Otro socio de Rosenkrantz busca no pagar el impuesto a la riqueza

Claudio Miguel Liberman es uno de los aproximadamente 100 ricos y famosos que, hasta el momento, presentaron una demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario. Y, como el abogado Gabriel Bouzat, comparte o compartió negocios con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Ronsenkrantz, según se desprende de documentos de acceso público que revisó Letra P.

Liberman es uno de los accionistas de Cinacina SA., una estancia de San Antonio de Areco, a 102 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Rosenkrantz figuró como director de esa firma al menos entre 2001 y 2015, según distintos documentos oficiales. Casualidad o no, en esa localidad se casó la hija de Fabián Rodríguez Simón. A la fiesta, el 30 de marzo de 2019, asistieron Rosenkrantz e integrantes del gabinete de Mauricio Macri, como José Torello y Gustavo Lopetegui.

La participación de Rosenkrantz en Cinacina figura en la Declaración Jurada que presentó el ministro al ingresar a la Corte Suprema. Según publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la estancia fue una de las 14 sociedades comerciales en las que el presidente del tribunal informó integrar o haber integrado en los ocho años previos a su nombramiento en el Poder Judicial, a comienzos de 2016.

La demanda de Liberman tramitará en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El abogado que representa al empresario no es otro que Bouzat, el exsocio de Rosenkrantz en Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, el bufete que patrocinó a algunas de las empresas más grandes del país, desde el Grupo Pegasus y Farmacity hasta Cablevisión y Supercanal, entre muchísimas otras.

Bouzat, en tanto, tuvo una primera derrota: el Juzgado Contencioso Administrativo 3, en donde tramita su propia causa, le rechazó una medida cautelar para evitar pagar el impuesto. La contienda de fondo -la declaración de certeza para definir si, en su caso particular, el aporte es confiscatorio- continúa y el abogado tiene otros recursos para interponer. 

Como todos los que presentan sus demandas contra el fisco, Liberman busca que la justicia determine que, en su caso particular, el impuesto a la riqueza resulta confiscatorio. El tributo grava con tasas de entre 2% y 5,25% (para el caso de activos en el exterior) las fortunas de las personas físicas con activos valuados en 200 millones de pesos o más. Según la AFIP, unas 13.000 personas deberían pagar el aporte solidario y, hasta hace dos semanas, la recaudación orillaba los $30.000 millones, o un 10% de lo que el Gobierno espera recaudar para financiar parte del gasto público exacerbado por la pandemia.

Se descuenta que el aporte extraordinario subirá la escalera judicial hasta la Corte Suprema. Probablemente, Rosenkrantz deberá excusarse de intervenir en las causas que involucran a sus dos socios, pero su opinión sobre otros casos marcará la jurisprudencia que también se aplicará en las presentaciones de Bouzat y Liberman.

Como contó Letra P, el juicio contra la AFIP es caro y riesgoso. Los estudios contables y de abogados, en caso de ganar, se quedarán con entre un 20 y un 25% de lo que hubiere correspondido pagar de impuesto. En caso de que la Justicia determine que los contribuyentes deben pagar, habrá que sumar al 100% del impuesto los gastos judiciales, honorarios e intereses, lo que encarecerá la cuenta un 25%.

Así y todo, empresarios de primera línea se volcaron a litigar. Entre ellos, Héctor Magnetto, Lucio Rafael Pagliaro y José Antonio Aranda, los hombres fuertes del Grupo Clarín, y Matilde Noble Mitre de Saguier, vicepresidenta de La Nación S.A., y su hijo Alejandro Julio Saguier, que integra el directorio. También el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi.

Fuente: Letra P