Sin acuerdo: Argentina debe aún 1150 millones de dólares a Fondos Buitre

Por Tomás Lukin

“La capacidad de la República para obtener financiamiento puede verse afectada por el remanente de litigios holdouts”, advierte el Ministerio de Finanzas a los compradores de la deuda externa argentina. A veintidós meses del primer pago a los fondos buitre el gobierno reconoció la existencia de 1150 millones de dólares en bonos en default que no aceptaron el redituable acuerdo oficial. El último prospecto de emisión presentado ante la  Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para habilitar la primera colocación de deuda de 2018 detalla que el 62 por ciento de esa cifra, unos 718 millones de dólares, corresponden a títulos regidos por legislación extranjera. Cuando se suman los litigios iniciados en las cortes europeas y los tribunales arbitrales internacionales como Ciadi, Uncitral o ICC los riesgos legales del país alrededor del mundo ascienden hasta los 5900 millones de dólares. 

Publicado con la firma del ministro Luis Caputo, el documento indica que todavía existen 92 demandas contra Argentina en las cortes de Nueva York. Las acciones de los acreedores carroñeros remanentes representan bonos por un valor nominal de 629 millones de dólares. Los litigios se extienden hasta Alemania donde el monto reclamado suma 167,3 millones de euros. Las autoridades argentinas sostienen que varios de los litigantes europeos con sentencias firmes pretenden ejecutar sus sentencias a través de embargos o medidas cautelares similares a otorgadas por el fallecido juez Thomas Griesa a fondos como NML Capital. 

“Las acciones legales iniciadas por los acreedores que no respondieron al acuerdo  propuesto por Argentina continúan en varias jurisdicciones. Si bien la terminación de la medida cautelar del pari passu removió un obstáculo material para que el Gobierno acceda al mercado de capitales, futuras transacciones podrían verse afectadas mientras persistan los juicios con los holdouts”, indica el Formulario 424B5 que deben presentar los países ante el organismo regulador estadounidense previo a una colocación en esa plaza financiera.

A lo largo de 130 páginas donde abundan elogios a la gestión de Mauricio Macri y críticas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el prospecto detalla los riesgos económicos, políticos y legales que enfrentarán quienes compren bonos argentinos. El Observatorio de la Deuda Externa de la UMET estima que sobre el total de la deuda externa emitida durante los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri, 85.167 millones de dólares en títulos se encuentran en poder de acreedores externos. La sostenida demanda de papeles argentinos que alimenta el nuevo ciclo de endeudamiento y fuga de capitales reside en su atractivo rendimiento. 

A pesar de las “pruebas de amor” ofrecidas a lo largo del proceso de reinserción en los mercados internacionales –desregulación financiera, liberalización cambiaria y acercamiento al FMI– las tasas pagadas por Argentina siguen entre las más elevadas del mundo. El elevado rendimiento y los poderes de seducción de los funcionarios se complementan con la ofrenda al mercado de medidas de reformas en materia laboral, tributaria y previsional. Ante los acreedores, esas medidas garantizan que el país dispondrá de las divisas necesarias para pagarles.

A la información referida al accionar de los acreedores carroñeros remanentes, el documento presentado por Argentina ofrece datos actualizados para el stock de causas contra el país en tribunales arbitrales internacionales como el Uncitral de Naciones Unidas y la Cámara Internacional de Comercio que suman 841 millones de dólares. Por su parte, 

las demandas pendientes ante el Ciadi del Banco Mundial superan los 3700 millones de dólares. En el escrito rubricado por Caputo se anticipa la existencia de negociaciones con cinco multinacionales que litigan en ese ámbito para alcanzar acuerdos económicos y finalizar las disputas. 

En el Ciadi se dirimen controversias entre países y empresas. Argentina aceptó su competencia durante el gobierno de Carlos Menem como parte de una estrategia de inserción internacional. La cesión de soberanía jurídica fue fortalecida con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión que limitaron la capacidad de regulación e intervención del Estado. Después del estallido de la convertibilidad, Argentina acumuló un número significativo de sentencias. El documento oficial publicado a comienzos de enero sostiene que existen cuatro fallos finales firmes en los tribunales arbitrales del organismo multilateral contra la Argentina por un monto total 444,9 millones de dólares. De acuerdo al relevamiento realizado por la cartera de Finanzas el Ciadi acumula otras tres sentencias desfavorables por 742,7 millones de dólares donde el país realizó pedidos de anulación y una decisión adicional por 13,4 millones de dólares en la cual fue la demandante quien solicitó la suspensión. Asimismo, hay otros tres juicios en curso que suman reclamos por 1600 millones de dólares y una última disputa donde la multinacional todavía no estableció el monto de la demanda. 

El documento adelanta que Finanzas está negociando con un grupo de cinco empresas para alcanzar acuerdos. “Hay otros cinco casos más donde las partes acordaron suspender el proceso judicial a la espera de una discusión para alcanzar un arreglo, incluyendo cuatro casos que totalizan 1000 millones de dólares y uno que todavía no tiene monto. Una finalización exitosa de estas negociaciones podría llegar a que otros demandantes en el Ciadi retiren sus demandas”, advierte el escrito oficial. 

La negociación con las empresas demandantes comenzó en 2013 cuando, para destrabar el flujo de financiamiento de los organismos multilaterales, el gobierno de CFK alcanzó un acuerdo con cinco accionistas de concesionarias de servicios públicos privatizados que tenían laudos con sentencia firme. El último acuerdo alcanzado por el gobierno de Cambiemos fue en diciembre cuando pagó 77 millones de dólares en bonos a una firma francesa que operaba en Mendoza. 

Fuente: Pagina 12