A pesar de que no depende directa ni indirectamente de su administración, Mauricio Macri tiene a Astillero Rio Santiago entre ceja y ceja. Así se lo hizo saber a empresarios navales con los que se reunió este mes en Mar del Plata, a los que les ofreció que se “hagan cargo” de la empresa, que pertenece al Estado bonaerense.
El 13 de julio, el presidente Mauricio Macri visitó Mar del Plata en el marco de la “Mesa de Pesca”, en busca de incentivar y escuchar las problemáticas del sector. Allí se reunió con pesos pesados de la industria naval y les blanqueó una de sus obsesiones: resolver el conflicto que para él significa Astillero Rio Santiago, a pesar de que su administración corresponde a la Provincia.
De esa mesa trascendió una frase que acompañará a Macri en su camino hacia la posteridad. “Hay que dinamitarlo”, aseguró el Presidente, tan afecto a los sincericidios, según la versión. La reacción fue inmediata y enérgica: ayer mismo, los trabajadores y toda la comunidad se unió en un “ensenadazo” para defender la continuidad de Astillero.
Lo que no había trascendido de la expresión de Macri es que no fue un comentario al azar, sino que la enunció en un contexto de búsqueda de soluciones para lo que él mismo considera un problema. Así lo confirmó a INFOCIELO un empresario que participó de ese cónclave, en el que, comentó, además, hubo varios empresarios navales hicieron “lobby” para cerrar la empresa provincial.
Frente a esta situación, Macri consultó a Domingo Contessi, presidente de Astillero Contessi y vicepresidente de la Federación de la Industria Navala Argentina. Y se produjo el diálogo que derivó en derrape:
“¿Qué hago con el Astillero Río Santiago?”, preguntó Macri al empresario, que le devolvió la idea que lo haría célebre: “Hay que dinamitarlo”. Macri celebró la ocurrencia pero insistió: “¿Y si te hacés cargo?”. Contessi no quiso saber nada: “Ni en pedo, tenés más de tres mil tipos que figuran y sólo 700 que fichan”, replicó. El presidente subió entonces la apuestA: “¿Y si lo recibís con 600?”, se animó.
Hasta ahora, ni Mauricio Macri ni María Eugenia Vidal tomaron una decisión al respecto. La última novedad data de mayo de este año, cuando la Gobernadora decidió intervenir por decreto la empresa, corriendo de la presidencia a Cristian Curto y a otros 9 gerentes, para nombrar como interventor a Daniel Capdevila, ex Coordinador de Proyectos del Ministerio de Modernización de la Nación, la usina de donde surgen los más elaborados planes de ajuste.
La pregunta es de quién depende Capdevila. Por lo pronto, en el Ministerio de Producción se desentendieron totalmente del funcionamiento de Astillero Río Santiago, a pesar de que tiene competencia sobre el área. Traducido: Macri -o su gobierno- tomó la empresa bonaerense por la fuerza.
Desde la asunción de Capdevila, los trabajadores denuncian persecuciones, aprietes y negociados, como la tercerización de los servicios médicos. Lo que no apareció nunca fue dinero para insumos o nuevos proyectos para encarar. Astillero Río Santiago demandará del Estado unos 3.500 millones de pesos este año para funcionar. Casi toda esa masa de dinero irá a parar a sueldos.
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Pero puede costarle mucho más por los trabajos que tiene paralizados, como los buques petroleros Eva Perón y Juana Azurduy, cuya entrega lleva un año de demora -y sumaría al menos uno más-, lo cual puede derivar en juicios contra la Provincia por 50 millones de dólares por el incumplimiento del contrato, por parte de la venezolana PDVSA. El mismo cuadro puede darse por el retraso en la construcción de dos remolcadores y dos graneleros, para un cliente privado.
Industria en declive
La crisis que vive la industria naval no es nueva, y lo único que marcha viento en popa son las pequeñas reparaciones que se desarrollan en lugares como Puerto Rosales. Este dato fue confirmado a este portal por Rodrigo Aristimuñu, Secretario de Prensa del SUTAP (Sindicato Único de trabajadores de administraciones portuarias) de Punta Alta.
La crisis en la industria naval es tal, que hasta la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) se hizo eco del tema y, por primera vez, emitió un comunicado en contra de los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. La UIPBA tiene sintonía fina con Cambiemos: su presidente, Martín Rapallini, es hermano del intendente de Maipú, de signo oficialista.
El motivo del alerta es que el presidente Mauricio Macri promulgó el decreto del decreto 650/2018 que reglamenta la Ley N° 27.419, denominada “Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional”. El decreto es otro mazazo para la industria: establece arancel cero a la importación de buques nuevos y usados
El comunicado de UIPBA afirma que de “aplicarse dicha medida, no contemplaría la situación actual que atraviesa nuestra industria naval, y dejaría de lado la capacidad vigente que tiene el sector local para diseñar y construir estas mismas embarcaciones”. Los Industriales recordaron que estas politicas fueron aplicadas en décadas anteriores y redundó en “el cierre de astilleros y talleres navales, la desinversión, la destrucción de la cadena de proveedores, la pérdida de recursos humanos calificados formados tras años de inversión pública y privada, y el deterioro de infraestructuras, de equipos y de herramientas”.
La frutilla del postre es la decisión de Macri de adquirir, mediante compra directa, cuatro buques patrulleros marítimos de clase Kership, por un monto total de 330 millones de dólares, al astillero Naval Group. En Ensenada calculan que si se hubiera fabricado en ARS costaría 110 millones menos. Lo más curioso de esta situación es que el Naval Group es, como Astillero, una empresa de gestión estatal.
Fuente: Infocielo
