Ford: avanza el juicio que cambiará la historia del empresariado argentino

Anoto a velocidad en un cuaderno todo lo que puedo. No soy el único. Vuelan los conceptos por el aire: valorización financiera, diferencial de tasas de interés, deuda externa y fuga, industrialización por sustitución, representación gremial, métodos de producción. Sensaciones extrañas: no estamos en la universidad, sino en un tribunal que juzga delitos de lesa humanidad y de a ratos tenemos la sensación que podríamos escuchar al juez sentenciar: “Directivos de Ford, se los encuentra culpables por explotar a sus obreros”. Quién da más.

En la última audiencia de testigos del Juicio a Ford, el economista Eduardo Basualdo, la historiadora Victoria Basualdo y el sociólogo Federico Vocos dieron en conjunto una clase magistral de teoría económica y laboral y de historia argentina. No hubo margen de réplica para los abogados defensores. Fue una disputa desigual. Las querellas se mostraron más que satisfechas: pudieron incorporar al debate el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado.

El 30 de octubre se hará una inspección en la comisaría de Tigre y después sólo quedará lugar para los alegatos y la sentencia.

El maestro

Victorio Paulón define a Eduardo Basualdo como un intelectual orgánico de la clase obrera. El histórico referente de la UOM de Villa Constitución y de la CTA, viene acompañando este juicio desde el comienzo. A Eduardo le parece que exagera.

Economista y Doctor en Historia, coordinador del Área de Economía y Tecnología de Flacso, miembro de la comisión directiva del CELS e investigador jubilado del CONICET, el coautor del legendario El nuevo poder económico explicó durante más de una hora y media cómo el poder del capital financiero destruyó la capacidad industrial del país. “Es como ahora”, enfatizó en más de una oportunidad.

Eduardo Basualdo explica el contexto de la represión.
 

El maestro habla con serenidad, casi en tiempo y forma artesanal. Los jueces escuchan atentos. Hacen el esfuerzo. Como todos. No hay cambio de cámara cada cinco segundos. El presidente Osvaldo Facciano asiente ante cada afirmación. Lustra su teléfono en el pantalón, sin mirarlo. Todo un mérito. El juez Gambacorta estira su brazo derecho sobre la mesa, casi arañándola. El tercer integrante, Martínez Ferrero, parece momificado. Si en ese momento acaso se preguntan para qué sirve este testimonio, a lo largo de la audiencia irán descubriendo la respuesta.

Ahora Basualdo explica que en Argentina, en los años ’40 del siglo XX, se asentó un modelo industrialista. Que entre 1958 y 1962 se abrió las puertas para que hiciera su aparición protagónica el capital extranjero. Que se intentó la industrialización pesada y que en 1975 se produjo un giro copernicano y “se instala lo que podemos llamar la valorización financiera. No es una contradicción entre ambas economías”, porque son los principales industriales los que cambian y encabezan el nuevo modelo, explica.

Basualdo analiza el sentido de la Reforma Financiera aplicada en 1977 (ley todavía vigente) y el juego de especulación entre las tasas de interés interna y externa que se vuelve determinante, el rol del Estado en la toma de la deuda pública y el régimen de seguros de cambio que permite a los privados transferir sus deudas a todos los argentinos: “El Estado financia la fuga”, “los dólares son privados y la deuda es estatal”, “lo que se está fugando es la inversión”. Frases de colección. “Hoy es más fácil entenderlo”, insiste.

Ford fue una de los principales conglomerados económicos de base industrial que participó de esta “estafa al pueblo argentino”, como la definiera Alejandro Olmos, quien falleció en junio de 2000, pocos días antes de que el Juez Federal Jorge Ballestero sobreseyera por prescripción a José Martínez de Hoz y a Guillermo Walter Klein en la causa de la deuda externa de la dictadura. En aquel fallo, Ballestero sentenció que “se puso de rodillas al país”. Hoy, investigadores en distintas partes del mundo proponen repensar estos delitos como “crímenes económicos contra la humanidad”. “Nos referimos a una serie de graves abusos de naturaleza económica, presentes en el imaginario colectivo, que han despertado nuestra indignación ante la grave naturaleza y consecuencias de los actos que representan, así como por la impunidad que generalmente los ha envuelto”, señala Libia Arenal Lora en su reciente libro Las nuevas formas contemporáneas de victimización. Los crímenes económicos contra la humanidad.

