Cambian el régimen de SGR para ampliar el alcance a más empresas

El Gobierno puso un pie en el acelerador y lanzó un proceso de reestructuración del sistema de los avales crediticios a través de la Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), con la mirada puesta en ampliar la asistencia hacia las firmas más pequeñas y articularlas con otras políticas del Ministerio de Desarrollo Productivo.

"El acceso a respaldo de garantías es una de las dificultades históricas que enfrentan las Mipymes para solicitar financiamiento bancario ya que constituye un requisito para acceder a un crédito", explicaron desde la Sepyme para indicar que buscarán mejorar el sistema y alejar distorsiones. 

Las SGR consisten en una red de empresas que analizan los flujos futuros de las compañías a las que dan avales -mayormente Pymes- para que puedan acceder a créditos del sistema financiero, del que por su condición de tamaño no son atendidas.

A la vez, se nutren de un fondo de garantía destinado a responder en caso de que las empresas finalmente incumplan los compromisos. Esos fondos se componen de aportes que pueden ser de inversores individuales o institicionales.

El viernes de la semana pasada, la Resolución 21/2021 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (Sepyme) fijó un número mínimo de Pymes que deben atender crediticiamente las SGR por cada $ 100 millones de su fondo de Riesgo, entre otras obligaciones, en lo que fueron las primeras novedades a un sistema que tiene ya 25 años.

Pero ahora puso en pausa las nuevas inscripciones al sistema, de forma tal de ir a una revisión integral y permitir un mejor uso de los fondos fiscales destinados a las SGR.

A través de la Resolución 22/2021, publicada en el Boletín Oficial, suspendió por 180 días incluso los trámites de autorización ya iniciados. 

En ese lapso, la Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad Pyme, a través de la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca, deben realizar un análisis del impacto del régimen de SGRcon el objeto de evaluar, entre otros aspectos relevantes, "la adecuación de los requisitos exigidos para autorizar la constitución de nuevas sociedades".

En el fondo del análisis radica "un debate recurrente con todos los gobiernos, acerca del impacto real en la actividad del costo fiscal del régimen, que surge de la exención del Impuesto a las Ganancias a los inversores en los Fondo de Riesgo", explica a El Cronista Rafael Galante, presidente de Crecer SGR y uno de los principales referentes del sector.

De hecho, la Resolución 22/2021 menciona que el costo fiscal estimado del Régimen durante 2019 alcanzó a $ 4.947.545.702 mientras que los gastos tributarios para la Promoción de las SGR para 2021 es de $ 6.653.820.637.

Si eso es el fondo, en cuestiones concretas la Sepyme encontró otros elementos para indagar: advirtió que en auditorías a 26 de las 45 SGR del sistema, en 2018 y 2019 se detectaron varias irregularidades.

"Entre otros hallazgos -relata la Resolución-, incumplimientos en los límites de inversión y calificación mínima de las inversiones del Fondo de Riesgo (...) cuentas de uso compartido entre el Fondo de Riesgo y la Sociedad de Garantía Recíproca".

Por su parte, desde la Sepyme, que encabeza Guillermo Merediz, indicaron que la intención es fortalecer el sistema. "Las SGR no son una empresa normal: a diferencia del resto de las empresas privadas, las SGR tienen un beneficio fiscal. El objetivo es que ese beneficio fiscal se pueda traducir en asistencia y el otorgamiento de garantías a todo el país", aseguraron.

En la actualidad, de las 45 SGR que están funcionando, "un tercio son SGR chicas, con baja operatoria, bajo otorgamiento de garantías -explicaron a El Cronista-. Por tanto, esta suspensión nos permitirá focalizarnos en fortalecer las 45 SGRs que hoy están funcionando", concluyeron en la Sepyme.

Desde el punto de vista del sector, Galante defendió tanto lo actuado desde el sistema, como también que el Gobierno procure optimizar el alcance del sistema.

"Nosotros, en base a una metodología del Banco Mundial, utilizamos el análisis de la adicionalidad, es decir el impacto que tiene el sistema en el acceso al financiamiento de las Pymes, y realmente es muy positivo", explicó.

Según un estudio de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog), el impacto es notable: "Las Pymes que se vinculan a una SGR y son beneficiarias de avales generan un 30% más de empleo que sus pares formales del universo PyME", se sostiene en el análisis en base a datos de 2019.

"Adicionalmente, a partir de nuestras estimaciones podemos concluir que el incremento de avales se ve acompañado con un incremento de facturación", se indica en el relevamiento de Econviews para la institución, al que accedió El Cronista. 

“Personalmente -explicó Galante-, creo que un poco más de 50% de las pyme que avala el sistema son micro y pequeñas, y no tienen crédito si no es con el aval de una SGR. Pero tal vez haya otras que sí y también se pueda llegar a mayor alcance. Lo que traen las normas son nuevos estándares, y tenemos que hacerlo", concluyó.

El directivo se enfocaba, esencialmente, en lo introducido en la Resolución 21/2021 con nuevas exigencias. 

De acuerdo con una recopilación que realizo Moody's sobre el impacto de la norma en el sistema de garantías, los cambios se sintetizarían en:

• El número mínimo de Mipymes asistidas por SGR por año aumenta un 50%. El aumento a 150 exigida presentará un desafío especialmente para las más pequeñas.
• Todas las SGR nuevas o con Fondo de Riesgo inferior a $ 550 millones tendrán autorizado otro fondo de riesgo por esa suma automáticamente.
• El apalancamiento técnico necesario para solicitar un incremento del FDR se establece en 2,7x medido entre el saldo neto de garantías vigentes y el FDR disponible del mes anterior a la solicitud.
• No se permiten nuevas inversiones en moneda extranjera hasta septiembre de 2021 en depósitos, en instrumentos del exterior y en fondos comunes de inversión.

De acuerdo con las cifras de Moody's, el 47% de las SGR están por debajo de la nueva asistencia requerida por la Sepyme. Para adaptarse tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de este año.

La medida, que le pone presión al sistema, sin embargo no representaría un riesgo para la estabilidad del esquema de garantías.

En el sector consideran que, llegado el caso, entre las más chicas, con menos músculo y capacidad de adaptación, podrían llegar a verse algunas fusiones por absorción para hacer frente a estas nuevas políticas.

Desde el Gobierno, recalcan que la nueva normativa "busca consolidar el sistema de garantías, en articulación con el Fondo de Garantías Recíprocas (Fogar) y con los fondos de garantías provinciales que ya están funcionando".

A la vez, destacaron que con el objetivo de promover la inclusión financiera el Ministerio de la Producción, a través de Sepyme, en 2020 fortaleció el FOGAR, que "multiplicó 86 veces su presupuesto, lo que permitió otorgar garantías a 57.000 Pymer y 564.000 monotributistas y autónomos para que pudieran acceder a créditos en el marco de la emergencia sanitaria".

"El acceso a respaldo de garantías es una de las dificultades históricas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para poder solicitar financiamiento bancario ya que constituye un requisito para acceder a un crédito", rescataron.

Fuente: El Cronista