Son tan precarias las medidas que toma el Ministro Dujovne y Dante Sica que el nuevo impuesto a la exportaciones industriales debe pagarse antes de cobrar las mismas, ahora buscan corregirlo.
Nacional - Gobierno10 de septiembre de 2018
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Con el objetivo de aliviar el costo financiero de las pymes, el Gobierno publicará esta semana un decreto en el Boletín Oficial, en donde les otorgará un plazo de hasta 90 días para que paguen las nuevas retenciones, medida que regirá tanto para las economías regionales como para el resto de los firmas de ese segmento del agro y de la industria.
Fuentes calificadas del Ejecutivo nacional confirmaron a BAE Negocios que "luego de la presentación de un pedido por parte del Grupo Proa, una de las cámaras autopartistas, se hizo una rápida evaluación y se resolvió el otorgamiento general para todas las pymes el período de noventa días para la cancelación de las retenciones, tomando el día uno en el despacho aduanero".
El ministro de Producción, Dante Sica, se comunicó el pasado viernes con la entidad autopartista para ratificarle la aceptación del planteo (viabilizado mediante una carta), y le adelantó que todas las pequeñas y medianas empresas de la Argentina gozarán del beneficio, ya que las mismas en general cobran sus exportaciones en un plazo que puede ir desde los 15 días a los 60 días.
El nuevo esquema de retenciones quedó dividido en un valor fijo de 4 pesos por dólar de exportación para las pymes que comercializan productos primarios, y de 3 pesos por dólar para las empresas que exportan bienes industrializados. Uno de los argumentos del Grupo Proa que convenció a Sica es que, tal como estaba dado el esquema, había un mayor ahogo financiero para las pymes que debían pagar primero el derecho exportador y esperar por el cobro de las operaciones.
Cabe aclarar que la modificación en el régimen no alcanzará a las grandes empresas, que deberán depositar el monto correspondiente a los derechos en forma previa al embarque de los productos. Entre los sectores que se verán beneficiados por el alargamiento de los plazos de pago, además de las pymes industriales, se encuentran los exportadores de carne, pollo, arroz, limones, manzanas, peras, maní, frutas finas, vinos, legumbres, aceite, jugos y yerba, entre otros.
El Gobierno confirmó la semana pasada el restablecimiento de los derechos de exportación a las actividades agrícolas e industriales, con lo que espera una recaudación adicional de $ 280.000 millones en 2019 para cubrir el déficit fiscal proyectado para ese ejercicio presupuestario más los vencimientos de deuda en el año entrante. De todas formas, se espera que haya distintas reacciones desde las cámaras industriales esta semana y algunas fuentes expresaron off the record que se evalúa reclamar al Gobierno que en algunos productos haya directamente exenciones al pago.
La re imposición de un esquema de retenciones sacudió los cimientos del sector automotriz. Sumada a la fuerte baja de los reintegros a las exportaciones, la medida es "tan grave" -calificaron desde el sector- que las terminales ya proyectaron que caerán las ventas al exterior este año, aunque esperarán al detalle oficial para dar a conocer una postura. Fuentes de las automotrices señalaron ayer que "no se descarta un pedido de reunión con el ministro". "Es algo que está bajo análisis. Esto es un golpe a la línea de flotación para una industria que no tenía retenciones", enfatizó la fuente consultada.
Antes, las retenciones se compensaban con los reintegros pero la devolución de impuestos en operaciones de exportación se redujeron de 6,5% a 2% para las ventas al Mercosur -especialmente a Brasil, principal mercado-, lo cual afecta seriamente la competitividad combinado con retenciones.
De acuerdo con los cálculos preliminares de las empresas nucleadas en la cámara Adefa, una retención de $ 3 por dólar, con un tipo de cambio de $ 38, "es casi el 8% del valor de venta de exportación, lo cual significa unos u$s500 millones por año", estimaron desde las fábricas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) desreguló una norma clave, permitiendo una mayor flexibilización en la conformación de sociedades comerciales. ¿Es esto realmente beneficioso para las pymes o abre la puerta a nuevos riesgos?
El presidente Javier Milei redobló su ataque contra el sector industrial argentino, dejando en claro que su modelo económico no tiene espacio para la producción nacional. “Van a tener que competir, van a tener que bajar sus retornos”, sentenció, en un mensaje que busca imponer la lógica de mercado salvaje sin ningún tipo de protección para las pymes y la industria nacional.
El gobierno dice que los supermercadistas reconocieron que aumentaron por encima de la inflación y como represalia les abrirán las importaciones y bajarán impuestos.
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Epstein asegura que es el plazo necesario previo a una apertura total del mercado. En el programa de gobierno de LLA, la política industrial brilla por su ausencia.
La Justicia ratificó la cautelar que impide la conversión del Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima por un período de seis meses. Mientras tanto, una encuesta de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) reveló que más del 92% de los empresarios pymes están en contra de la privatización y el 80% cree que la medida fue una cortina de humo para tapar el escándalo de la estafa con Libra.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
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