueden realizar respecto de ganancias en el exterior. Todo un incentivo para sumarse, o en su defecto relocalizarse en “la madre patria”.
No obstante, por el lado de los incentivos, habrá mayores deducciones por parte de las empresas que inviertan en investigación y energías renovables, áreas identificadas por la administración como estratégicas para mantener la competitividad frente a una creciente China. Quizá por ello, contrario a lo que se podría pensar, el magnate de Amazon, Jeff Bezos, aún siendo el principal afectado de esta medida, fue el primero en apoyarla, a diferencia de la mayoría de los dueños y directivos de las 45 grandes corporaciones principalmente implicadas.
La reforma fiscal “cambia los términos del juego”, defiende la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Estados Unidos competirá con su capacidad de producir trabajadores preparados, investigación puntera e infraestructuras, no tratando de tener impuestos más bajos que las islas Bermudas o Suiza. Nuestra recaudación fiscal ya está al nivel más bajo en varias generaciones, si sigue cayendo vamos a tener aún menos dinero para invertir en carreteras, puentes, banda ancha e I+D”, insiste Yellen.
España se alinea
Mientras tanto, la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, ha presentado casi a la par, y dentro de las peticiones realizadas por Bruselas para entregar los fondos de recuperación europea, el proyecto de reforma para el próximo año. Este busca aumentar el impuesto de sociedades y el de patrimonio (Bienes Personales), a los efectos de nivelarse con la media de la Unión Europea y lograr mayor robustez en materia fiscal. Para ello, ha conformado un panel de expertos que den sus recomendaciones y elaboren el plan, el cual está tendrá un presidente, un secretario y 15 vocales, y será dirigido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y exdirector general del Instituto de Estudios Fiscales durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Dentro de las cuestiones que preocupan a la ministra y que tienen especial encargo al comité, se encuentra las diferencias autonómicas, lo que ha expresado claramente al declarar: “hay que evitar que (a nivel autonómico) se dejen vacías de contenido algunas figuras fiscales, como ha sucedido en algunas comunidades", en referencia a Madrid, que hoy tiene alícuotas prácticamente inexistentes y cuyas elecciones del próximo 4 de mayo han detonado una campaña agresiva desde la Puerta del Sol, conducida por el Partido Popular de Diaz Ayuso, y el gobierno central, dirigido por el Socialista Pedro Sánchez, quien ha recogido el guante, dejando de facto de lado al candidato comunal del partido y cuyo eje ha sido una batalla respecto a la libertad total o la construcción de normas articuladoras por parte del estado, la cual la presidenta de la comunidad ha resumido en “libertad o comunismo”, ignorando quizá, o resistiéndose al nuevo ciclo que el eje EE.UU-Bruselas han trazado.
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