Grave: Denuncian a Julio Conte Grand de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución

Denunciaron penalmente al procurador bonaerense Julio Conte Grand de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución. La presentación la realizó el último miércoles la diputada bonaerense del Frente de Todos Susana González. El caso quedó radicado en el juzgado federal de La Plata a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla y también involucra al exinterventor del Astillero Río Santiago Daniel Capdevilla, a fiscales provinciales y hasta a exagentes de la AFI.

Cuáles son las otras vías por donde se van los dólares

La diputada González aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”. De acuerdo la denunciante, está claro que durante la gestión de Juntos por el Cambio se conformó "un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.

González centró su presentación de 39 páginas en Julio Conte Grand, quien el 27 de diciembre de 2016 pasó de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal a jefe de los fiscales bonaerenses. En la denuncia se describe cómo el actual procurador reestructuró el Ministerio Público provincial para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses. Así, premió a quienes le respondían en la persecución judicial de opositores y presionó a los díscolos. “El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, remarcó la legisladora provincial.

Un pasaje central del escrito hace foco en un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago. González destacó cómo el fiscal a cargo de esa pesquisa, que respondía a Conte Grand, decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción enorme que comprometía a Cambiemos. La referencia es a “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, que se hicieron con aproximadamente 95 millones de dólares”.

Para González, desde la asunción de Conte Grand “se han realizado diversas actuaciones, con coordinación, planificación y estratégica temporalidad para llevar adelante una serie de actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción, perjudicar directivos y dirigentes gremiales del Astillero Rio Santiago, y disciplinar y perseguir a Agentes Fiscales que no seguían las órdenes del Procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los Funcionarios de la Procuración denunciados (…)”. La denuncia condensa cómo Conte Grand manejó la procuración bonaerense durante el gobierno de Vidal.

La denuncia describe actos de “corrupción, los que podrían estar tipificados como malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita de todos los integrantes que a continuación se enuncian”, señaló la denunciante.

¿Quiénes son los denunciados?Julio Conte Grand, procurador general bonaerense.Daniel Capdevila, expresidente del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago y exfuncionario de María Eugenia Vidal.Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).Y diversos integrantes del Ministerio Público bonaerense como: Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal; Juan Cruz Condomi Alcorta, fiscal del Departamento Judicial de La Plata; Miguel de Lezica, Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración provincial; y Max Perkins, quien fuera subsecretario de la Secretaria de la misma dependencia.

En diálogo con El Destape, González explicó: “Esta denuncia revela un entramado no solo de espionaje o de direccionamiento para el armado de causas sino que la base más importante de esta investigación es un acto de corrupción de malversación de fondos públicos de quienes dicen ser transparentes”, dijo en referencia a los dirigentes del PRO. La diputada agregó que los funcionarios de Cambiemos “gozaron de la impunidad que les brindó el Poder Judicial, que cuando hay una denuncia que los involucra a ellos termina en fiscales y jueces suspendidos y cuando arman causas para investigarnos a  nosotros ponen a sus propios fiscales y jueces para perseguirnos”.

El primero paso: la secretaría del Control Disciplinario

En la denuncia se focaliza en la “Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento” que crea Conte Grand para centralizar todas las denuncias contra los fiscales provinciales. Con esta decisión “pasa a estar el ‘control disciplinario’ centralizado en una Secretaría con funcionarios elegidos discrecionalmente –sin concurso público de antecedentes- por Conte Grand”. Para González no hay dudas: “Ese fue el primer paso en un plan orquestado para manipular el sistema judicial, y así poder cometer distintas acciones ilícitas”.

Esta decisión posibilitó que Conte Grand “decida arbitrariamente activar, paralizar o archivar las denuncias realizadas según la conveniencia política”. Es decir, presionar fiscales.

La secretaría continúa encabezada por el relator del procurador, Miguel de Lezica, según se desprende de la propia página de la procuración bonaerense. Lezica fue secundado por el abogado Max Perkins, “que no era empleado ni funcionario de la Procuración, sino otro militante de Cambiemos”, se remarcó en la denuncia. Es que hasta su asunción, Perkins se desempeñó como Secretario de Seguridad del Municipio de San Miguel, intendencia que gobernó Joaquín de la Torre, dirigente cambiemita que luego fue ministro de Gobierno de Vidal y hoy es senador provincial. A principios de 2021, tal como se sostiene en la denuncia, Perkins  fue designado Subsecretario de Administración en el Ministerio de Desarrollo Humano y Habitad del gobierno porteño. Es decir, está bajo el amparo de Horacio Rodríguez Larreta.

González sostiene en su presentación que la Secretaría de Control Disciplinario “ofició como parte fundamental en el armado de maniobras de inteligencia ilegal y manipulación en el accionar de la Justicia, configuración de impunidad para fiscales denunciados en instancias penales, administrativas e internacionales, al tiempo que suspendía a aquellos que les resultaban díscolos a sus planes partidarios políticos”. En el escrito de casi 40 páginas se citan diversos ejemplos, como el del fiscal general Enrique Ferrari, perseguido durante el macrimo; y el de Fabián Fernández Garello o Sebastián Scalera, protegidos por Conte Grand.

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