El maestro cierra con dos datos claves. Primero. “Durante el transcurso de la dictadura, en 1979 y 1980, Ford llega a ubicarse como la segunda empresa de mayores ventas y la primera entre las que pertenecen a inversores extranjeros, situación que no tiene precedentes ni se repetirá”, dice. Segundo. “Más paradójico es que durante esos años, la empresa Ford Motors Argentina se ubica como la subsidiaria con mayor rentabilidad en el mundo de la casa matriz Ford Motor Company”.

Jaque.

¡Es el fordismo!
—¿A qué se refiere usted con “fordismo”? ¿Es un término inventado?

La pregunta del abogado de uno de los imputados provoca risa incluso en los jueces. “¡Qué pelotudo!”, se escucha desde el fondo. Federico Vocos estuvo explicando durante casi una hora las características del archiconocido método de producción inventado por Henry Ford hace más de un siglo, pero no se incomoda con la pregunta. Vuelve a explicar.

Vocos es sociólogo, especialista en estudios del trabajo y formación sindical. Es trabajador del (ex) Ministerio de Trabajo. Fue co-director del Taller de Estudios Laborales (TEL). Su exposición es brillante. Con gran claridad expone los principios del método de producción fordista y su adaptación al denominado “toyotismo” a fines de los años ’90, creando el Ford Production System (FPS). En esos años Vocos recorrió la fábrica y entrevistó junto a un equipo de investigación a más de una decena de trabajadores y cuadros medios de la empresa.

Su declaración permite entender a los jueces las características de la organización de la producción en los años en que se cometieron los crímenes contra 24 trabajadores, durante el terrorismo de Estado. Se detiene con minuciosidad para explicar las nociones del obrero “detallista”, con tareas fragmentadas, repetitivas, especializadas, y su destino atado a la cadena de montaje. El ritmo de trabajo es externo al trabajador, lo define la alta gerencia, que busca “incrementar la saturación del puesto de trabajo, eliminar toda porosidad de tiempo muerto”.

Vocos se explaya en otro asunto: el control de los movimientos y los desplazamientos en la planta. Cuenta sobre los formularios que deben llenar los trabajadores y la existencia de un pasaporte interno. “El control de hasta los mínimos detalles”, señala. No vuela ni una mosca sin que la dirección de la fábrica lo sepa. Agrega que el otro factor clave es la comunicación interna. Reproduce la cadena: capataz, supervisor, superintendente, gerente de planta, gerentes generales, presidencia. “Hay una jerarquía en escalera y una autoridad que diseña los planes y está a cargo de la planificación”, concluye.

Los jueces escuchan atentamente cuando Vocos explica que ya desde aquellos años ’70 Ford terceriza sectores de la planta, que el objetivo es achicar lo que la empresa considera costos y debilitar la organización gremial. Destaca además las enfermedades profesionales generadas por la organización del proceso de trabajo, las físicas y las psíquicas y las consecuencias emocionales de un trabajo monótono.

La combativa abogada defensora, Adriana Ayuso, inquiere. Como con Eduardo Basualdo, busca atacar la legitimidad del declarante y, cuando no puede, cree ganar terreno con la insistencia de que Ford no era la única empresa mala en esta historia. “¿Es exclusividad de Ford?”, pregunta cuando se refieren a controles agresivos y a enfermedades del trabajo. Quiere que le hablen de la subversión (Ayuso se esmera en hacernos dar cuenta que no usa comillas) en la fábrica y los ataques a los gerentes.

