Este martes, 15 directivos de Vicentin fueron imputados por presunto delito de estafa y defraudación. La primera audiencia comenzó a las 8 de la mañana y duró dos horas. Entró en un cuarto intermedio y se reanudará el jueves por pedido de la defensa, que adujo no haber tenido tiempo suficiente para analizar el material, tras recibir una carpeta con 36 millones de archivos electrónicos. 

Los abogados buscarán articular su estrategia en las próximas 48 horas y los referentes de la empresa involucrados en el caso -que forman parte de la familia empresaria y son apuntados como los responsables de la caída del gigante agroexportador- volverán a presentarse en los tribunales de la Justicia rosarina para hacer su descargo.

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En este sentido, desde el entorno de Vicentin, señalaron que recién a las 2 de la madrugada de este martes, a solo seis horas del comienzo de la audiencia, fueron notificados sobre el contenido de la denuncia. Aseguraron que, hasta entonces, desconocían las atribuciones que se les realizaron. "Es imposible preparar una estrategia así", advirtieron. 

Asimismo, todavía se desconocen las medidas cautelares que se les aplicarán. Sin embargo, la fiscalía, a cargo de Miguel Moreno, anticipó que tiene previsto pedir la prisión preventiva para algunos de ellos como así también nuevos embargos. 

"Con el proceso iniciado, ahora buscan ganar tiempo para empaparse de los detalles y formular su versión. Es muy probable que los abogados hablen en lugar de los acusados", señaló una fuente con llegada a la compañía. 

"Presentarán la defensa y argumentarán que no corresponde la prisión preventiva, dado que no se presenta ninguno de los tres elementos que califican en tal caso: los imputados no fueron encontrados infraganti en un delito que no fue comprobado, no buscan entorpecer la investigación (siempre estuvieron a disposición cuando se los requirió para declarar o proporcionar documentación) y no hay peligro de fuga (de hecho, se presentaron a la audiencia sin ningún incoveniente)", profundizó. De todos modos, los representantes legales de los acusados ofrecieron un seguro de caución por u$s 5 millones.

Desde la compañía, señalaron que "sería muy grave que se les aplique una prisión preventiva, dado que la medida denotaría intencionalidad". En la previa a la cita judicial, parte de los directivos apuntados dialogaron con El Cronista y aseguraron que la resolución de la causa podría entorpecer la salida de Vicentin de su crisis.

Cuestionaron el accionar judicial en un momento clave de la negociación para el futuro de la empresa. A menos de dos meses del vencimiento del período de exclusividad que la firma tiene para llegar a un acuerdo con sus acreedores y así evitar la quiebra, denunciaron que resulta "inoportuna" esta presentación judicial. "La audiencia cae justo cuando estamos cerca de la salida del concurso. Estamos teniendo plenas conversaciones para la búsqueda de soluciones", comentaron al respecto.

Los ejecutivos de la agroexportadora -que entró en default en diciembre de 2019 y contrajo una deuda superior a u$s 1570 millones con más de 1000 acreedores comerciales y bancarios- están acusados de haber confeccionado y utilizado balances contables anuales y trimestrales, correspondientes a los períodos 2017 y 2018, para difundir información económica-financiera falsa de la compañía y así alterar su verdadero pasivo.

"Los mismos exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad, engañar a las entidades financieras y provocar bajo error disposiciones que superan los u$s 500 millones en virtud de líneas de créditos acordadas", detalla el documento con las imputaciones, al que accedió El Cronista.   

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Entre los ejecutivos involucrados, se encuentran Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus y Omar Scarel. En el momento en el que la compañía entró en cesación de pagos, ocupaban los cargos de presidente, vicepresidente, directores titulares y síndicos. Por su parte, Scarel se desempeña actualmente como presidente del directorio. 

La causa fue iniciada el año pasado por acreedores financieros y comerciales, que denunciaron una estafa por más de u$s 500 millones y maniobras en la compra de granos mediante la modalidad 'a fijar', que, según lo indicado, le permitía a la compañía diferir los pagos.  

Entre los denunciantes, figuran acreedores de peso, como la corredora Grassi y cinco bancos internacionales y uno local: a la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial (IFC), el Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés (FMO), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, se sumó como querellante Banco Macro.

En la cerealera, hicieron hincapié en que, mientras tanto, continúan trabajando en el armado de la propuesta concursal, "manteniendo conversaciones con los posibles inversores estratégicos". En esta línea, el directorio busca generar un consenso para arribar a un acuerdo antes del 16 de diciembre, fecha en la que vence el período que la Justicia le otorgó a la agroexportadora, a raíz del pedido de extensión que solicitó.

Aunque logró acercar posiciones, todavía falta avanzar en las conversaciones con los involucrados. Es que, de acuerdo a los mismos directivos, "la recepción, hasta el momento, fue cauta". "Aún la propuesta que comunicamos recientemente no fue presentada en el expediente. Está en construcción", afirmaron.

Fuente: Cronista