El #Gondolazo ya empezó a generar reacciones dentro del supermercadismo. A tal punto que el propio Víctor Fera de Maxiconsumo prefirió no mostrarse con Grabois en la presentación del proyecto de Ley de Gondolas frente al Congreso de la Nación
Política - Comercio09 de abril de 2019
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Con un gondolazo frente al Congreso, Juan Grabois presentó en Diputados un proyecto para evitar que las grandes empresas impongan precios abusivos en los supermercados. La propuesta busca que estén obligados a ofrecer productos de cinco proveedores por rubro –como mínimo–, para que haya competencia. A su vez, plantea que ningún grupo empresario ocupe más del 30 por ciento del espacio por góndola y que se garantice un piso a la producción nacional. El proyecto original fue elaborado por Fera, que el viernes anterior plantó a Juan Grabois y presentó su proyecto junto a Elisa Carrió, y retomado por el Frente Patria Grande, que agregó un artículo para que el 5 por ciento de las góndolas sea destinado a la venta de productos de las cooperativas de trabajo.
El proyecto original acerado por Víctor Fera, dueño de maxiconsumo y marolio, dejaba afuera a los supermercados mayoristas, algo que causó desconfianza entre los empresarios nacionales, "parece que él no se quiere regular" indicaron fuentes del sector pyme.
Para apoyar el proyecto, cooperativistas, la Asociación de Empresarios Nacionales - ENAC -, la Red de Industriales y Emprendedores Laudatistas - RIEL - y productores frutihortícolas montaron contra las rejas del Congreso un minimercado. Así mostraron la producción cooperativa que no llega a las góndolas. Leche de la empresa recuperada El Amanecer a 33 pesos (7 pesos menos que la única marca que quedó en las grandes cadenas), quesos de Séptimo Varón (también autogestionada), yerba Orenbaé, fideos de marcas varias (a 17 pesos, diez menos que el promedio), arroz, tomate envasado Orper, chocolates de la recuperada Arrufat, aceite y vinagre de la cooperativa Zanoni. El puesto de verduras estuvo a cargo del Movimiento de Trabajadores y Excluidos, rama rural.
“Todos sabemos que detrás de la multiplicidad de marcas, colores y slogans, se esconden una o dos empresas en cada rubro que controlan el mercado y mantienen los precios altos”, señaló por su parte Grabois. “Hay una decisión política de (Mauricio) Macri de beneficiar a los monopolios: los monopolios en la comercialización, en la producción, la importación indiscriminada de alimentos y la exportación de productos primarios que produce nuestro país”.
Los integrantes de las cooperativas contaron cómo en el proceso de producción se generan puestos de trabajo que emplean mano de obra intensiva. Soledad Gamboa (Frente Darío Santillán) detalló que con sus compañeros tienen un emprendimiento de venta de artículos de limpieza, en La Boca. Aunque sólo fraccionan los productos, antes hacen una tarea de reciclado, buscando envases vacíos que limpian para su reutilización. Otro grupo recicla botellas para fabricar vasos.
José Jiménez, del MTE Rural, señaló que los precios de sus verduras son bajos porque no hay cadena de intermediación aunque justamente ese es su punto débil: “tenemos sobreproducción, y el problema es cómo llegar a los consumidores”. Participó de la actividad una cooperativa de distribución, Mercado de Consumo Popular (Mecopo). “El proyecto es importante porque el crecimiento de la economía popular está vinculado al poder de venta”, consideró Eva Verde.
Si bien varios legisladores comprometieron su apoyo, el proyecto fue ingresado por referentes de Patria Grande por la mesa de entradas, a la manera de una iniciativa ciudadana. En la calle repartieron volantes explicando los principales puntos de la propuesta.
Para Rafael Klejzer, del Movimiento La Dignidad, “el proceso de concentración de las empresas productoras de alimentos comenzó en los 90, con el menemismo. En nuestras ciudades ahora tenemos un hipermercado cada diez cuadras, cuando en otros países sólo se los deja instalar en las afueras, para proteger el mercado interno. Lo que generó esa política fue que la red de almacenes no existiera más, dando paso a una superconcentración de tres o cuatro cadenas, la mayoría transnacionales. Para ellas el negocio no es la venta de alimentos, sino el financiamiento, y el pago a los productores a 60 o 90 días de recibida la mercadería. Eso fue generando un achicamiento de la producción nacional de alimentos, perjudicó a las economías regionales. Con esta ley lo que intentamos es desandar ese camino: desmonopolizar y al mismo tiempo fomentar la producción local”.
La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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