Ayuso le pregunta a Vocos si es necesario un sistema de control exhaustivo como el de Ford para garantizar este tipo de producción industrial. Pregunta de gran profundidad filosófica (sin ironía), que Vocos resuelve apelando a la historia de los trabajadores de Ford: “Durante la toma de la fábrica de 1985, los obreros de Ford pusieron la planta en funcionamiento sin ningún tipo de control empresarial. Incluso se dice que los vehículos que se fabricaron esos días fueron los mejores que surgieron de esas líneas de producción”.

Jaque otra vez.

Prepotencia de trabajo

Victoria entra a la sala con elegancia. Lleva bajo el brazo una carpeta con apuntes y documentos y los dos tomos del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que sintetiza años de militancia, estudio e investigación personal y colectiva. Se sienta frente al tribunal. Se emprolija el pelo. Sonríe. Está a gusto arriba del ring.

Victoria Basualdo. Todas las ilustraciones son de José Eliezer.
 

Victoria tiene un currículo abrumador. Es Master in Arts, Philosophy y PhD (Doctora) en Historia por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es investigadora de CONICET y profesora en FLACSO, donde coordina el Programa de Estudios del Trabajo. Pero además es militante de las mil y unas causas de los de abajo. Como una araña, teje redes de investigación en América y Europa sobre empresas, dictaduras y represión. Recientemente volvió de Ciudad Juárez, México, donde expuso sobre la brutalidad de la tercerización productiva. Vio de primera mano el horror de las maquilas, esas brutales fábricas-cárceles del norte mexicano.

Victoria se toma varios minutos para explicar las fuentes de la investigación. Se trata de un trabajo realizado por instituciones civiles y estatales, durante casi dos años. No es un estudio de caso, sino el análisis comparativo de cómo 25 empresas combinaron la violencia privada y estatal durante el terrorismo de Estado, con el objetivo de disciplinar a los trabajadores. Se toma una larga hora para exponer los resultados de la investigación, sin clemencia para todos los presentes —incluidos los jueces y abogados— que, sin almuerzo de por medio, caramelean a lo loco.

“El principal objetivo era explicar una amplia variedad de prácticas represivas contra los trabajadores”, explica Victoria al referirse a esta “estrategia represiva común” de un sector del empresariado local y extranjero. Habla de la organización gremial, de la combatividad obrera en una época de alza de las luchas sociales y políticas y del ejercicio disciplinador de la violencia empresarial en los lugares de trabajo. “Pongámonos en el lugar de un trabajador que ve cómo secuestran a un compañero dentro de la fábrica”, dice para intentar bajar los conceptos.

[El ejercicio que propone funciona en el acto. Minutos antes, en la misma audiencia, declaró desde Mar del Plata Ramón Argeo Ortiz, hermano de Arcelia, esposa de Ismael Portillo, que estaba presente cuando las fuerzas represivas secuestraron a su cuñado de su lugar de trabajo. Ramón trabajó en Ford entre 1974 y 1998, hasta que quedó afuera por “reestructuración” empresarial.]

Victoria se centra en un documento central del informe: el Anexo III de las Directivas del Ejército Nº 504, redactadas en abril de 1977 y revisadas un año más tarde. Explica que allí —desde la mirada militar— se observan distintas actitudes del empresariado, desde el que estaba “consustanciado” con el proceso represivo, el que colaboraba de forma reticente por miedo a represalias de la “subversión”, hasta el que iba más allá en la represión, es decir, que excedía los objetivos de la “erradicación-normalización” buscada por el Ejército, el más brutal.

Ayuso no deja pasar su momento. Insiste en las fuentes y vuelve sobre un argumento manido: “¿Cree que la empresa podía negarse a la acción del Ejército?”. Basualdo responde en acto reflejo, mirando directamente a la cara de la abogada defensora: “Que yo sepa, estaba vigente la propiedad privada”.

Mate.

Fuente: el cohete a la luna